A principios de julio, en el Congreso de Coahuila se presentó una reforma al código electoral que entre varios puntos promete garantizar la participación de personas en situación de vulnerabilidad. Pero detrás del lenguaje incluyente, la iniciativa legaliza un retroceso: permite a los partidos manipular las cuotas para excluir a los sectores más marginalizados pero también a los mejor organizados y más combativos, forzándolos a competir entre sí. Esta maniobra refuerza el control del régimen sobre la representación política y busca evitar que la lucha de sectores de oprimidos y marginalizados que buscan transformar el sistema irrumpa en la política del estado.

Escrito por Rosa, Proyecto por una Internacional Revolucionaria Marxista

Esta reforma electoral, presentada por la priista Luz Elena Morales, en apariencia, parece una mejora en la representación política de las personas en condición de vulnerabilidad. En su exposición de motivos, se justifica la propuesta como un paso para garantizar que personas que enfrenten “especiales dificultades”, ya sea por edad, discapacidad, género, orientación sexual, pobreza, migración, entre otras, tengan asegurado un lugar en las candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional. Para ello, se propone que los partidos postulen al menos una fórmula en un distrito y una en los tres primeros lugares de sus listas proporcionales. A primera vista, esta redacción parece avanzar en la inclusión y la pluralidad democrática.

Sin embargo, el sesgo de clase y el oportunismo de los partidos del régimen en el estado se hacen evidentes en dos aspectos centrales. Primero, al definir la “vulnerabilidad” de manera extremadamente amplia y ambigua, equiparan situaciones sociales estructuralmente diferentes, como ser joven o adulto mayor, con opresiones históricas que requieren atención especial y una acción afirmativa específica, como la de las mujeres, personas de pueblos originarios, personas LGBTQ+ o con discapacidad. Esto abre la puerta a que se sustituyan cuotas destinadas a sectores organizados y excluidos por perfiles simbólicos que no representen un cambio para la política partidista del estado. Segundo, al impedir que el Instituto Electoral emita lineamientos propios, se le arrebata a este organismo su capacidad de diferenciar, fiscalizar y garantizar que cada grupo tenga representación efectiva. Así, bajo el discurso de la igualdad, esta reforma representa un retroceso en la participación, debilitando la organización de los sectores oprimidos al forzarlos a competir entre sí en el marco de una reforma que reproduce plenamente las desigualdades estructurales que en el discurso dice combatir.

La reforma está planteada de esta manera porque responde a un cálculo político de los partidos del régimen (PRI, PAN, PRD y UDC) que buscan conservar su control sobre las estructuras de representación sin abrir espacio real a sectores que cuestionen su hegemonía. En el contexto de una creciente presión social por cambios estructurales, representación diversa y por mecanismos de acción afirmativa más efectivos, la clase política opta por una fórmula que simula atender estas demandas, pero las neutraliza en el fondo. Al ampliar la definición de “vulnerabilidad” e impedir que el Instituto Electoral imponga lineamientos específicos, los partidos se reservan el derecho de definir a quién consideran “representativo” de entre sus mismas filas (que serán, al final, personas que repliquen sus políticas partidarias), colocándose en posición de cumplir formalmente con la ley sin ceder poder político real a ningún grupo subrepresentado. Se protege así la lógica clientelar y cupular con candidaturas simbólicas o dóciles, mientras se bloquea la irrupción de expresiones autónomas de mujeres organizadas, personas de la comunidad LGBT+ combativas o actores políticos con base en luchas sociales.

Esta reforma actúa como un mecanismo de contención frente a la creciente politización de comunidades históricamente marginadas que, al organizarse, comienzan a disputar no sólo espacios simbólicos, sino también posiciones desde donde desafiar el orden establecido. Al forzar a distintos grupos vulnerabilizados a competir por un único espacio, la ley desarticula sus demandas específicas, despolitiza sus luchas al reducirlas a una cuota genérica y limita su presencia a candidaturas manipulables por los partidos. De este modo, se impone un letargo institucional: se tolera la visibilidad, pero se niega la posibilidad de una intervención autónoma, crítica y disruptiva. La exigencia implícita del régimen es clara: pueden estar, siempre y cuando no alteren las reglas, no se organicen fuera del sistema y no amenacen los equilibrios de poder que sostienen a las élites partidarias. Se busca así convertir la presencia de estas comunidades en un gesto decorativo, tokenizado, vaciado de contenido político transformador.

La lucha contra esta reforma es históricamente relevante ya que solo al pasar de la lucha cultural y social a la disputa directa por el poder político pueden las comunidades de oprimidos transformar las condiciones estructurales que perpetúan su opresión. La lucha visibiliza identidades, denuncia agravios y construye comunidad, pero sin organización política con objetivos estratégicos, corre el riesgo de ser absorbida o neutralizada por el sistema. Cuando estos sectores irrumpen con una agenda propia en la esfera del poder, ya no como “representados” sino como representantes, rompen con el rol pasivo que el régimen les asigna y cuestionan directamente las relaciones de clase, de género y de control político que sostienen al orden capitalista. La historia muestra que los avances reales en derechos para las mayorías sólo han sido posibles cuando las luchas particulares se articulan con una estrategia colectiva por el poder, más allá del marco institucional, y construyendo alternativas desde abajo. En ese sentido, politizarse no es sólo participar en elecciones y manifestaciones, sino organizarse para disputar las posiciones de poder y las estructuras que las mantienen en pie para transformarlas de raíz.

La lucha por la “ampliación de los derechos democráticos” como un fin en sí mismo no significa nada para la clase trabajadora sin organización, dirección y lucha combativa. El reconocimiento formal de derechos, si no va acompañado de espacios para ejercerlos y defenderlos, termina siendo letra muerta o herramienta de cooptación. Y aunque conquistar reformas no significa que la sociedad vaya a ser transformada de la noche a la mañana, sí es un paso necesario en la construcción de la fuerza de la clase trabajadora y los oprimidos. Cada espacio ganado, cada retroceso impedido, fortalece la capacidad organizativa y política de quienes luchan por una transformación radical de la sociedad. Lo que está en juego es la necesidad de construir una organización política revolucionaria y combativa que articule las luchas de los sectores oprimidos en una estrategia común contra el régimen, y convertir la participación política en una amenaza real para los intereses del capitalismo y sus partidos.

La batalla contra esta reforma regresiva en Coahuila no debe limitarse a los tecnicismos del contenido de la reforma, sino entenderse como parte de una lucha más amplia por construir una fuerza política de las y los trabajadores, por abrir brechas en el sistema desde donde poder organizar alternativas políticas radicales. La lucha por una nueva sociedad no puede quedar reducida al plano social o cultural: también debe librarse en el campo político, enfrentando al Estado burgués y sus instrumentos de dominación. Como señaló Rosa Luxemburgo, nuestra aspiración debe ser la de conquistar “un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. Pero para acercarnos a esa posibilidad, necesitamos avanzar en cada terreno donde hoy los voceros del capitalismo amenazan con negarnos una vez más nuestra voz y representación.