A un año del triunfo de AMLO, la lucha de clases y la 4T.

Escrito por Mauro Espínola y Luis Enrique Barrios

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador y MORENA en las elecciones del pasado 1 de julio, representa un punto de inflexión en la historia de México. Junto a la euforia por este gran avance y las enormes ilusiones en AMLO, existe un debate abierto por parte de un sector creciente, que comprende la necesidad de ser parte activa del proceso. El desabasto de gasolina a principios de año es una muestra clara de que en cada rincón del país se está discutiendo el destino del país.

En esencia AMLO pretende poner en marcha un ‘capitalismo de rostro humano’, mediante medidas de redistribución del ingreso de forma indirecta para intentar empatar la propiedad privada de los medios de producción, la banca y las grandes propiedades de tierra con los derechos sociales para la mayoría de la población. La posibilidad de impulsar una política que beneficie a las mayorías ha significado sin duda el apoyo masivo a Obrador y la 4T, pero esto tendrá sus límites cuando la burguesía sienta que pierde el control de la situación. No es ninguna casualidad que desde el comienzo los medios masivos de comunicación así como algunos intelectuales de la derecha han desatado un golpeteo permanente contra el presidente y las medidas que se propone impulsar. Por eso no somos sectarios, para nosotros es claro, como lo señala Rosa Luxemburgo, que “la reforma y la revolución social forman un todo inseparable, por cuanto, según nuestra opinión, el camino ha de ser la lucha por la reforma, y la revolución social, el fin”.

Recesión mundial y capitalismo dependiente mexicano

Para establecer las perspectivas para la lucha de clases en México hay que tener en cuenta dos factores. En primer lugar la crisis mundial que atraviesa todos los terrenos -económico, social, político y las relaciones internacionales- es aún más profunda que hace una década. En segundo lugar que la economía mexicana, al igual que todas las economías nacionales, está indisolublemente atada a la economía mundial. Un ejemplo claro es la balanza comercial de México, que es deficitaria en casi 11 mil millones de dólares en 2017. Esto significa que, en la relación entre exportaciones e importaciones que constituye la balanza comercial, el peso predominante lo tienen las exportaciones. Siendo Estados Unidos el destino del 80% de las exportaciones mexicanas. Mientras esto no cambie, un ritmo de crecimiento más pobre del capitalismo estadounidense reducirá la demanda de importaciones nacionales en aquel país, entorpeciendo el crecimiento económico en México. 

Pero contrario a la idea dominante en la izquierda mexicana, que concibe la dependencia del capitalismo mexicano como un sinónimo de pobreza y atraso económico es importante señalar que en realidad esto es falso. Un país con multimillonarios como Carlos Slim o la familia Sertvije dueños de Grupo Bimbo, no es un país pobre. Mucho menos cuando se sitúa en la quinceava económica a nivel mundial, por encima de Suiza o Arabia Saudita, el segundo mayor exportador de petróleo. La dependencia, por el contrario, es la forma en que una economía está anclada o atada al mercado mundial. En ese sentido, México es un país dependiente en la medida en que el desarrollo de su mercado interno este sujeto a las enormes presiones del mercado externo producto de una burguesía que en las últimas tres décadas ha apostado a la producción a bajos costos y a aumentar sus ganancias mediante la venta en el mercado externo. En otras palabras, la dependencia de la economía mexicana radica en que la economía nacional se ha orientado al mercado externo para obtener grandes beneficios mientras el mercado interno está deprimido producto de los bajos salarios utilizados como ventaja comparativa en el mercado mundial. 

El endeble mercado interno mexicano 

En ese panorama, hay que considerar la política económica planteada por Obrador que se centra en fortalecer el mercado interno, mediante el aumento del ingreso indirecto de las familias trabajadoras. Es decir, mediante los programas sociales planteados como las becas para estudiantes, el Programa Jóvenes Construyendo Futuro o la ampliación a nivel nacional de pensiones a adultos mayores. Los cuales intentan sustituir el aumento de los ingresos directos, el salario, para fomentar el consumo y por ese medio incrementar la demanda fortaleciendo así el mercado interno. 

