Entender cómo se ha desarrollado la violencia en México nos tiene que llevar más allá de titulares amarillistas y el morbo a la violencia. La crisis y la violencia del crimen organizado no son simplemente conflictos entre el Estado y los cárteles, se trata de un conflicto en el que se entrelazan intereses políticos y económicos. Desde la explotación de jóvenes precarizados por parte de organizaciones criminales, el lavado de dinero en el sistema financiero mundial, hasta los grandes conflictos geopolíticos en los que los carteles juegan un papel, el país enfrenta una violencia estructural que beneficia a la burguesía mexicana. Mientras las discusiones superficiales se centran en temas como el consumo de drogas y la narcocultura, las verdaderas raíces del problema seguirán sin ser abordadas, dejando a la clase trabajadora mexicana como principal víctima de una guerra entre clases.

Escrito por Alternativa Socialista, Proyecto por una Internacional Marxista Revolucionaria en México.

El colectivo Guerreros Buscadores, un grupo de búsqueda de personas desaparecidas víctimas del crimen organizado en México, ingresó el 5 de marzo al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. En el lugar donde la Guardia Nacional previamente había realizado un operativo en contra de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación se encontraron más de 1300 objetos personales, entre ropa, mochilas, maletas, y cerca de 200 pares de zapatos. Además de 3 hornos de cremación y restos óseos. El asunto es más complicado de lo que parece, cabe señalar que según reportajes e investigaciones posteriores a los descubrimientos del 5 de Marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tenía conocimiento de las actividades criminales en Teuchitlán. Pero las autoridades del Ministerio Público local y la Fiscalía Federal se hicieron de la vista gorda acerca de lo que ocurría en el Rancho Izaguirre, obstaculizando cualquier acción contundente para proteger a los cárteles que operaban en la localidad. Así como personajes clave de la política local cuyos intereses recaen en la complicidad y el encubrimiento de lo que ocurre en Jalisco. Formando un círculo vicioso entre la violencia que ocurre en las calles y afecta principalmente a la clase trabajadora, y la impunidad que permea en todas las estructuras de políticas y de seguridad que deberían evitar que esta clase de sucesos ocurran. Ahora en julio, en el ejido Las Agujas también se descubrió otra mega fosa común con los restos de al menos 200 personas. Estos son enormes campos de desapariciones forzadas, y tal parece que no son los únicos.

El amarillismo y golpeteo político no se ha dejado esperar. La derecha mexicana, envalentonada por la designación de Donald Trump de los cárteles como organizaciones terroristas y con aspiraciones a una intervención americana en territorio mexicano, han responsabilizado directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum por la crisis de seguridad. Mientras tanto, la discusión de lo ocurrido se ha centrado mas en llamados a acciones individuales como dejar de escuchar narcocorridos o reducir el consumo de marihuana, hasta llegar a las tecnicidades de lo que constituye un exterminio sistemático y la raiz etimológica de la palabra holocausto. Ejemplo de ello ha sido el papel de personajes como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien ofusco la discusión al reducirla a un debate semántico sobre si estos campos de desapariciones clasifican sí o no como ‘campos de exterminio’, desviando la atención de los hechos concretos y del contexto estructural que permite la existencia de estos sitios de horror. 

Esta narrativa de una crisis de seguridad en México desenfrenada solo alimenta las aspiraciones golpistas de la derecha nacional e internacional que ahora intenta desesperadamente no perder los privilegios que gozaban. La exageración del caos y la minimización de los avances en materia de seguridad solo buscan justificar la desestabilización del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La designación del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien había sugerido invadir México para acabar con el narco, así como su recepción y los constantes llamados a apoyar una invasión de EEUU por parte de sectores de la derecha mexicana, y las políticas de seguridad externa hacia México de Donald Trump apuntan todas en esa dirección. A querer arrastrar el conflicto político en el que han sido derrotados en las urnas y la opinión pública al terreno de la violencia más abierta. Los asesinatos de Ximena y José en Ciudad de México son un claro ejemplo de esto: la derecha mexicana sueña con poder retomar el control político en defensa de los intereses capitalistas a través de la violencia política abierta.

