El pasado domingo 2 de agosto se llevó a cabo la supuesta “recuperación” de las instalaciones de Canal 11. Entre empujones, gritos y violencia, se desalojó a las y los estudiantes que mantenían la toma de las instalaciones del canal en demanda de mejoras de las condiciones de estudio en el Instituto Politécnico Nacional. Alrededor de 200 personas —integradas por personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), directivos del canal y un grupo no identificado— cercaron el lugar para expulsar a la comunidad manifestante, acusando a los estudiantes de supuestos daños en el acervo del canal con la amenaza de levantar actas penales por daños en las instalaciones del canal. 

Escrito por Juventudes Socialistas, Alternativa Socialista (PIMR en México).

Frente a la narrativa oficial y de los medios, que han intentado calificar el operativo como “pacífico”, los estudiantes rechazan rotundamente esta versión. Relatan que el grupo de choque irrumpió coreando el lema “queremos trabajar” mientras rompían cadenas con barras de metal y derribaban rejas. Asimismo, a través de redes sociales, las y los estudiantes dentro del inmueble denunciaron que ni siquiera se les permitió retirar sus pertenencias personales. Cabe recordar que, días antes, las cuentas de la comunidad estudiantil ENCB.shitposting e IPN.General habían alertado sobre el corte deliberado del suministro eléctrico en el plantel.

¿Qué originó la protesta?

Más allá del desalojo, es necesario preguntarse: ¿qué demandaba la comunidad del IPN y qué orilló a la toma de Canal 11? Las peticiones generales giran en torno a la transparencia presupuestaria y salarial de la Dirección General del IPN, la falta de insumos básicos en los laboratorios, la carencia de convenios para prácticas profesionales, la exigencia de una mayor calidad educativa y el mantenimiento integral de los planteles. Se trata de demandas legítimas e indispensables para una formación académica adecuada.

Como en todo proceso social, este conflicto no surgió de la noche a la mañana. Fue el acumulado de problemáticas desatendidas sistemáticamente por las autoridades hasta que la situación se volvió insostenible. Ante la simulación de diálogo por parte del Instituto —a través de mesas de trabajo sin compromisos reales—, la comunidad exigió respuestas claras. La falta de acuerdos derivó en el distanciamiento con el personal administrativo y el posterior atrincheramiento en las instalaciones del medio politécnico.

El aislamiento como riesgo 

Lo ocurrido en esta jornada no es un hecho aislado. La historia demuestra que cuando las luchas estudiantiles se aíslan del contexto social general se vuelven vulnerables a la represión, como sucedió en el paro de 2025 en la BUAP. Un riesgo que las autoridades fomentan, creando desconfianza, para dividir y evitar que las demandas de los estudiantes lleguen a generar simpatías entre diversos sectores. Ejemplo de ello fue el paro del IPN en 2014, cuando la entonces directora del Instituto Yoloxochitl Bustamante denunció que el paro del Politécnico era causado por gente externa al instituto. Lo que provocó la desconfianza del movimiento con quienes eran sus aliados naturales, los estudiantes de la UAM y la UNAM que se solidarizaron con ellos. 

El ejemplo anterior, es una muestra clara de la política que las y los estudiantes debemos dar contra el aislamiento de nuestras luchas. En última instancia, nuestras demandas se resolverán por la capacidad que desarrollemos para agrupar y movilizar alrededor de nuestras demandas, lo que requiere acciones que permitan ampliar nuestra capacidad de movilización mediante la explicación y convencimiento de otros sectores de estudiantes, trabajadores y profesores de nuestras exigencias.  

El movimiento del IPN demostró que existe una resistencia viva dentro de las nuevas generaciones, dispuesta a luchar por la mejora de nuestras condiciones de estudio. Sin embargo, aún existen pequeños problemas la hora de organizar el movimiento estudiantil que conducen al aislamiento. Es fundamental recordar que la lucha estudiantil está ligada orgánicamente a la clase trabajadora: la mayoría de los estudiantes proviene de hogares proletarios y comparte el mismo sistema de explotación y opresión. Por ello, debemos asimilar la experiencia de lucha de nuestra clase, dando una batalla por ganar a más estudiantes, a trabajadores y profesores a nuestra lucha. 

La fabricación de la narrativa del “daños al acervo”

Paralelamente, se ha desplegado una campaña mediática que busca estigmatizar al estudiantado tildándolo de “vándalo”, valiéndose de presuntos daños al patrimonio. Esta estrategia busca deslegitimar la protesta y fabricar culpables. Desde el día antes de la toma de las instalaciones del canal, diversos colaboradores de este medio mostraron ‘preocupación’ por la situación del acervo sin mencionar ni una palabra sobre las demandas de quienes habían ocupado las instalaciones. 

Durante las visitas y recorridos que realizamos los compañeros directamente en el sitio, fue constatado que las instalaciones y los equipos estaban resguardados y tratados con respeto. El estudiantado, consciente del riesgo de infiltraciones o acusaciones, previno este tipo de situaciones. No obstante, la cobertura mediática afín a las autoridades del instituto intenta construir un montaje, responsabilizando a los estudiantes de los daños en el acervo del canal. Esta situación resulta de gravedad particular dado que el IPN no es una institución autónoma, sino dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De proceder denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), los jóvenes que exigían condiciones dignas de estudio podrían enfrentar consecuencias penales graves. 

Pero son las autoridades del IPN, en particular el Director General Arturo Reyes Sandoval, las responsables intelectuales y materiales del daño del acervo con la intención de justificar la recuperación de las instalaciones del canal sin resolver las demandas de las y los estudiantes. Basta recordar que Reyes Sandoval, se enfrenta a denuncias por corrupción hechas por Fundación Politécnico por lo que es investigado por la Fiscalía General de la República. 

Conclusiones y tareas pendientes

Aunque en un inicio se contempló la retoma de las instalaciones por parte del estudiantado, el escenario actual exige un cambio de estrategia. Hoy la prioridad debe centrarse en la difusión de las razones del movimiento, la búsqueda de redes de apoyo y el fortalecimiento de los lazos entre universidades, apelando a diversas formas de protesta social que permitan reorganizar la movilización estudiantil. Además, la movilización debe conectar sus demandas con las de otros estudiantes fuera del IPN y asumir con claridad su origen de clase, vinculando sus demandas internas con las problemáticas sociales del entorno.

Si bien el desalojo representa un duro revés, es el momento de reorganizarse, evaluar los aciertos y extraer conclusiones críticas. La memoria histórica nos servirá para no tropezar con la misma piedra. Por ahora, la tarea central es la formación continua para reconstruir las condiciones que nos permitan volver a las calles —y a los paros— con mayor cohesión y combatividad.