Lo anterior por supuesto, puede tener algún resultado en el corto o mediano plazo, pero no resolverá la crisis económica de fondo. A nivel internacional y nacional existe una sobreabundancia de mercancías y de capitales que no encuentran salida en el mercado, por lo que todas las expectativas de crecimiento se construyen sobre una burbuja especulativa que tarde o temprano reventara. Esto por supuesto significará un recrudecimiento de las divisiones de la burguesía, expresadas ya en las elecciones de julio pasado. Es más, la derrota del 1 de julio fue también la derrota del sector que se favoreció del mercado externo a partir de salarios paupérrimos que agregaban ventajas comparativas a las manufacturas mexicanas en el mercado internacional. Seremos testigos de una creciente lucha entre dos sectores de la burguesía para orientar la política económica de Obrador. 

Aunque es verdad que ha habido un incremento del salario en la zona fronteriza del 16%, y aproximadamente del 5% en el resto del país, estos incrementos son insuficientes. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, se requieren 245 pesos diarios solo para alimentación y calculan que en 30 años el deterioro del poder adquisitivo acumulado del salario mínimo es de cerca del 80%. Por lo que el incremento del salario tendría que ser aproximadamente de este mismo porcentaje para recuperar el poder adquisitivo de hace treinta años, sin considerar un avance con respecto a aquel. Sin rechazar los avances propuestos con las becas para estudiantes y para aprendices, se vuelve indispensable el aumento del salario mínimo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y entonces si pensar en dinamizar la economía nacional y el mercado interno. 

Finanzas públicas, recortes y redistribución del ingreso

El problema es que las finanzas públicas, tal como existen hoy en día del capitalismo mexicano dan un margen de maniobra muy escaso y son insuficientes para garantizar la transformación de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Basta señalar que aproximadamente el 70% de los ingresos fiscales, es decir los ingresos que resultan del cobro de impuestos, son aportados por los trabajadores y pequeños propietarios. Mientras las grandes empresas, bancos y consorcios apenas aportan el 30%. Según información difundida a principios de este año, en el sexenio de Peña Nieto, el SAT condono 272 mil millones de impuestos a empresarios, banqueros y constructores como Slim, Salinas Pliego, Vázquez Raña o Roberto Hernández Ramírez de Grupo Banamex. En comparación con el robo de gasolina en el mismo periodo, equivalente a 69 mil millones de pesos, lo condonado a los grandes empresarios representa el 400% del valor del robo de gasolinas. Este es el verdadero huachicoleo de las finanzas públicas.

Al respecto Obrador ha anunciado tímidamente lo que parece el inicio de una reforma fiscal, no planteado una política impositiva a las grandes fortunas, sino el fin de las prerrogativas fiscales. Esto es la evasión legal de impuestos de las grandes empresas mediante falso altruismo y labores sociales.  Al mismo tiempo ha señalado que no habrá reforma fiscal en la primer mitad de su mandato, pues pretende primero combatir la corrupción para optimizar los recursos del Estado y una vez demostrado que eso es posible entonces si impulsar una nueva recaudación de recursos. En nuestra opinión el problema de este planteamiento es que confía en la buena voluntad de la burguesía para ceder sus recursos y omite las dificultades por las que atraviesa la economía mundial, que amenaza con una nueva recesión condición en la que mucho menos la burguesía mexicana estaría dispuesta a colaborar con recursos. 

Los marxistas afirmamos que una política como la que plantea Obrador no solucionara de fondo la crisis económica ni los problemas acuciantes de la clase trabajadora. Una política de ‘reparto’ como propone Obrador solo podría atenuar parcialmente los problemas, en el mejor de los casos sino es que solo maquillarlos con medidas artificiales como los ingresos indirectos, pero en el fondo acentuara y profundizara la crisis económica, y con esto los problemas que han incentivado la lucha de clases en la última década. 

Un balance histórico del 1 de julio

Es del todo cierto que el triunfo de AMLO en las pasadas elecciones presidenciales y la estrepitosa forma en que fueron derrotados los partidos tradicionales de derecha representó un salto cualitativo en la lucha de clases. Hoy, a un año de dicha jornada resulta del todo necesario un balance detenido sobre dicho acontecimiento y sus implicaciones teniendo por encima de todo los intereses de la clase trabajadora. 

