Las consecuencias de las políticas genocidas del desgobierno de Bolsonaro han sido devastadoras, colocando a los yanomamis en una situación de extrema violencia, pobreza y calamidad, provocando la muerte de mujeres, ancianos y niños

Escrito por Ana Vitória y Pedro Meade, Liberdade, Socialismo e Revolução (ASI en Brasil).

El Territorio Indígena (TI) de los Yanomami se ha convertido en un campo de batalla. Las consecuencias de las políticas genocidas del desgobierno de Bolsonaro han sido devastadoras, colocando a los yanomamis en una situación de extrema violencia, pobreza y calamidad, provocando la muerte de mujeres, ancianos y niños. El bolsonarismo desmanteló todas y cada una de las políticas de protección del territorio, del medio ambiente y de la salud de estos pueblos, promoviendo y abriendo espacio a la minería ilegal en la región, creando la barbarie que hoy vemos en el Territorio Indígena Yanomami. Según el Ministerio de Pueblos Indígenas, “570 niños yanomami murieron por contaminación con mercurio e inanición.” Pero Bolsonaro es sólo un síntoma de un sistema que depende de la división y la violencia para mantenerse.

La magnitud de la barbarie se reveló en las primeras semanas del nuevo gobierno de Lula, después de que circulara en las redes sociales la foto de una mujer yanomami muerta por desnutrición y malaria. Cada vez salieron más fotos e informes que demostraban que la situación era aún peor de lo que todo el país creía. Esto llevó a la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, y a Lula a visitar el lugar y el gobierno federal declaró el estado de emergencia. La ministra de Pueblos Indígenas afirma que “la situación del pueblo yanomami no es nueva… cada 72 horas muere un niño o anciano yanomami por desnutrición, diarrea y malaria”.

La crisis sanitaria y humanitaria que vive hoy el pueblo yanomami fue intensificada por el expresidente Jair Bolsonaro, que ha demostrado ser un enemigo de los pueblos indígenas durante sus cuatro años de mandato. El líder indígena Junior Hekurari, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami, dijo “que el gobierno de Bolsonaro pasó cuatro años ignorando las peticiones de ayuda de las comunidades indígenas de la región.” También dijo que “más de 60 solicitudes de ayuda han sido enviadas al gobierno de Bolsonaro y todas han sido ignoradas.”

Bolsonaro alentó a los mineros ilegales

Bolsonaro en sus discursos racistas contra los indígenas ha animado a los mineros a invadir territorios que están demarcados y, en teoría, protegidos. Los yanomami fueron de los más afectados, pero además de ellos, los kayapós y los munduruku también sufren este problema, así como otros pueblos. El ex presidente atacó a los pueblos indígenas negándoles la demarcación de sus territorios, el derecho a la salud y, con sus aliados en el congreso, intentó introducir proyectos de ley que permitieran la minería en zonas indígenas, aunque sus esfuerzos no fueran aprobados en el parlamento.

Promovieron ataques que estimularon la destrucción de la Amazonia, provocando deforestación, incendios y contaminación de los ríos. Durante el período del gobierno Bolsonaro, junto con los empresarios y sus compañías, no se escatimaron esfuerzos para garantizar el exterminio del pueblo Yanomami para que pudieran poner sus manos en la tierra y explotarla.

Como ya se ha dicho, las invasiones de tierras indígenas no son nada nuevo. Los yanomami llevan luchando muchos años, desde antes de que se demarcaran sus tierras en 1992. En los años 40, estos pueblos tuvieron contacto con invasores cuando el gobierno brasileño quiso delimitar la frontera con Venezuela. En los años 70, la dictadura militar decidió construir una carretera que atravesaba dos comunidades indígenas, lo que afectó directamente a los yanomami y provocó la desaparición de dos aldeas. Hasta el día de hoy, estas comunidades sienten los efectos.

La fiebre del oro existe desde hace décadas

La fiebre del oro que conduce a este genocidio actual existe desde hace décadas. Según Survival Brasil: “Durante la década de 1980, los yanomami sufrieron enormemente cuando unos 40.000 mineros brasileños invadieron sus tierras. Los mineros les dispararon, destruyeron muchas aldeas y les expusieron a enfermedades a las que no eran inmunes. En sólo siete años, murió el veinte por ciento de los yanomami”. Además, “en 1993, un grupo de mineros entró en la aldea de Haximu y asesinó a 16 yanomami, incluido un bebé”.

Incluso con sus tierras demarcadas, los pueblos yanomami se encuentran de nuevo en situación de invasión por esta cuarta fiebre del oro. Esto demuestra que dentro de este sistema los pueblos indígenas siempre serán blanco de la violencia y sus tierras siempre serán blanco del capitalismo.