Si bien es cierto que la violencia que azota el país no es nueva, pues desde los años noventa esta viene en ascenso con los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y que se catapultó con la imposición de Felipe Calderón y su Guerra al Narcotráfico, es importante reconocer que los homicidios dolosos atribuidos al crimen organizado se encuentran claramente en una tendencia descendente. Este es un dato medido y corroborado por entidades internacionales como el Crisis Group, no solo por grupos nacionales. Y que los conflictos territoriales actuales entre carteles distan mucho de la estrategia de caos y terror amplio de comienzos de la Guerra contra el Narcotráfico en el 2006. Si bien cada desaparición es dolorosa, y ningún atentado debe pasar desapercibido, debemos reconocer que la disminución de los homicidios es un hecho así como el registro de las desapariciones. Aunque no es suficiente. 

Pero a pesar de lo que algunas voces que individualizan y moralizan el problema intentan hacer con sus llamados a dejar de escuchar narcocorridos (aunque algunos de estos sí sean una fuente de lavado de dinero y de imagen para los carteles), en la raíz del problema de la crisis de violencia hay una cuestión estructural que va más allá de las decisiones individuales. México es el país vecino del mercado de drogas y armas más grande del planeta, estudios de la UNAM estimaron que los ingresos brutos anuales del crimen organizado en México fueron de cerca de 33 mil millones de dólares en 2018. Dinero que no se transportan en maletines y que no pueden solo quedarse bajo las almohadas de los grandes capos de los carteles como tampoco se transportan toneladas de droga sin un sistema logístico que incluye transporte terrestre, marítimo, aéreo así como aduanas y distribuidores. Como ha señalado correctamente la presidenta Claudia Sheimbaun, el problema del tráfico de drogas no solo corresponde a México sino también a Estados Unidos donde miles encuentran en la venta de drogas y armas un modo de vida. 

Pero además, donde el sistema financiero más poderoso del mundo es cómplice en el trasvase de millones de dólares de manera absolutamente legal y sin que perturbe al sistema en su conjunto. ¿Cómo se pueden transferir millones de dólares sin que genere la mínima sospecha ni el mínimo interés para investigar sus orígenes? Los ingresos del mercado de las drogas son administrados por algunas de las instituciones bancarias más grandes del planeta. No solo CIBanco, Intercam y Vector, es difícil pensar que grandes instituciones como Citibank y Banamex no cuenten con la inteligencia para reconocer las operaciones multimillonarias de los grandes capos del crimen organizado. De hecho en 2012, HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, fue uno denunciado y multado por lavado de dinero en Estados Unidos. Esto es solo una pequeña muestra de la complicidad del sistema con los negocios del narcotradico.

Y ahora Estados Unidos se encuentra en una batalla entre farmacéuticas que intentan mantener el monopolio del mercado de opioides y farmacéuticas chinas que suministran los precursores para satisfacer la demanda de opioides en Estados Unidos. Lo lamentable de la situación en México es que entre los mayores perdedores en este contexto se encuentran las personas más precarizadas del país, quienes ya hemos pagado con 350 mil asesinados desde el inicio de la Guerra contra el Narco el precio de vivir en la supercarretera de las drogas. Haciéndola oficialmente el conflicto no interestatal más sangriento del mundo actual. 

Los carteles operan como redes fragmentadas de células locales con distintos grados de autonomía bajo “la marca” de grandes carteles. La imagen de estructuras criminales monolíticas responde más a una construcción mediática y política que a la realidad de cómo operan los carteles en el país. Esta fragmentación no sólo moldea la manera en que operan los cárteles a nivel local, sino también las respuestas del Estado mexicano y estadounidense, que lejos de tener nobles intenciones obedecen a sus propios intereses políticos y económicos. Esto explica por qué la llamada Guerra contra el Narco no es una simple guerra contra el crimen, sino un mecanismo de control social y político que perpetúa la violencia del Estado en beneficio de la burguesía. Desde el 2006, la Guerra contra el Narco del entonces presidente Felipe Calderon ha servido como herramienta para aterrorizar a la sociedad y mantener a los campesinos y trabajadores en México en un permanente estado de sitio. Casos como la ejecución extrajudicial de 157 personas en Nuevo Laredo desde 2018, la Masacre de Apatzingán en 2015, la arbitrariedad con la que se reprimen o dejan operar a ciertos carteles en estados como Chiapas o Zacatecas, donde los cárteles amenazan constantemente a las localidades donde operan a favor de los intereses de la burguesía. O la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, con la complicidad de elementos del Ejército y la Policía local y estatal, |deja claro que no podemos solo buscar bandos en esta crisis y señalar a “los buenos” y “los malos”, si no que tenemos que entender quiénes se benefician y a quiénes perjudica esta crisis de seguridad, no como una peculiaridad del Estado mexicano, sino otra expresión más de violencia de clase del sistema capitalista. 

