El plantón de Triquis exigió la garantía de un retorno seguro a sus hogares por más de un año en la Ciudad de México, hasta que el pasado 25 de abril fue desalojado por la policía. 

Tierra Blanca Copala, su comunidad, ha sido asediada por grupos paramilitares desde hace años. En el más reciente ataque, el 26 de diciembre de 2020, un grupo paramilitar asesino a una persona y 6 más resultaron heridas, entre ellos 3 niños. Los pobladores huyeron, pero volvieron cuando se les prometió la protección de la Policía Estatal, encontraron sus hogares saqueados y unos días más tarde la policía los abandonó con la excusa de ir a cobrar su quincena. Un segundo asedio se dio el 17 de enero y los habitantes se refugiaron en una comunidad cercana, donde decidieron que partirían a la Ciudad de México para protestar con un plantón indefinido hasta que se les garantizara justicia y un retorno seguro.

Unos 200 policías fueron destinados a desalojar el plantón la madrugada del 25 de abril. La excusa fue que se habían recibido reportes anónimos de que los niños vivían en condiciones insalubres, y así elementos del DIF amenazaron a las madres de llevarse a sus hijos y en medio de la confusión consiguieron que abandonaran el plantón, resignándose a ser trasladadas en camión para ser “reubicadas” en un albergue. No hubo voluntad para resolver sus demandas, pero sí para enviar un enorme cuerpo de policías a desbaratar su protesta.

El albergue al que las llevaron era una cancha con lona y colchonetas, sus pertenencias les fueron aventadas en el piso indistintamente y reportan que muchas se perdieron, incluyendo el poco dinero que tenían. Cuando trataron de salir de las instalaciones se volvió a presentar la policía bloqueando la calle por los dos lados para encapsularlas y les pretendían hacer firmar un documento en el que se comprometían a no volver a hacer el plantón, ellas se negaron. Nunca tuvo nada que ver con la seguridad de los niños, el verdadero objetivo fue invisibilizar su lucha y continuar ignorando sus demandas.

Las triqui se las ingeniaron para escapar por una valla del albergue, pero rápidamente la policía volvió a encapsularlas. Tras aguantar unas horas, consiguieron romper las filas de la policía con ayuda de integrantes de la Caravana por el Agua y la Vida, la sección 9 del CNTE, estudiantes de la UNAM y activistas. Huyeron como pudieron y en la persecución entraron a la colonia Valle Gómez, donde algunos residentes les abrieron las puertas para que se resguardaran. 

El día terminó con tres encapsulamientos en distintas partes de la colonia, la policía se retiró hasta la mañana siguiente, tras 40 horas de haber comenzado una pesadilla para las indígenas desplazadas, que ahora son alojadas en la Casa del Estudiante. El día 28 publicaron un comunicado en el que anunciaron que, a pesar de todo, iban a seguir luchando y el día siguiente convocaron manifestaciones en Oaxaca y la Ciudad de México para exigir una mesa de diálogo.

Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, se excusa con que el problema es del estado de Oaxaca, pero las indígenas denuncian al grupo paramilitar de crímenes de lesa humanidad: secuestro, descuartizamiento, tortura, violación a mujeres, robos y saqueos. Tienen miedo de volver y ante la falta de voluntad política del gobierno de Oaxaca, el gobierno federal debería garantizar la seguridad y la vivienda de la comunidad. Una vez más, la policía demuestra que no existe para garantizar la seguridad ni los derechos humanos, sino para defender a los terratenientes y caciques que necesita de la marginación para seguir reproduciéndose, existe para perpetuar la marginalidad de aquellos que históricamente han vivido en la miseria.

¡Solución a las demandas de la comunidad Triqui!