Hace treinta años, el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en el estado de Chiapas al grito de “¡Ya basta!”. De esta forma, cientos de indígenas mayas, tzotziles y tzeltales, denunciaban la pobreza, el hambre, la miseria en uno de los estados más pobres del país. Tras la caída del muro de Berlín, el fracaso del estalinismo, la disolución del bloque socialista y el repliegue de las guerrillas centroamericanas, en el sureste de México, miles de indígenas armados tomaron por sorpresa al mundo, convirtiéndose en un referente para millones de jóvenes, mujeres y trabajadores que no capitularon al llamado “fin de la historia” ni renunciaron a la transformación radical de la sociedad. 

Escrito por Alternativa Socialista, ASI en México

Chiapas: 500 años de pobreza, miseria y violencia que continúan

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

Declaración de la Selva Lacandona.

Así comienza la Declaración de la Selva Lacandona, con la que el EZLN dio a conocer las causas de su levantamiento al que llamaba a sumarse al pueblo de México contra la “camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias”. El llamado, y la caracterización de la situación en el Sureste no era retórica, desde la fundación del México independiente el sur del país ha vivido condiciones de atraso y miseria social. Tan solo, a fines de los 90’s, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca sumaron un total de 4 millones de personas sufriendo hambre e inanición. Durante este periodo, la región contaba con una población de 53.3 millones de personas en condición de pobreza y 11.5 millones en condición de pobreza extrema, según datos del CONEVAL. La tasa de mortalidad infantil fue y sigue siendo una de las más altas del país a la par del número de defunciones por culpa de la violencia y el crimen organizado. En 1993, Chiapas contaba con más del 75% de su población en situación de pobreza. Las más vulnerables eran, y siguen siendo, las comunidades indígenas y campesinas de la región. Comunidades que históricamente fueron explotadas y oprimidas desde tiempos de la conquista y el México independiente.

Al abandono de las comunidades indígenas se sumó la discriminación por condiciones étnicas y linguisticas que ejerció el Estado mexicano. El tsotsil, chol, maya y otras lenguas de la región fueron sistemáticamente marginadas como lenguas, tanto por las campañas de castellanización como por el uso del español como idioma exclusivo de la vida pública, educativa y laboral del Estado. En Chiapas, donde el 30% de su población es indigena, y que radica en su mayoría entre los Altos y la Selva, sufre los mayores índices de crímenes de odio por condiciones étnicas. Por siglos, las comunidades indígenas, apartadas de la vida urbana del Estado, se encontraron en condiciones de miseria por la falta de recursos y servicios básicos estatales, como lo son salud, agua, educación, vivienda y alimentación. 

Mientras las condiciones de miseria se acentuaban, en 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado, cuyo objetivo era la liberalización del comercio entre estos países abrió las puertas al incrementó de la desigualdad en la región, mientras que incentivaba el robo de tierras y explotación de los recursos naturales por empresas extranjeras. El despojo de tierras en Chiapas fue incrementando en las últimas décadas, hacía fines de los 90s, con el apoyo del ejército mexicano y grupos paramilitares encabezados por el gobernador militar Absalón Castellanos. Gobernador que seguía una larga tradición priista de gobiernos y presencia militar en la región.

Los orígenes del EZLN

En este contexto se desarrolló desde finales de los ochenta el EZLN, que desde 1960 mantenía su presencia en la región a través de las Fuerzas de Liberación Nacional. Una organización marxista inspirada en la revolución cubana, que organizó una guerrilla para la construcción del socialismo en México. Sin embargo, en los años 70s, sufrió una abrupta persecución y liquidación total de su estructura por la represión del Estado mexicano y sus agencias de inteligencia. 