La llegada de AMLO a la presidencia de la República hace un año no es un hecho aislado, se trata del producto de una lucha de décadas de jóvenes y trabajadores. Esta lucha se  remonta al movimiento de masas que construyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional en 1988 y que sólo pudo ser derrotado por medio de un titánico fraude electoral para imponer Salinas de Gortari en el poder. Movimiento que tendría otra estupenda expresión en la contienda electoral de 2006 y la masiva lucha contra otro nuevo fraude electoral, esta vez para llevar al panista Calderón a la residencia de Los Pinos. Pero durante todos esos años también vimos otra clase de expresiones no sólo a través del frente electoral, sino por medio de abiertas insurrecciones revolucionarias, destacándose los casos del alzamiento armado del EZLN en 1994, la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco en 2002 o la de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Por mencionar algunas. También durante ese periodo también atestiguaremos el repunte de la lucha de sindicalismo independiente, mismo que semiparalizó a la administración del primer gobierno panista encabezado por Fox.

Estamos hablando de un largo periodo contradictorio marcado por flujos y reflujos de la lucha de clases, de avances y retrocesos en la organización de la clase trabajadora. Pero también de una cada vez mayor tensión entre los oprimidos, mismo que experimentaban toda clase de vías para sacudirse de encima una política inaugurada por el PRI y años después heredada entusiastamente por el PAN, que a principios de los años 80 desarrolló toda clase de iniciativas para desmontar toda una serie de conquistas sociales producto de la Revolución de 1910-1920 y otras ganadas por la lucha de los trabajadores décadas después. Bajo esa política se privatizó prácticamente toda la industria pública, se pulverizaron los salariaros, se mutilaron o eliminaron la mayor parte de los contratos colectivos de trabajo y se dejó a su suerte al campesinado pobre. Además de que se recortó significativamente el gasto público en todos los rubros sociales, a la par de que se trasladaban multimillonarias cantidades de las arcas públicas a las cuentas del gran capital de forma abierta pues al pago de la deuda del Estado, ahora se le sumaba el rescate bancario en 1998 por medio del FOBARPOA, y de forma vela por medio de la condonación del pago de impuestos a los gigantes de industria y de la banca. El resultado de todo ello fue el de una enorme concentración de riquezas al grado que en 2015 el 1% de la población más rica del país ya monopolizaba el 43% del valor de la economía mexicana, mientras que por otro lado la cifra de pobres paso de 46 millones de 1990 a los 55.3 millones de mexicanos en 2014.

Durante toda esa época, también marcada por una cada vez más agudo debilitamiento de los partidos de derecha y por la descomposición del capitalismo mexicano, destacando en este último caso los colapsos económicos de 1995 y de 2009, maduró un enorme nivel de descontento social al grado tal que se volvió insostenible el régimen político encarnado por el PRIAN. Este descontento se recrudeció con la imposición de Peña Nieto en 2012, quien impulso un programa de ataques y contrarreformas que llevaron la lucha de clases a un nivel no visto desde la década de los ochenta. Basta recordar las jornadas del #YoSoy132 contra la imposición de EPN en 2012, la tenaz lucha del magisterio democrático contra la reforma educativa en 2013 o las jornadas del 2014 por la aparición de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. En ese contexto, la burguesía profundamente dividida y débil se vio forzada a renunciar a aplicar un nuevo fraude electoral en 2018 a riesgo de enfrentar la ira de las masas desposeídas con una valiosa experiencia reciente que le impedía tener garantías de mantener las cosas bajo control. 

El resultado del 1 de julio de 2018 representa un acontecimiento histórico. Primero porque antes que cualquier cosa, las masas lograron imponer su voluntad a la derecha y a la burguesía, está vez en el frente electoral, para llevar a la presidencia a un candidato que consideran suyo. Segundo, porque los trabajadores de la ciudad y del campo lograron dicho resultado de forma aplastante: 53.19% (más de 30 millones de votos) para AMLO contra el 22.28% de Anaya de la coalición PAN-PRD-MC y el 16.41% de Meade del PRI-PV-NA. 

