El contundente resultado en favor de una nueva Constitución ha sido la más reciente expresión del movimiento que iniciara el 18 de octubre de 2019. El estallido social ha dejado ver que Chile estaba lejos de ser el paraíso neoliberal que la narrativa gubernamental intentó vender al mundo durante 47 años.

Escrito por Josafat Arrieta, Alternativa Socialista México

El pasado 25 de octubre en Chile se llevó a cabo el plebiscito que definió el futuro de la Constitución heredada por la dictadura militar. El contundente resultado en favor de una nueva Constitución ha sido la más reciente expresión del movimiento que iniciara el 18 de octubre de 2019. El estallido social ha dejado ver que Chile estaba lejos de ser el paraíso neoliberal que la narrativa gubernamental intentó vender al mundo durante 47 años. La nueva Constitución podría ser un paso importante hacia un Chile nuevo, pero esto sólo será posible sobre la base de una perspectiva de movilización y organización de masas por una ruptura con el pilar fundamental de la constitución pinochetista, el sistema capitalista.

¡Un mundo por ganar! 

“¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!” Las palabras que Patricio Manns dedicara a Bautista van Schouwen, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en los años 70, se convirtieron en el grito que recorrió Chile los últimos meses de 2019. Bajo él se cobijaron las grandes demandas de la clase trabajadora chilena: Sistemas educativos y de salud públicos y gratuitos, mejores condiciones laborales, respeto a los derechos de las naciones indígenas, un sistema de pensiones justo y, principalmente, una nueva constitución. 

El movimiento popular chileno formó parte de un ciclo de movilizaciones populares que sacudieron diferentes regiones del mundo, pero que tuvieron en Sudamérica un eco aún mayor. Durante esos meses fuimos testigos de cómo en Bolivia el pueblo se defendía de un golpe de Estado impulsado por la derecha criolla, la burguesía y las fuerzas armadas. Mientras que en Ecuador y Colombia también las y los trabajadores tomaron las calles junto a las naciones indígenas en la lucha por una vida digna. Dejando ver las grandes contradicciones y desigualdades presentes en la región. Abriendo un nuevo capítulo de la lucha de clases en América Latina.

El mito del éxito neoliberal

Chile durante años fue visto en la región como un caso de éxito del modelo económico neoliberal. Siendo el país con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto en la región, siempre fue usado por los defensores del neoliberalismo como su ejemplo a seguir. Sin embargo, tras los indicadores económicos positivos se escondía una dura verdad. A pesar de los números positivos, Chile era también uno de los países con una brecha de desigualdad más grande en la región. 

Los datos nos indican que en ese país el 1% más rico concentra el 26.5% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre apenas logra llegar al 2.1%. Un dato que se ha movido en favor de la clase dominante durante la crisis sanitaria del Covid-19, la cual ha agravado la frágil situación de la clase trabajadora chilena.

El neoliberalismo se impuso en el país sudamericano de la mano de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue este país el primer laboratorio donde los economistas de la Escuela de Chicago aplicarían sus propuestas. A través de la llamada “Doctrina de Shock” y las “Siete Modernizaciones”, impulsadas por los llamados “Chicago Boys”, se llevaría a cabo una primera etapa del neoliberalismo en Chile. La crisis de 1982 forzó un regreso momentáneo a las medidas keynesianas hasta 1985, cuando el Secretario de Hacienda Hernán Büchi llevaría a cabo una nueva serie de reformas que retomaban las propuestas de los Chicago Boys.

Las medidas neoliberales de estos dos periodos en Chile son en esencia muy similares a las aplicadas en el resto del mundo. Aunque es verdad que hay aspectos en donde la mano dura y del régimen militar favoreció para que se llevaran a cabo de manera más profunda. Entre ellas podemos destacar las siguientes:

• Privatización de todas las compañías estatales dejando la industria completamente en manos de la iniciativa privada. 
• Reducción del gasto público, especialmente en lo destinado al gasto social. 
• Privatización del sistema de pensiones, el cual quedó en manos de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP). 
• Reducción de la carga fiscal para favorecer y atraer a la iniciativa privada

Estas condiciones se mantendrían incluso después de la salida de Pinochet del poder en 1990, durante el llamado periodo de transición a la democracia -en el que Pinochet se mantendría como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas- y las dos primeras décadas del Siglo XXI.