En 1983 logró reorganizar su base militante entre una masa campesina e indígena harta de su situación e instalarse en las zonas rurales de Chiapas para continuar sus actividades. Los mandos sobrevivientes de las FLN decidieron reorientar la lucha por el socialismo y adaptar su programa y estructura a las nuevas condiciones que presentaba la derrota del bloque socialista y el repliegue de las fuerzas marxistas a nivel internacional. Es así, que la organización evolucionó con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otras ideas llegaron a impactar la reorientación del programa del EZLN, como lo fueron la Teología de la Liberación, movimiento político-religioso en Centroamérica, y la doctrina social de la Iglesia católica con el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz García.

Se formó así en 1993 el Comité Clandestino Revolucionario Indigena, como órgano de dirección, conformado por campesinos mestizos e indígenas. Durante décadas reclutaron nuevos combatientes, formaron zonas administradas y abastecidas por la dirección insurgente y organizaron políticamente a los pueblos indígenas bajo el mando de una estructura militar.

El día del alzamiento

Esperando el momento de la insurrección, el EZLN se levantó en armas el 1° de enero de 1994, el día que entró el vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país. Lugares como San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, fueron el centro de la insurrección. El mérito de los zapatistas se encuentra en ser una insurrección popular que planteaba una alternativa anticapitalista, en un momento en que el marxismo y el socialismo habían perdido su fuerza entre la clase trabajadora por los errores y horrores del estalinismo. 

En esos primeros días se dio a conocer la “ Declaración de la Selva Lacandona”, un programa de reivindicaciones históricas contra los 500 años de miseria y despojo de tierras que se habían intensificado con la firma del TLCAN. 

Nuestro camino de fuego se abrió ante la imposibilidad de luchar pacíficamente por derechos elementales del ser humano. […] Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. […] Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.

Segunda Declaración de la Selva Lacandona.

Durante los días después del alzamiento, el gobierno mexicano inició una breve guerra civil en Chiapas. Autorizando el envío de 70 mil militares a las zonas insurgentes para sofocar la rebelión. Durante una semana el ejército asesinó brutalmente a civiles e insurgentes. La rebelión parecía morir en el intento. Sin embargo, a los 12 días de la guerra en curso, sindicatos, partidos de izquierda, jóvenes y estudiantes se movilizaron en Ciudad de México para protestar en contra del asedio contra los zapatistas. Las protestas protagonizadas por millones de jóvenes y trabajadores obligaron al gobierno de Salinas de Gortari a poner fin a la guerra y negociar la paz con los insurgentes. Es así que, tras dos años de negociaciones, el 16 de febrero de 1996, el gobierno mexicano firma la paz con el EZLN a través de los Acuerdos de San Andrés, permitiendo la existencia de zonas autónomas administradas por los zapatistas, el retorno de tierras y reformas legislativas en beneficio de los pueblos indígenas. Aunque los Acuerdos de San Andrés no se han implementado en su conjunto, por lo que se han convertido en un agravio más contra las y los indígenas zapatistas. 

Los años de resistencia

Años posteriores a la insurrección, y con la firma de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN impulsó la formación de comunidades zapatistas autónomas con el nombre de “Caracoles” (2003) y conformó nuevas estructuras administrativas con el nombre de “Juntas de Buen Gobierno”. Las comunidades cumplían el papel que el Estado mexicano no otorgó a las comunidades de salud comunitaria, educación, vivienda, trabajo y alimentación para la población local. Las comunidades se convirtieron en el centro de la influencia política del zapatismo a nivel internacional, recibiendo la visita de intelectuales y políticos de izquierda asombrados por las experiencias organizativas del EZLN. 

Con el tiempo, la falta de elementos materiales y el aislamiento de la lucha provocó que el EZLN y los Caracoles fueran víctimas fáciles de la represión del Estado mexicano. El ejército inició una campaña de exterminio y orilló a los insurrectos a negociar en términos desiguales. A poco tiempo de firmados, los Acuerdos de San Andrés fueron desconocidos por el presidente Ernesto Zedillo. Se acentuó una política de cerco y asedio que, organizada por el gobierno federal y local con el apoyo de terratenientes y ganaderos, reorganizó fuerzas paramilitares, las preexistentes guardias blancas, entrenadas por el propio ejército para acosar a las comunidades. Para diciembre de 1997 estas fuerzas provocaron una masacre en la comunidad de Acteal, matando a más de 45 indígenas, entre ellos hombres, mujeres y niños. 

