Las manifestaciones en al menos 20 entidades federativas en forma de bloqueos de vialidades, muestran la gran preocupación por la desatención a un sector históricamente vulnerado y olvidado por los gobiernos neoliberales y los actuales. La tarea histórica de la Cuarta Transformación está en atender y dar solución a las legítimas demandas del campesinado mexicano.

Escrito por Eleazar Soto Magallanes y Sebastián Lorea Flores, Alternativa Socialista (PIRM en México). 

Los orígenes del problema: el TLCAN

Con la entrada en vigor del TLC el 1 de enero de 1994, firmado dos años antes por los entonces presidentes Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney de Canadá, se profundizó el neoliberalismo en el país. Más que un mercado común, creó una zona libre de aranceles para ciertos productos al mismo tiempo que impuso barreras comerciales a otros. La industria manufacturera, con las maquiladoras como principal motor, se convirtió en la actividad más favorecida, principalmente en la región norte del país.Al día de hoy, la hiper especialización de la agroindustria se tradujo en los monopolios de Grupo Maseca para el maíz; Sigma Alimentos, Grupo Bafar y Qualtia Alimentos para las carnes procesadas. Bachoco, Pilgrim y Tyson para el pollo y el huevo. Lala y Alpura para la leche de vaca. Los pequeños productores quedaron marginados a la sobreexplotación y a malbaratar su trabajo.

La agricultura, que ya venía arrastrando décadas de abandono, se transformó por completo. Si bien se propició la industria agroexportadora que concentró de nuevo grandes propiedades en pocas manos, fomentando a su vez la explotación de la mano de obra en la pizca de berries, fresas o tomates. Un ejemplo claro de ello es la producción de aguacate, que ha propiciado la destrucción de bosques en Michoacán para la ampliación de las zonas de cultivo ante la demanda creciente de este fruto en Estados Unidos, a donde se destina aproximadamente el 80% de la producción nacional y causante del incremento de los precios del aguacate en el país. Mientras que los micro y pequeños productores se vieron desplazados en el mercado, saturado de productos importados con los que no pueden competir en costos y con muchas dificultades para exportar.

El balance a 20 años de la aplicación del Tratado es un déficit constante, por la falta de autosuficiencia alimentaria pues la agricultura se especializó en la producción de frutas y verduras para exportación. Abandonando la producción de granos, entre ellos el maíz, lo que aumentó la dependencia alimentaria de las importaciones del mismo. Ejemplo de ello es la importación de maiz amarillo, usado para la alimentación de ganado, que superan las 18 millones de toneladas. Lo que significa que México importa casi la misma cantidad de maíz amarillo que se consume en el mercado nacional. Pero se estima que algo similar está ocurriendo con el maíz blanco, destinado al consumo humano. 

La consecuencia directa del TLCAN es la competencia desleal de los productores extranjeros con los productores nacionales. La caída de los precios de granos básicos como el frijol, maíz y trigo, genera una mayor dependencia a las importaciones, mismas que sí reciben subsidios, apoyos gubernamentales y uso de semillas transgénicas que no son susceptibles a enfermedades y plagas que ayudan a elevar la producción en Estados Unidos con 11 toneladas en promedio por hectárea. Lo que no sucede en México, que usa semillas criollas e híbridas que dan un rendimiento mínimo con 3 toneladas en promedio por hectárea. El maíz transgénico y el glifosato están prohibidos en México, aunque se percibe un doble discurso porque se prohíbe su producción al interior, pero se promueve su uso al importarlo.

Otra de las consecuencias más sentidas por el campesinado es el que la Bolsa de Chicago es la reguladora de precios, que con injusto desenfreno siguen erosionando la ya precarizada situación campesina. A su vez, la importación de maíz transgénico, popularmente conocido como el maíz amarillo, durante años opacó la riqueza del maíz nativo, elemento que desde el gobierno de López Obrador pretendió resarcir, como una deuda política con el campesinado en el país. Sin embargo, este último topó con pared al ver la realidad que no era suficiente lo que se producía al interior, que la dependencia es inevitable.

El trabajo de SEGALMEX y Liconsa

Parte de este reparo histórico que se ha ejercido desde la entrada en el gobierno de la 4T, ha sido el desarrollo de estrategias que atiendan al campo de manera directa, sin intermediarios. La existencia de Diconsa establecía almacenes y rutas que simulaban atención al campo, gran noticia que generó indignación para quienes están fuera del marco rural, es que estas bodegas estaban en completo abandono, por lo que la tarea de SEGALMEX y Liconsa fue el atender y dar vida nuevamente a estas para que fueran de utilidad para las y los campesinos.

Una de las medidas de López Obrador fue desmantelar la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero, por la serie de corruptelas que ocurrían por su medio. El resultado es que los créditos directos ahora no se hacen con la temporalidad necesaria para atender los procesos de siembra y de cosecha, respectivamente. Esto refleja el desinterés por incluir a la base campesina en el trazo de rutas de solución. La soberbia gubernamental en la que han caído algunos miembros del régimen, en particular en Zacatecas, traduce la poca atención a esta problemática en reducirlo a una consecuencia del sistema capitalista, por las fluctuaciones existentes entre la oferta y la demanda como origen del abaratamiento de precios, ¡gracias por tan valiosa información! Esto alerta tanto el sesudo asesoramiento que tienen nuestros dirigentes, como de la sensibilidad que son capaces de tener por tan crítica situación.