A pesar de que desde 1990 Chile ha sido gobernado por cinco presidentes de cuatro partidos políticos diferentes, ninguno de ellos fue capaz de impulsar medidas económicas que contrarrestaran la herencia de la dictadura y favorecieran de manera sustancial a la clase trabajadora. Ni siquiera durante los dos periodos de Michelle Bachelet, quien fue considerada como parte del ciclo progresista en América Latina, se dieron avances concretos en los temas prioritarios para la sociedad de este país, mismos que se reflejan en las demandas de la “primavera chilena” de 2019.

Pero ¿cuáles son estos temas? Uno de los principales es el sistema educativo chileno, el cual es manejado por los principales gremios empresariales del país. De acuerdo con los datos presentados por la Universidad de Chile el 47% de las instituciones de educación básica y media son administradas por privados. Mientras que el 70% del financiamiento de la educación superior, incluidas las universidades públicas, provenía de manos privadas.  Sin embargo, lo anterior no se ha traducido en educación de calidad, pues el sistema educativo chileno es uno de los peor rankeados en Sudamérica y entre los países miembro de la OCDE. Paradójicamente es clasificado también como uno de los más caros del mundo. 

La falta de un sistema de educación público y gratuito ha derivado no sólo en un alto número de personas mayores a 20 años con escolaridad inconclusa, 4.7 millones en total -el 25.1% de la población del país-. Sino que también ha favorecido a que la segregación socioeconómica entre colegios sea muy evidente. Favoreciendo notablemente a los estudiantes pertenecientes a los estratos acomodados de la sociedad chilena.

A lo anterior se suman las exigencias por condiciones laborales dignas. Durante 2019, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el ingreso promedio mensual de un hogar chileno fue de $573,964 pesos chilenos (USD $846 aproximadamente). Sin embargo, de ese total, un estimado del 20.23%, es decir $116,130 pesos chilenos (USD $206.5 aproximadamente), era destinado al pago de servicios y de transporte público.

Así mismo, es necesario hacer énfasis en que la jornada laboral chilena, 45 horas semanales, era una de las más largas entre los países de la OCDE y de la región. Aunque si bien ya existe una iniciativa presentada por diputadas del Partido Comunista de Chile, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, esta se encuentra hoy congelada en espera de ser discutida y aprobada en el Senado. 

Por otro lado, se encuentra el sistema de pensiones, el cual desde tiempos de la dictadura se encuentra en manos de las AFP, un modelo muy parecido a lo que en México conocemos como AFORE. Estas son instituciones privadas que administran los ahorros que le son descontados a los trabajadores de su salario para poder financiar una pensión. 

2019: Chile despertó

Con las condiciones enlistadas anteriormente, el anuncio de un aumento de $30 pesos chilenos al precio del metro de Santiago sería lo que haría estallar la bomba de tiempo que se había formado en Chile. Lo que inició con un llamado de los estudiantes secundarios a no pagar el uso del metro de Santiago, se convertiría en una lucha de millones de chilenos y chilenas luchando por un futuro mejor, con la clase trabajadora organizada jugando un papel destacado. Poniendo en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, forzando incluso que el presidente llevara a cabo una renovación total de su gabinete unos meses después del inicio del movimiento popular.

El descontento popular inicial se vio alimentado a lo largo de las semanas siguientes al 18 de octubre por la dura respuesta del gobierno chileno ante las movilizaciones populares. El despliegue de carabineros para reprimir las protestas causó un total de 34 personas fallecidas, de acuerdo con cifras oficiales, y, acorde a los reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, 3,557 heridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. 