Las comunidades zapatistas fundadas en 2003, como zonas de autogobierno, fueron y siguen siendo víctimas de las presiones externas de grupos paramilitares, el narcotráfico y el ejército mexicano. Algunos sucesos lamentables como los ocurridos durante la “Guerra contra el narcotráfico”, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, incrementaron la presencia militar en Chiapas. Durante el sexenio  de Calderon, se reportaron robos de tierras y manantiales, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y una campaña abiertamente anti zapatista de las alcaldías locales. En mayo de ese año, los zapatistas denunciaron incursiones militares en al menos tres regiones chiapanecas. Las agresiones iban desde la quema de sembradíos al allanamiento de casas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apoyada por la Policía Federal, por ejemplo, desalojó a campesinos en Montes Azules con una brutalidad enorme. Desde la llegada de Calderón a la Presidencia de la República se han establecido 79 campamentos militares en Chiapas, de los cuales 56 se encuentran en territorio indígena, un 90% de ellos con tropas especiales apoyadas por paramilitares. Aún el gobierno de Andrés Manuel mantiene activos estos campamentos en la región.

En 2013, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, las agresiones continuaron cuando la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, con 300 esquiroles armados, robó las tierras del ejido “10 de abril” y desplazaron a un centenar de familias. Desde entonces, los desplazamientos forzados son más comunes de agresión en Chiapas. Familias enteras y bases de apoyo zapatista aún hoy viven situaciones desesperadas. Estos casos son solo algunos ejemplos, de los miles que han ocurrido en las últimas dos décadas. Año con año las agresiones se han incrementado y normalizado, la mayoría de investigaciones judiciales siguen sin resolverse y la rebelión que inició en 1994 hoy solo es una sombra de lo que fue.

Sin embargo, la situación se ha vuelto más crítica. Desde mayo, de este año, las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas, han sido objeto de al menos diez agresiones paramilitares de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) que es una empresa capitalista que produce café en la región y protege las fincas de los grandes terratenientes con mercenarios. Secuestros, asesinatos, tiroteos, quema de bodegas y escuelas han sido los crímenes cometidos por la organización. Debido a las agresiones y provocaciones la comandancia del EZLN, en junio, comunicó que Chiapas estaba “al borde de la guerra civil”.

El 2 de junio de 2023, paramilitares armados irrumpieron en una casa comunitaria en la comunidad zapatista de Polhó, donde se refugiaban alrededor de 150 personas desplazadas, originarias de Santa Martha, completamente desarmadas. Los paramilitares comenzaron a dispararles, causando la muerte de siete personas e hiriendo a otras tres.

Los refugiados, mayoritariamente de origen tsotsil, habían sido desplazados de manera forzosa en septiembre de 2022, tras haber sido arrebatadas de sus tierras, posesiones y derechos comunales por parte de terratenientes con la colaboración del Gobierno local y el gobierno del estado, encabezado por Rutilio Escandon. Sus viviendas, tras ser saqueadas por los paramilitares, fueron incendiadas para asegurarse de que los pobladores no pudiesen regresar, constituyendo crímenes de lesa humanidad tales como limpieza étnica, desplazamiento forzado y genocidio. Varios miembros de las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN) han sido atacados, a menudo con resultados letales, por parte de la ORCAO, cuya acción contra el EZLN ha dejado decenas de muertos y aún más heridos en nombre de las ganancias de los terratenientes cafetaleros. Su ataque más reciente fue el intento de homicidio a Jorge López Santiz, miembro de las BAEZLN, el 22 de mayo de este año, por parte de los paramilitares, con la víctima aún en condición de gravedad.