La lógica brutal de este sistema es la de una expansión constante en la que algunos sacan provecho del oro sangriento del pueblo yanomami.

El gran negocio

Los empresarios, con el apoyo de políticos y autoridades locales, se han enriquecido directa e indirectamente con la minería ilegal. Las investigaciones de portales periodísticos como Repórter Brasil y Amazônia Real, así como de asociaciones indígenas como la Yanomami Hutukara Associação y simpatizantes, han revelado el alcance de una gran cadena de negocios que va mucho más allá de los mineros que invaden directamente las Tierras Indígenas. La logística necesaria para producir la infraestructura de apoyo a la minería ilegal implica barcazas, combustible, alimentos y equipos como excavadoras y otra maquinaria pesada que sólo pueden llegar a lugares tan remotos con una enorme inversión.

El año pasado, las investigaciones estimaron que en el Territorio Indígena Yanomami operaban algo menos de 40 pistas de aterrizaje clandestinas, con pilotos y operadores de aeronaves que ganaban hasta 200.000 reales (unos 38.000 dólares estadounidenses) a la semana, según la Policía Federal. Estos vuelos llevan a mineros, pero también a empresarios que hacen el viaje para visitar sus inversiones o para comprar oro de sangre directamente a los mineros. Operan con impunidad y sin interferencia de las fuerzas armadas y los organismos de inspección que, en teoría, deberían vigilar los cielos de la región. Estos operadores son conocidos por los gobiernos estatales y municipales e incluso tienen contratos ya establecidos.

Las tiendas de Boa Vista que compran y venden oro son fachadas de operaciones de empresas con sede en el sudeste que compran y “limpian” el oro mediante el proceso de “legalización”. Esto es posible gracias a una ley (Ley 12.844/2013), sancionada por el gobierno Dilma, que sólo exige la buena fe del vendedor para establecer su origen ¡y vender el oro! Un puñado de empresas, los llamados distribuidores de valores (DTVMs) están autorizados por el Banco Central para adquirir oro. Estas empresas obtienen enormes beneficios, como en el caso de F.D’Gold, que en 2020 declaró un beneficio neto de 32,8 millones de reales. Venden oro a empresas nacionales e internacionales, principalmente joyerías como H Stern, que tiene puntos de venta en Nueva York, Moscú y Londres y donde un anillo de oro de la marca cuesta hasta 29.000 reales (unos 5.510 dólares).

Además, refinadoras como Marsam y la italiana Chimet compran oro a DTVM como F.D’Gold y luego suministran este y otros metales para su uso en productos electrónicos, incluidos los de las mayores empresas del mundo, como Apple, Microsoft, Google y Amazon (en 2021, el beneficio conjunto de estas compañías alcanzó los 74.000 millones USD). En 2020, Chimet obtuvo unos beneficios de más de 3.000 millones de euros (unos 18.000 millones de dólares).

En los últimos años, el mercado internacional del oro ha alcanzado máximos históricos. Con el sistema capitalista en crisis, el retroceso de la globalización y un escenario geopolítico más incierto con la nueva guerra fría, los especuladores y también los gobiernos han comprado más oro como inversión “más segura”. Según Oregon Group, los bancos centrales compraron la histórica cantidad de 673 toneladas de oro en el segundo semestre del año pasado. Se calcula que el valor del metal no hará más que aumentar este año, con una demanda creciente a medida que las fuentes se hacen más escasas y de más difícil acceso, lo que estimula una carrera imperialista para asegurarse nuevas fuentes de fondos.

El mercado capitalista en la raíz del problema

Son estos factores los que seguirán llevando a empresas y gobiernos a fomentar la extracción, tanto legal como ilegal, que tanta devastación y barbarie produce. Las medidas inmediatas del gobierno de Lula para combatir la desnutrición, los casos de malaria y expulsar la minería de las tierras indígenas son correctas a corto plazo, pero no acabarán con la minería ilegal. Muchos de estos mineros simplemente se han trasladado a otros lugares donde continuarán con las mismas prácticas. Incluso las medidas planteadas por algunos sectores para aumentar la inspección y regulación del mercado del oro, sólo sirven para “organizar” un sistema basado en la extracción y la devastación. Mientras exista el mercado del oro y otros metales, continuará la devastación del medio ambiente, la violencia contra los pueblos indígenas y la explotación de las comunidades.

Necesitamos castigar y expropiar a todos los responsables de financiar y estimular este mercado de sangre. Como dijo Davi Kopenawa Yanomami: “Este oro está sucio, es oro cubierto con la sangre de mi pueblo Yanomami”. Necesitamos unir nuestras luchas para acabar con esta barbarie, poniendo a estas grandes empresas bajo el control democrático de los trabajadores y acabando con este sistema capitalista.