Además de la violencia policial, los múltiples reportes de violencia sexual ejercida por carabineros contra mujeres manifestantes causaron gran indignación y movilizaron a los colectivos feministas chilenos, movilización que coincidió con una nueva oleada verde se desarrollaba en la región. Igualmente, la ancestral lucha de las naciones originarias en defensa de la tierra y la vida, especialmente la del pueblo mapuche, fue puesta nuevamente bajo el ojo público, pues también fueron víctimas del incremento de la violencia policial y de las movilizaciones de la extrema derecha.

No son 30 pesos, son 30 años: la Constitución y el plebiscito

Las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre pronto adoptaron una nueva demanda que se sumaba a las grandes necesidades de la clase trabajadora chilena, una nueva Constitución que sustituyera la firmada en 1980 durante la dictadura militar.  El tema no era nuevo, desde 2009 el presidente Lagos había llevado a cabo una serie de reformas constitucionales que invitaban a pensar en la posibilidad de una renovación casi total de esta. Igualmente, en 2015, durante el segundo gobierno de Bachelet, bajo la presión de oleadas seguidas de lucha obrera y estudiantil, se comenzó a trabajar en una la idea de una nueva Constitución. Sin embargo, la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia en 2018 enterró cualquier posibilidad de que este esfuerzo fuera completado.

La idea de una nueva Constitución es relevante por dos aspectos. El primero es más de carácter simbólico, pues marca una ruptura definitiva con el periodo de la dictadura al enterrar una de las dos grandes herencias de esta que se mantienen vigentes hasta hoy en día. Pero también resulta relevante por los temas que podrían impulsarse en el contenido de esta, pues puede significar importantes conquistas inmediatas en beneficio de la clase trabajadora, tales como sistemas de educación y salud públicos y gratuitos.

La posibilidad de un proceso constituyente dividió al país en dos grandes grupos. La burguesía, grupos de ultraderecha y un sector importante de la clase media chilena se opusieron rotundamente a esta desde un inicio. La razón de esta oposición es bastante clara, estos sectores son los grandes beneficiados por el modelo económico y político chileno. Es en estos grupos en donde se concentra el mayor porcentaje de la riqueza del país y quienes menos resienten los efectos de la enorme brecha de desigualdad en el país sudamericano. Por lo que la idea de abandonar un modelo que consideran sinónimo de estabilidad y abundancia les parece impensable. 

Por otro lado, la clase trabajadora chilena, las naciones indígenas, organizaciones de izquierda y el sector menos favorecido de la clase media chilena han respaldado y defendido la necesidad de la renovación total de Chile. Naturalmente aquellos que han sido relegados y golpeados por los estragos del neoliberalismo, así como los sectores que aún llevan en su memoria y cuerpos las cicatrices de la dictadura buscan un nuevo Chile, en donde sus voces sean también escuchadas y se priorice la dignidad del ser humano sobre los beneficios económicos de un sector minoritario.

Las millones de personas que ocuparon las calles durante octubre y noviembre del año pasado orillaron a las fuerzas políticas a escuchar sus demandas. Por ello, ante el temor de una insurrección popular más fuerte, representantes de los partidos políticos del oficialismo y algunos partidos de la oposición suscribieron en noviembre el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. En él se acordó convocar a un plebiscito en abril del 2020 para definir el futuro de la constitución chilena y la naturaleza de la asamblea que redacte una nueva en caso de que gane esta opción. Sin embargo, la crisis sanitaria generada por el Covid 19 obligó a retrasar la votación hasta el 25 de octubre.

La aprobación del plebiscito, en conjunto con la pandemia y las medidas de distanciamiento social lograron que la gente regresara a sus casas y abandonara las calles de Chile. Pero esto no significó que muriera el espíritu de lucha del pueblo chileno. Al contrario, los efectos de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le acompaña han profundizado y hecho aún más evidentes las grandes contradicciones y la marcada desigualdad social. Esto se tradujo en un incremento del descontento popular y en un mayor respaldo a la idea de una nueva constitución, los cuales tuvieron su punto más visible el pasado 25 de octubre.