Del campo a tu casa

La ruta que siguen los bienes del campo desde que el productor siembra y cosecha hasta que el alimento llega al consumidor final, origina que el menos beneficiado de este proceso sea el mismo campesino. La producción termina por favorecer más al intermediario, conocido como coyote, por acaparar los bienes que se producen. Sin embargo, el coyote es un comprador seguro, que cubre los costos de almacenamiento y cubre los costos de distribución. Si bien una consigna de López Obrador al poco tiempo de la creación de la SEGALMEX fue declarar el fin del coyotaje, esto está lejos de suceder. Los antagonismos de clase han generado esta necesidad, debido en mucho al incesante abandono del campo por parte del gobierno.

Así el gobierno brinda poca apertura a los productores dando margen al coyotaje, al adquirir la cosecha ya que los centros de acopio compran como límite 35 toneladas de maíz. Esta producción resulta de alrededor de 2 hectáreas, cuando un pequeño productor tiene 10 hectáreas en promedio, lo producido en los 8 restantes abren paso al coyotaje.

Las consecuencias hoy

En los últimos días resuenan las consignas de limoneros en Jalisco, cebolleros en Zacatecas y aguacateros en Michoacán, por el enorme abaratamiento de sus productos. A fin de cuentas, el producto en el mercado -y en el supermercado- termina siendo estratosféricamente más caro que como se las compraron a los productores. Ejemplo de esto último, para el caso zacatecano, es el de la cebolla, que se le compra a los productores en 50 centavos el kilo y es ofrecida al consumidor final en $40. Otro ejemplo es el del maíz, con el que por cada kilo da 2 kilos de tortilla, el kilo de maíz se compra al productor en $5 en promedio y el kilo de tortilla se encuentra en los $21. El diferencial de ese valor es acaparado por los coyotes y los vendedores finales, en especial los grandes distribuidores que fijan precios y controlan el mercado sin la necesidad de ensuciarse las manos de tierra. 

Lo preocupante de esta fluctuación de precios, que lejos de depender de la oferta y la demanda, es que no se atienden los precios de garantía que cubran mínimamente la totalidad de los costos de producción. La fruta, la verdura, los granos, han permanecido en el mismo precio encarecido independientemente de que haya buena cosecha, últimamente gracias al temporal y a la siembra oportuna. Esto terminó por convertirse en la pesadilla de las y los agricultores, que lejos de encontrar un precio justo, terminan por abaratar su trabajo para no perder por completo sus ingresos.

La tragedia no pasa desapercibida. En los últimos días de las grandes movilizaciones campesinas, han asesinado a dos dirigentes que pedían un precio de garantía justo. Esto deja en evidencia el jugosisimo negocio en que se ha convertido la agroindustria para los intermediarios, temerosos de perder sus ganancias, sin importar el detrimento del productor y el encarecimiento de los bienes para el consumidor final.

Las demandas del pequeño productor de frente a la economía capitalista y el despojo al campesinado

Los ejidos fueron sin duda el gran fruto de la Revolución Mexicana. Sin embargo la reforma neoliberal del artículo 27 en 1992, significó una severa estocada para el campo mexicano. Lejos de la mejora del nivel de vida prometido durante el Salinismo, con las consecuencias actuales, el campo no figura como una buena opción para el pequeño productor. Los propietarios de tierra prefieren rentarlas que trabajarlas, lo que ha minimizado la cantidad de productores, generando vicios como el mal uso de los apoyos sociales al campo. Por ejemplo el fertilizante que es entregado a los dueños de propiedades y estos los revenden. O bien el apoyo de Producción para el Bienestar (antes PROCAMPO) no es utilizado para labrar la tierra, ya que los dueños son los que hacen uso del recurso y no los productores que son quienes hacen la siembra. De forma lamentable, el actual gobierno que se ha promocionado como anti neoliberal, lejos de buscar estrategias de solución cercanas a la base campesina, sigue dando vueltas a la problemática central: el pago de un precio de garantía justo.

Los pocos apoyos que existen por parte del gobierno para los pequeños productores son Producción para el Bienestar que ronda en los mil doscientos pesos, el Programa Fertilizantes para el Bienestar que consiste en 600 kilogramos de DAP y Urea gratuitos, siendo fertilizantes convencionales sin tener un estudio de lo requerido por zonas según el tipo de suelo y los Precios de Garantía que resultan insuficientes por los altos costos de producción. Solo un bulto de semilla mejorada tiene un valor de cinco mil pesos, la cual cubre poco menos de una hectárea de riego sin contar los insecticidas y herbicidas.

La falta de capacidad y planeación del gobierno al no tener contemplado el rendimiento de cosechas de este año debido a los ciclos de lluvia que generaron sobreproducción en comparación con los años anteriores, es lo que ha desarrollado esta crisis. Esto aunado a los aranceles impuestos por Trump, en el que impiden la exportación de estos excedentes a otros países como Brasil o Sudáfrica. Mientras Estados Unidos obtuvo un récord de producción de maíz en 2025, alcanzando aproximadamente 425 millones de toneladas, México produjo cerca de 22 millones de toneladas. Una baja debido a la poca siembra por las pasadas sequías.

La solución en el escenario actual, para que les sea rentable a las y los productores el continuar con su labor, es el pago justo del precio de garantía. Siendo el ejemplo más importante el del maíz, donde se paga alrededor de 5 pesos por kilo, exigiendo que sean 7 pesos por kilo. Recién en octubre, en el estado de Chihuahua el kilo rondaba entre los 4.2 y 4.3 pesos. Subir el precio de garantía no encarece el precio del kilo de la tortilla, al contrario, ayudará a mantenerlo. De acuerdo al producto serán las exigencias, y las consideraciones deben apremiar a quienes laboran la tierra. 

¡Por un verdadero campo al servicio del bienestar social!