La 4T ha tenido que luchar contra un sangriento legado forjado por décadas de descomposición de los cuerpos de seguridad, especialmente de sus medios y altos mandos. Si bien AMLO dio un paso al frente eliminando la Policía Federal creada por Calderón y Genaro Luna, eso no fue suficiente. Pues ni las diferentes corporaciones policiales ni el ejército, así como las fiscalías, fueron purgadas de elementos corruptos, sumándose a ello un aparato judicial plagado de jueces y ministros al servicio de los capos de la droga.

Escrito por Alternativa Socialista, Proyecto por una Internacional Marxista Revolucionaria en México. 

Las dos últimas décadas del siglo pasado marcaron la consolidación en México de las bandas de narcotráfico, todo ello al amparo y con la complicidad de los gobiernos del PRI, destacándose en ello las administraciones de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Con el PAN en el gobierno, tras el triunfo electoral de Fox en 2000, se mantuvo intacto dicho concubinato, destacándose el caso de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Con Peña Nieto en los fundamental las cosas continuaron igual. A lo largo de todos esos años, México se tiñó de rojo debido a una violencia cada vez más encarnizada, misma que llenó de terror y sufrimiento a la clase trabajadora junto al campesinado pobre.

Además de otros objetivos, también contra ese sangriento legado nos movilizamos millones de mexicanos en las urnas en 2018 y 2024. Con la 4T en el poder, primero con AMLO y después con Claudia Sheinbaum, el combate al narcotráfico se orientó, entre otras medidas, a través de la lucha por cercenar el vínculo entre este y los cuerpos de seguridad, incluido el ejército. Sin embargo, si bien sí es posible medir resultados que marcan diferencia respecto al actuar del Estado frente a dicho flagelo durante los gobiernos del PRI y del PAN, los resultados aún están lejos de ser los deseados.

Sin embargo, otro problema de fondo que ha funcionado en contrasentido a los planes de la 4T en su combate contra el narco, ha sido la política de puertas abiertas para personajes formados durante todos esos años en las filas del priismo y del panismo. Es decir de individuos que no tienen ninguna convicción política con la 4T, sino que se han acercado a esta para seguir beneficiándose de los cargos públicos. Siendo este el caso, por ejemplo, de SEGALMEX en 2019-2020, bajo la dirección del expriista Ignacio Ovalle, quien trabajara para Salinas De Gortaria al frente de la CONASUPO. Nuevamente esa contradicción queda de manifiesto con el caso del senador por Morena, Adán Augusto López, quien como gobernador de Tabasco (2019-2021), nombró a Hernán Bermúdez Requena al frente de seguridad pública de esa entidad. 

Adán Augusto, militante del PRI hasta 2003, y Bermúdez Requena se conocieron cuando ambos trabajaron para el corrupto Roberto Madrazo, entonces gobernador de Tabasco (1995-1997). El primero como subsecretario de Gobierno, y el segundo como Director del Penal estatal. Hoy ambos protagonizan lo que podría ser considerado el mayor escándalo de corrupción en toda la historia de la 4T, dado que ha quedado al descubierto no sólo los vínculos del Bermúdez Requena con el crimen organizado, sino además su papel como fundador y cabecilla de “La barredora”. Bermúdez Requena al mismo tiempo que era responsable de seguridad pública, encabezaba un sangriento cartel criminal.  

“La barredora”, aliada al CJNG, no sólo trafica drogas y roba gasolina a PEMEX en cantidades industriales, sino que, además ha sometido a una atmosfera de terror a Tabasco y a otras entidades a través del asesinato, el robo, las extorciones, los secuestros y las desapariciones forzadas. Al igual que Calderón con el caso de García Luna, Adán Augusto se dice ignorante de las acciones criminales de su secretario de Seguridad Pública. En su momento el argumento de Calderón fue reiteradamente rechazado de forma correcta por AMLO. Y pensamos que esa posición también es válida para el senador morenista, mismo que tendría que ser desaforado y sometido a investigación para que, en caso de ser comprobada alguna responsabilidad criminal, se le aplique la ley. 

En estos momentos Bermúdez Recana, sobre quien pesan órdenes de aprensión, se encuentra prófugo pues en enero pasado huyó de México. Pero en lo que se refiere a Adán Augusto, por el contrario, la fracción parlamentaria de Morena ya ha salido en defensa de su coordinador, exculpandolo de toda responsabilidad sobre los actos criminales de su secretario de Seguridad Pública.  Lamentablemente esta no es la primera vez que en la que el aparato parlamentario de Morena es utilizado para encubrir conductas criminales. En marzo pasado el diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa, fue encubierto por el grupo parlamentario de Morena al rechazar el dictaminen para la eliminación del fuero político para el exgobernador de Morelos. 

Tanto Adán Augusto como Cuauhtémoc tienen que ser desaforados, expulsado de Morena y sometidos a la justicia. Se trata de actos abominables que no pueden ser tolerados por la 4T. Luisa Alcalde, presidenta de Morena, refiéranse al caso de Adám Augusto, señaló que ellos “jamás encubrirán a nadie…”. Si eso en realidad es así, la primera directriz de la dirección del partido tendría que ser la de separar de sus cargos a ambos parlamentarios para facilitar las investigaciones y la aplicación de la justicia. 

La masiva base de apoyo de simpatizantes y militantes de la 4T y Morena, debe hacer sentir su peso y reclamar enérgicamente una política consecuente con los principios de “No mentir, no robar, no traicionar…”. La cual pasa también por purgar al movimiento de elementos corruptos y advenedizos provenientes del PAN, del PRI y de cualquier otra filiación política contraria al postulado de “Primero los pobres”.