A pesar de la propaganda desplegada en favor del “rechazo” y la movilización de grupos de extrema derecha, el resultado fue abrumador en favor de la aprobación de una nueva Constitución. De manera oficial se registró un 78.27% de los votos en favor del “apruebo” en contraste con el 21.73% de los votos en favor del “rechazo”. Superando incluso por un margen del 7% los resultados de las encuestas más favorables al “apruebo”.

La otra cuestión que se definía en el plebiscito era el tipo de órgano que se encargaría de la redacción de esta nueva constitución. En este debate existían dos opciones, Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional. La primera estaría integrada por 155 delegados elegidos mediante el voto popular y repartidos de forma paritaria entre hombres y mujeres. Mientras que la segunda opción incluía a 172 delegados, 86 elegidos por el voto e igualmente repartidos de manera paritaria entre hombres y mujeres y 86 representantes del Congreso Nacional de Chile repartidos en proporción a la representación de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo.

Naturalmente la idea de una Convención constitucional tenía más respaldo entre los sectores populares y la izquierda chilena. Por el contrario, la Convención Mixta fue defendida por los sectores de derecha y por aquellos que se oponían a una nueva constitución, en un intento por limitar los avances que se podrían alcanzar en la nueva Constitución. 

Respecto a esta segunda votación los resultados favorecieron ampliamente a la Convención Constitucional. El conteo oficial arrojó que un 78,99% de los votos fueron en favor de la Constitucional, mientras que la Mixta alcanzó apenas un 21.01% de los votos. Algo que resultó sorprendente si consideramos que aún en los escenarios más favorables, la Convención Constitucional solamente sacaba un 30% de ventaja.

La victoria del apruebo y de la Convención Constitucional resulta importante por dos razones. La primera es que va a permitir un reacomodo de fuerzas políticas en Chile, dando la posibilidad a los sectores de la izquierda política para que den la vuelta a la situación actual y se posicionen como la mayoría dentro de la Convención. Igualmente, el que los delegados sean elegidos mediante el voto popular y sean repartidos de manera paritaria entre hombres y mujeres permite que sectores muy activos en la lucha social logren representación en este proceso. Una oportunidad muy valiosa para los sectores ambientalistas, feministas y las naciones originarias.

Chile, la luz que aviva la esperanza

Ahora bien, es importante señalar que aun cuando se redacte una nueva constitución mediante una Convención Constituyente, los cambios que se consigan en ella serán bastante moderados si la clase trabajadora no toma el control del proceso. Esto debido a que, a pesar de lo que la propaganda de la ultraderecha dice, los voceros principales del movimiento  por una nueva constitución en Chile no buscan romper de fondo con el modo de producción capitalista. En esencia lo que se plantea es llevar a cabo reformas que reduzcan las condiciones de desigualdad y permitan el acceso a una vida digna en Chile. 

Es verdad que esto representaría un avance, pero no una victoria final de la clase trabajadora. Sin embargo, sería ingenuo creer que incluso avances inmediatos como la salud y la educación pública pueden conseguirse sin la continuación de la lucha y la presión de los sectores populares. La derecha y la burguesía chilena intentarán detener cualquier avance de la clase trabajadora, por más moderado que este sea. Prueba de ello es el establecimiento del requisito de 2/3 para la aprobación de cualquier medida propuesta en la convención constitucional, por lo que los sectores conservadores pueden detener muchas de las medidas que pretendan profundizar un cambio en Chile. 

Por ello se hace necesario que la organización popular continúe forjándose en  las calles. Las movilizaciones populares deben ser una de las armas principales de la clase trabajadora para empujar lo más a la izquierda que se pueda el proceso. Igual de importante será el resultado de las discusiones que se den en las Asambleas Populares sobre las necesidades del pueblo chileno que deben reflejarse en la nueva constitución. Los candidatos para la convención constitucional deben surgir de la organización y movilización popular si se quiere impulsar un cambio hecho por y para las y los trabajadores.

