La reciente aspiración de Omar García Harfuch a jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en evidencia la persistencia de la impunidad en el país. Así como la persistencia de los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. García Harfuch, nieto del general Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante la “Guerra Sucia”, e hijo de Javier García Paniagua, quien fue director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el órgano represor por excelencia del Estado mexicano en los años setenta, representa una continuidad histórica de la violencia institucional que ha marcado a México desde hace décadas.

Escrito por Christian García, Alternativa Socialista (ASI en México).

La Guerra Sucia fue un periodo de contrainsurgencia militar y política contra los movimientos de oposición política, principalmente armados, que se desarrolló entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta, aunque continuó en menor escala hasta los años noventa. Bajo el pretexto de combatir al comunismo y defender la seguridad nacional, el Estado mexicano cometió graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Según las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cifra de víctimas asciende a 374. Sin embargo, se estima que el número real podría ser mucho mayor.

La relación entre la Guerra Sucia y la violencia actual del narco es evidente si se analizan los actores, las prácticas y las consecuencias de una estrategia sistemática. Por un lado, se puede observar que muchos de los responsables e implicados en las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia han ocupado o siguen ocupando cargos públicos o mandos militares, o han tenido nexos con grupos criminales. Por ejemplo, Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976, fue acusado por genocidio por su participación en las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971. Aunque en 2004 se abrió una investigación a partir de los trabajos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pero en 2005 un juez federal determinó que los delitos del 10 de junio habían prescrito. El caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006 donde tres de cinco ministros se negaron a investigarlo. Pero no ocurrió lo mismo con la acusación derivada de la masacre del 2 de octubre, pues el magistrado federal José Angel Matta Oliva ordenó su aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de genocidio. Por su avanzada edad, se le dictó arresto domiciliario que se extendió hasta marzo de 2009, cuando fue exonerado. Otro caso es el de Miguel Nazar Haro, quien fue director de la DFS entre 1978 y 1982, y quien fue señalado como responsable directo de más de mil desapariciones forzadas. Así como de tener vínculos con el narcotráfico y la CIA. Nazar Haro también gozó de impunidad hasta su muerte en 2012.

Por otro lado, se puede observar que muchas de las prácticas represivas y violentas que se utilizaron durante la Guerra Sucia se han reproducido o intensificado en la guerra contra el narco. Por ejemplo, la desaparición forzada, que fue una de las principales formas de violación a los derechos humanos durante la Guerra Sucia, se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática en el contexto actual. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 31 de agosto de 2023, hay más de 89 mil personas desaparecidas o no localizadas en el país. La mayoría de estos casos se han registrado a partir del año 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narco”. Además, se ha documentado la participación o la omisión de agentes del Estado en muchos de estos casos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Por último, se puede señalar que las consecuencias de la Guerra Sucia y la guerra contra el narco han sido devastadoras para la sociedad mexicana, que ha sufrido una grave crisis de derechos humanos, una profunda desconfianza en las instituciones y una descomposición del tejido social. Ambas estrategias han dejado un saldo de miles de muertos, desaparecidos, torturados, desplazados y encarcelados, así como de familias destrozadas, comunidades divididas y territorios devastados. Ambas estrategias han generado un clima de miedo, impunidad e injusticia. 

Las aspiraciones gubernamentales de García Harfuch se producen en un contexto de militarización, pugnas internas en MORENA y cada vez más participación política de los militares en el gobierno. Se da a pocos meses de las elecciones federales y locales del 6 de junio, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 15 gubernaturas, entre otros cargos públicos. El panorama político está marcado por la polarización entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió acabar con la corrupción y la violencia heredadas de sus antecesores, y la oposición conformada por una alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes buscan recuperar el poder perdido en 2018. 

Más allá de las diferencias partidistas, lo que está en juego es el futuro del país y el destino de sus habitantes. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad militarizada, impune y sometida al capitalismo o una sociedad democrática, justa y radicalmente distinta? Desde Alternativa Socialista creemos que la respuesta está en las calles y en la organización de la clase obrera, los estudiantes y todas las personas oprimidas por el sistema capitalista.