Aunque es verdad, y hay que decirlo, AMLO impulso un frente interclasista con el objetivo de garantizar un resultado favorable en las elecciones. Pero lo cierto es que por encima de todo fue el empuje y fortaleza de las masas desposeídas, así como la debilidad de la derecha resultado de la lucha misma de los oprimidos, lo que aseguró el triunfo sobre el PRIAN y sus partidos paleros. No obstante, esta última realidad, el frente interclasista lanzado por AMLO permitió que se subieran al carro de la 4T elementos de entre las filas de aquellos sectores de derecha y de la burguesía. Siendo éste el caso de la alianza electoral con el clerical PES o el del empresario Alfonso Romo, actual jefe de la oficina de la presidencia de AMLO. También se puede decir lo mismo de mafiosos ex-priístas como Gerardo Sosa del Estado de Hidalgo o el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino. Estamos hablando de toda una capa de individuos que, si bien estarían dispuestos a apoyar algunas políticas de AMLO, su límite llegaría en cuanto las masas sedientas de justicia social exigieran medidas de un calado tal que puestera en vilo los intereses políticos y económicos de esa clase de personajes. Es necesario dar una batalla contra estos personajes, depurar al Gobierno y a Morena de estas liendres que no tardaran en mostrar su verdadero rostro como se ha demostrado en el caso de Úrzua, exsecretario de Hacienda. 

La 4T: entre el capital y los trabajadores 

En esencia el frente interclasista lanzado por AMLO es una expresión organizada que refleja el contenido de la política de la 4T y la contradicción que la rige. Es decir, denota un fuerte intento por gobernar para los más pobres sin romper con el capitalismo, en el que además se le pueda dar salida a las expectativas del empresariado, teniendo como punta de lanza para ello el ataque a la corrupción, la eliminación de toda clase de privilegios y gastos innecesarios en la administración pública. A la par de la recuperación de la base productiva de PEMEX, como la más importante fuente de recursos públicos, misma que en 2016 representó el 18% de los ingresos del Estado, contra el 45% que aportó en 2008.

A esa contradicción intrincada de la 4T se une el hecho de que su gobierno se encuentra bajo  constante agresión de todos aquellos sectores a lo que en durante años el propio AMLO calificó correctamente como “la mafia del poder”. El constante golpeteo y difusión de noticias falsas, no es ninguna casualidad sino que responde a un intento consciente y organizado para minar la legitimidad de Obrador para en caso de ser necesario revertir su mandato. En ese contexto se enmarcan los constantes ataques especulativos contra el peso mexicano lanzado por calificadores de deuda como Moody’s, Standard & Poor’s entre otras, responsables en buena medida de la crisis inmobiliaria de 2008, además el sistemático acoso de Trump contra México. Otro ejemplo similar es la guerra mediática a razón de la lucha contra el huachicol o robo de combustible de PEMEX, que produjo un desabasto de los hidrocarburos a principios del año y que significo una verdadera campaña de terror en la radio, la prensa y la televisión. En oposición a ello, miles de trabajadores asumieron como propia la batalla, asumiendo las dificultades y sacrificios que esta lucha significaba. No es casual que precisamente al calor de la lucha contra el robo del combustible la popularidad de Obrador alcanzara el 86%, el más alto en décadas. 

El marco del capitalismo le ha impuesto serios límites a AMLO, entre ellos el tener que pasar de la política de brazos abiertos para los inmigrantes centroamericanos al traslado de seis mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur para endurecer así la política migratoria de nuestro país tras las presiones y amenazas de Trump de principios de junio. Para lograr su sucio objetivo Trump amenazo con un impuesto del 5% a las importaciones mexicanas en EUA, apoyándose en el hecho de que más del 40% de las inversiones extranjeras en México provienen de los EE. UU. y en el que dicho país es el destino del 80% de las exportaciones mexicanas. Todo ello además en un momento en el que la economía del mundo y tras ella la de México presentan serios síntomas de ralentización. 

Lo anterior deja en claro, que contrario a la idea de la posibilidad de que se abra un periodo de paz social, seremos testigos de nuevas y más desarrolladas confrontaciones entre las clases. El maravilloso ejemplo de la huelga de los trabajadores de Matamoros exigiendo el 20% de aumento salarial, prometido por AMLO para la franja fronteriza, y un bono de 32 mil pesos, es una muestra clara del ambiente de lucha y arrojo entre millones de trabajadores. En contraparte la burguesía y sus representantes intentarán a toda costa mantener sus privilegios, lanzando nuevas campañas contra el gobierno de Obrador y particularmente contra lo que este representa: a los millones de mujeres y hombres trabajadores, jóvenes y campesinos que buscan terminar con años de miseria, desprecio y olvido.