Por su parte, el gobierno federal ignora la situación crítica que viven los indígenas en Chiapas y el presidente, Andres Manuel, ha dicho públicamente que no cree que sea “un asunto extendido o grave”. Después, durante una conferencia de prensa en Chiapas a finales de junio dijo: “No, no, no, en general no ha habido agresiones. Hay algunos casos, pero no es una acción deliberada, una embestida.” 

Chiapas no es un caso aislado, pues en todo el territorio nacional las comunidades indígenas y los activistas defensores del medio ambiente son torturados, asesinados, desaparecidos o perseguidos judicialmente. En lo que va de este año ya son más de 24 defensores asesinados, 582 agresiones y una decena de carpetas judiciales abiertas contra estas comunidades que resisten al saqueo de agua y de su territorio por las ganancias de las industrias capitalistas.

El 8 de junio, múltiples marchas fueron organizadas por la Comunidad Indígena Otomí, la Red Universitaria Anticapitalista, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Popular Revolucionaria Zapatista y Adherentes a la Sexta Selva Lacandona EZLN, entre otras agrupaciones contra los ataques impunes. Se solidarizaron en forma de marchas y manifestaciones en Xalapa, Veracruz; Cuernavaca, Morelos; San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así como en el extranjero como Alemania, Estados Unidos, España, Francia y Grecia contando un total global de más de 800 organizaciones mexicanas y extranjeras.

En noviembre, la dirección del EZLN, publicó un último comunicado que llamaba a la solidaridad internacional contra los ataques. Anunciando también que quedaban disueltas las 43 Juntas de Buen Gobierno, el cierre indefinido de los 16 Caracoles para visitantes externos y la reactivación de su mando militar. Parece que, frente a los acontecimientos, el EZLN vivirá un proceso de reformación que tendrá por consecuencia la reorientación de sus actividades y programa en los próximos años. 

Los hechos ponen en grave riesgo la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, y denota una grave retroceso en los avances logrados por el zapatismo en la conquista del derecho a la seguridad, la vida y a la integridad personal de las familias zapatistas. Es por ello que, desde Alternativa Socialista, denunciamos las agresiones y lanzamos un mensaje de solidaridad con las comunidades indígenas de México. Por ello, necesitamos discutir la situación política en México, con miras a construir de manera amplia con las y los trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes, la comunidad LGBTQ+, y en general todos los oprimidos. 

¿Cambiar al mundo sin tomar el poder? Una crítica marxista solidaria

Como socialistas, denunciamos y nos solidarizamos con las comunidades indígenas zapatistas. Sin embargo, es cierto que estas agresiones y campañas de exterminio son muestra de la capacidad del capitalismo para diluir estas experiencias revolucionarias. La propia política del EZLN ha tenido como consecuencia la debilidad de su fuerza organizativa para luchar contra las agresiones. Su política se puede resumir en la frase “cambiar al mundo sin tomar el poder”, esto significa construir un mundo nuevo sin luchar por el poder político para que este recaiga sobre las y los trabajadores y campesinos, dejando así al capitalismo con su principal bastión: el Estado. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha renunciado conscientemente a ser la dirección de un movimiento anticapitalista y popular a nivel nacional. Limitándose a “aconsejar”, con lo cual su enorme autoridad política se ha desgastado, siendo esta la base para las agresiones recientes contra las comunidades zapatistas. Sus victorias se han limitado a los pequeños espacios geográficos y redes locales de apoyo, que no pueden escapar eternamente de las lógicas del capitalismo.

Como socialistas tenemos que analizar situaciones como estas y explicar pacientemente que estas fórmulas producen este tipo de resultados. La experiencia histórica  lo ha confirmado. Hermosos eventos revolucionarios como la Comuna de París fueron exterminados por su incapacidad de tomar el poder sobre nuevas bases, las de la organización de las y los oprimidos. Al igual que en ese entonces, el capitalismo demostró ser una fuerza que no puede solo ser derrotada en Chiapas, ni en México, ni en Latinoamérica, sino que tiene que ser derrotado a nivel internacional. Esto es lo que desde Alternativa Socialista Internacional estamos construyendo en México y en el mundo.