Además, es claro que en toda esta mezcolanza de violencia, EUA no juega el rol de policía del mundo. Hechos como que los carteles colombianos y mexicanos hayan sido originalmente estructurados para desviar dinero a Irán y armas a la Contra nicaragüenses, en el conflicto con el FMLN, por parte de la CIA, o el que elementos del Cartel de los Zetas hayan tenido adiestramiento en operaciones especiales en la Escuela de las Américas para luchar contra el Ejército Zapatista, dejan claro los intereses de clases detrás de la llamada Guerra al Narcotráfico. En todo ello es evidente el papel que juega el Estado norteamericano en la crisis de violencia y sus intereses geopolíticos. Por la frontera estadounidense, desde el país del norte a México cruzan ilegalmente entre 135 y 200 mil armas anualmente, (según una investigación de SinEmbargo). Desde el inicio de la invasión rusa, anualmente llegan más armas de manufactura estadounidense a México que a Ucrania.

De ahí la complejidad de desvelar y comprender cómo opera y se perpetúa el crimen organizado en México. Cortar cabezas al pormayor no nos dejaría sin más que ríos de sangre en las calles, un saldo de miles de muertos y cientos de comunidades en ruinas si no se atienden las condiciones objetivas que hacen reales y rentables los horribles actos de violencia en contra de la sociedad mexicana. Hablar de la guerra contra las drogas y la crisis de seguridad es hablar de múltiples crisis: la crisis de opioides fomentada por las farmacéuticas que en su afán de lucro distribuyeron analgesicos opiacios sin ningún control, la crisis de salud mental que afecta a millones de trabajadores jóvenes que miran en las drogas una salida fácil a su desesperación, la crisis económica por la atraviesan cientos de familias en  las que miles de trabajadores se ven forzados a extenuantes horas de trabajo en las que las drogas pueden ser un alivio o refuerzo para atenuar el cansancio y la explotación, y un largo etcétera. 

Si queremos disminuir el número de crímenes dolosos perpetrados por el crimen organizado todas estas crisis tienen que ser atendidas. Además de la regularización del consumo recreativo de drogas, además, es necesario un cambio radical en la calidad de vida de la clase trabajadora y campesina del país, que son los sectores y comunidades que engrosan las filas del crimen organizado y quienes son carne de cañón para estas organizaciones y el gobierno, cuyos cuerpos llenan las listas de homicidios y desaparecidos de nuestro país. No se trata solamente de la mejora de los salarios deprimidos durante décadas, sino también de la mejora de las viviendas y los barrios de las familias trabajadoras, de la reducción de las horas de trabajo y el aumento de los días de descanso, de la construcción de parques, deportivos y otros centros recreativos en todas las colonias populares del país, de la atención integral de las adiciones como un problema de salud pública y con ello de hacer realidad el derecho universal y gratuito a la salud física y mental. Se trata de una lucha contra el sistema capitalista en su conjunto, y no se puede dar de manera aislada en un solo país, es necesario, a su vez, la lucha internacional organizada de la clase trabajadora, que pueda hacer frente de manera local al imperialismo estadounidense, a los monopolios farmacéuticos y su clase política, que se beneficia de la criminalización de los pueblos más precarizados.

La historia reciente de México está plagada de actos que nos duelen al conjunto de trabajadores y oprimidos, por ello debemos convertir el dolor en fuerza para golpear al sistema que causa millones de víctimas del crimen organizado, dentro y fuera de nuestras fronteras. Solo la fuerza de la clase trabajadora organizada que atienda las condiciones objetivas que pusieron a nuestro país en bandeja de plata en manos de las personas más despiadadas de nuestra sociedad puede hacerle frente a esto, derrotando al sistema de raíz.