A principios de junio fuimos testigos de manifestaciones por la abrogación de la Ley ISSSTE del 2007 encabezadas por la CNTE. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió su derogación durante su campaña presidencial, la incertidumbre y el descontento pesa sobre miles de trabajadores cuyos derechos laborales son vulnerados bajo leyes de corte neoliberal que aún continúan vigentes.

Escrito por Alternativa Socialista, PIMR en México.

La Ley ISSSTE del 2007 fue una reforma al régimen de pensiones, prestaciones y basificación de los trabajadores del sector público emitida durante el gobierno de Felipe Calderón que sigue vigente. Si bien el estado del bienestar fue desmantelado a finales del siglo XX, esta ley constituyó una continuidad en las medidas gubernamentales para consolidar el neoliberalismo dentro del país. No se trató únicamente del remate de las empresas públicas al empresariado, sino también de la entrega de los derechos de la clase trabajadora a los intereses de particulares, vulnerando las condiciones laborales y el derecho a una vida digna de miles.

La reforma del 2007 no sólo reafirmó la imposibilidad de asegurar una jubilación digna, sino que a través de ella se implementó un aumento progresivo de la edad de retiro y se modificó la modalidad de las cuentas de ahorro de fondos colectivos a individuales, deslindando al Estado de responsabilidades sobre la riqueza generada por los trabajadores, pues quienes pasaron a tomar posesión de esta fueron las AFORES. Con la reforma, el fondo para el retiro pasó de ser uno colectivo a contenerse en cuentas individualizadas, en las que cada persona debe buscar asegurar sus ingresos para cuando deba cesar su vida laboral. No obstante, pese a que se asegura que las AFOREs no son aseguradoras ni tampoco bancos, no se niega que estas entidades puedan ser propietarias de ellas. Ni que los recursos de estas puedan ser usados para esquemas de financiamiento, inversión y especulación con los recursos de las y los trabajadores. 

Las consecuencias de la reforma del 2007 comienzan a resentirse, pues la edad para el retiro ha aumentado y más allá de esta, existe la necesidad de continuar laborando en edades avanzadas, puesto que el fondo no es suficiente para que los trabajadores puedan sostenerse en condiciones de vida digna. Por otra parte, la falta de movilidad social en el campo laboral también ha trabado la entrada de otros sectores de la población a puestos de trabajo que son por sí mismos precarios, y en los cuales es frecuente que existan modalidades de subcontratación que deslindan a las instituciones financiar la seguridad social de sus trabajadores. Cabe destacar que las modificaciones a la Ley ISSSTE no son un caso aislado, lo mismo aconteció con la Ley de 1997 al IMSS, al cual responden los trabajadores del sector privado. 

Los trabajadores de la educación han encabezado las manifestaciones y la lucha por la derogación de dicha reforma, pronunciándose por los empleados del sector público que también se verán afectados por las implicaciones del sistema de pensiones. Entre los argumentos sostenidos por los maestros, se destacan las condiciones del proceso de retiro y el bajo ingreso que se recibirá a raíz de la precarización del salario y las prestaciones percibidas aún como trabajadores del Estado. 

La presión ha sido continua, pues incluso la presidenta Sheinbaum se comprometió durante su campaña a la presidencia de México a aumentar los salarios de los maestros de instituciones públicas y trabajar sobre alternativas para la derogación de la Ley ISSSTE del 2007. No obstante, la espera de los maestros, en su mayoría agrupados bajo la CNTE, se ha prolongado, pues la respuesta del gobierno federal frente a las demandas del colectivo docente contradice las promesas de campaña argumentando que es imposible legal y financieramente para el Estado cumplir con la petición y la promesa de campaña.

Por una parte, el gobierno federal argumenta que absorber el gasto de pensiones resulta imposible dentro del presupuesto estatal y, por otra, el hecho de que los fondos se encuentren en cuentas particulares impide que el Estado mexicano tome posesión de ellos para un fondo común, el esquema solidario como solía ser con anterioridad. Por ende, se ha generado una desconfianza frente a la administración actual, pues si de antemano se sabía que la derogación era imposible ¿por qué prometer que se anularía?

La respuesta a las manifestaciones y negociaciones no ha sido la adecuada. Desde posponer las reuniones por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, hasta amedrentar y reprimir las movilizaciones de los maestros en lucha. Y criminalizarlos, acusándolos de mil descalificaciones, igual que hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los actos de intimidación del gobierno de Sheinbaum suponen una verdadera crisis de credibilidad para los sectores de trabajadores que impulsaron el crecimiento de MORENA desde las bases. Situación que también está siendo aprovechado por sus detractores que buscan ganar adeptos de cara al 2030, aún si se trata en su mayoría de oportunistas sin ningún tipo de interés genuino por el bienestar de la clase trabajadora del país -como es el caso de Salinas Pliego-.

Por el momento, el gobierno federal ha intentado convencer a los manifestantes de otras posibles soluciones al conflicto, como el fortalecimiento del PENSIONISSSTE, única AFORE de carácter gubernamental. Sin embargo, conviene pensar en la lucha de la CNTE y el personal docente como un movimiento con un reclamo que va más allá de la afección de un sector productivo en particular. La promoción de las AFOREs y la particularización de la problemática impide ver una crisis generalizada en la precarización de las condiciones laborales y sus consecuencias a futuro. Y al mismo tiempo el enriquecimiento de los tenedores de las AFORES, como el propio Salinas Pliego por medio de AFORE Azteca.

Desde Alternativa Socialista estamos convencidos de que los derechos de los trabajadores deben ser respetados y garantizadas las condiciones justas para gozar de una vida digna en cualquier etapa en la que se encuentren. Por ende, instamos a toda la clase obrera a señalar y denunciar aquellos aparatos “legales” que vulneran y garantizan que el sistema de explotación capitalista permanezca cobrando nuestro tiempo y nuestras vidas. Así como exigir y luchar por el cumplimiento de nuestras demandas colectivas, en particular cuando estas son reivindicadas en campañas electorales para pedir nuestro voto.