El estallido que sacudió Chile forma parte de una nueva oleada de movimientos de la clase trabajadora en todo el mundo, los cuales dejan entrever una crisis de hegemonía del modelo económico neoliberal y del sistema del capitalismo en sí. Misma que se ha comenzado a gestar desde la crisis económica del 2008 y que se ha vuelto a manifestar desde 2018, año en el que el Banco Mundial comenzó a alertar de signos de una recesión económica global, cuyos efectos se han visto potenciados por la crisis sanitaria que golpeó el mundo este año.

Por todos los rincones del mundo hemos sido testigos de cómo nuevamente se respira un espíritu de lucha en el aire. Desde la lucha contra el régimen en Tailandia hasta la Primavera Chilena. Desde la clase trabajadora tomando las calles exigiendo el fin de la brutalidad policial y en contra de un sistema racista en EEUU y Europa hasta las mujeres tomando las calles e impulsando cambios importantes en todo el mundo. La voz popular se hace sentir y hace temblar hasta lo más profundo de un sistema injusto e inhumano.

En ese sentido, el movimiento en Chile significa un avance para la clase trabajadora y, como la victoria electoral del MAS en Bolivia, una derrota para la derecha. Si bien de momento tiene un carácter netamente reformista, es necesario que los marxistas consecuentes con sus ideas se posicionen en respaldo a este proceso. En tanto significa la posibilidad de conquistas a corto y mediano plazo en beneficio para las y los trabajadores de Chile y abre el camino a nuevas luchas. 

Al mismo tiempo, debemos de ser claros, el proceso no acaba con el plebiscito, ni siquiera con la redacción de una nueva constitución. Al contrario, este momento debe ser solamente el inicio de un largo proceso llevado por los sectores populares en Chile que se verá marcado por un constante roce con la burguesía y sus representantes políticos. Nuevamente, la organización y conclusiones sacadas a través de los debates que se den en las Asambleas Populares, así como el enfrentamiento con la clase dominante, serán fundamentales para plantear la necesidad de una ruptura con el sistema político-económico.

Pero para cumplir esta tarea hace falta la construcción de una organización revolucionaria y consecuente que sea capaz de plantear un programa que le permita presentarse como una alternativa real para la clase trabajadora chilena. Igualmente, es vital tener claro la importancia de una confrontación con los líderes reformistas y el planteamiento de que basta con pequeños avances para la transformación real y profunda de Chile. Pero esta confrontación no debe derivar en posturas sectarias; los marxistas son los más tenaces luchadores por la reforma, pero no la vemos como un fin en sí mismo. Por el contrario, utilizamos estas luchas como una forma de desarrollar la fuerza y la conciencia de la clase obrera, apuntando siempre a la necesidad de un cambio revolucionario si queremos eliminar la explotación y la opresión de una vez por todas.  

La clase trabajadora chilena ha sido capaz de hacer temblar a toda la cúpula política y económica de su país. Al grado de que han conseguido derribar la constitución heredada por la dictadura, algo que ninguno de los gobiernos posteriores a este periodo había conseguido. Las y los obreros, la juventud y los sectores que impulsaron la lucha, deben ser conscientes del alcance que ha tenido su movimiento y eso los debe empujar a impulsar y defender una transformación real y sustancial de la vida pública de su país.

En el contexto de la que es planteada por el Banco Mundial como la peor crisis económica mundial desde 1870, la lucha de nuestros hermanos y hermanas en Chile nos han mostrado un camino a seguir. La llama que se encendió en octubre de 2019 en Santiago de Chile con las y los adolescentes chilenos tomando las estaciones del metro, debe de servirnos de guía para lo que está por venir. Sólo la organización y la lucha popular pueden llevarnos a arrebatarle de las manos nuevas conquistas a la burguesía en favor de nuestra clase.

Desde América Latina seguiremos luchando y construyendo una Alternativa Socialista que nos permita completar la tan ambiciosa tarea que nos hemos planteado. No descansaremos hasta que la tierra esté en manos del campesino, la industria en manos del obrero y el poder en manos del proletariado. Continuaremos en pie de lucha ¡hasta que la dignidad se haga costumbre!