La indiferencia del Estado, la impunidad y la complicidad entre actores políticos, empresariales y el crimen organizado son condiciones sin las cuales no se explican los cobardes asesinatos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y muchos otros periodistas

Escrito por Alternativa Socialista, ASI en México

México es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes deciden ejercer el periodismo, ni las cifras ni el desolador aumento en las listas de asesinados parecen importar frente a la indiferencia y la inacción del Estado. En México la violencia contra este gremio históricamente vulnerado ha llegado a tales niveles que no pasó siquiera una semana para que Tijuana, la mayor ciudad fronteriza del país, se estremeciera con la noticia del asesinato de dos miembros de la prensa local. Lourdes Maldonado, reportera, fue ejecutada afuera de su casa y Margarito Hernández, fotógrafo, había sido asesinado de la misma manera recién el lunes 17 de enero.

Si el ataque contra Maldonado no fuera lo suficientemente indignante, resulta aún más frustrante si se toma en cuenta el contexto en que ocurrió. La periodista tenía pendiente un juicio laboral desde 2013 contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del infame ex gobernador Jaime Bonilla Valdez. Debido a la cercanía de este con el actual partido en el gobierno federal, en marzo de 2019 Lourdes Maldonado acudió personalmente a exponer sus inquietudes ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador; le manifestó de forma clara que temía por su vida como consecuencia de ese proceso judicial.

De poco sirvió esta petición de ayuda, tampoco hubo tiempo de poner en orden los siguientes pasos en el proceso judicial que Maldonado ganó apenas el pasado jueves 20 de enero. Cuando llegaba a su casa en la noche del domingo 23, y de acuerdo con el reporte del Servicio Médico Forense local, recibió un impacto de bala en el cuello, perdiendo la vida a bordo de su vehículo minutos más tarde. Pese a estar registrada en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el momento de su asesinato se encontraba desprotegida. 

Menos de una semana antes, durante el lunes 17, el fotoperiodista Margarito Martínez, colaborador de medios como BBC, Semanario Zeta, Grupo Cadena y La Jornada, fue víctima de un ataque que acabó con su vida afuera de su propia casa. Recientemente Martínez Esquivel había pedido su inscripción en el Mecanismo, pues había recibido amenazas directas por medio de una transmisión de redes sociales; se le acusaba directamente de administrar páginas que informaban sobre grupos criminales y la violencia vivida en Tijuana. Uno de los posibles indiciados por este crimen fue liberado solamente unos días después, lo cual no permite albergar esperanzas sobre las investigaciones y la obtención de justicia.

De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), México es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo; entre 1992 y 2021, 138 miembros de la prensa han muerto en nuestro país. Pese a que en los últimos años hemos conocido casos muy relevantes (Rubén Espinosa, Javier Valdez, Miroslava Breach), la realidad es que poco ha cambiado: la violencia sigue su curso de normalización en nuestra sociedad. En un contexto de una impunidad superior al 90% de los asesinatos, las reiteradas promesas de “llegar a fondo” en las investigaciones solo se convierten en una cantinela que se repite cada vez más conforme aumenta el número de muertes. El propio presidente insistió en no ligar el asesinato de Maldonado con su disputa contra el grupo mediático de Bonilla.

Pese a las condolencias oficiales pronunciadas por López Obrador, es innegable que el mantenimiento de las amenazas y los ataques directos contra las y los periodistas se da en un ambiente enrarecido por la permanente impunidad del país y por las constantes palabras de desprestigio que el presidente ha lanzado contra el gremio. Sin importar la existencia de los mecanismos de protección a nivel estatal y federal, que poco o nada han evitado el asesinato de periodistas, la presente administración poco ha hecho para mitigar esta situación de vulnerabilidad. Si el compromiso por la justicia y la seguridad de este gobierno fuera real, casos como los que hoy retratamos no serían posibles. 

Desde Alternativa Socialista nos solidarizamos con las familias de las víctimas de la violencia contra las y los periodistas, en especial con las familias de Lourdes Maldonado Martínez. Sumamos nuestra voz para exigir un alto a la persecución y asesinato de personal de prensa y medios por parte de actores estatales, empresariales y del crimen organizado en todo el país; refrendamos que, al tratarse de un problema de fondo y que ha permanecido prácticamente inalterado a través de todos los gobiernos contemporáneos, solo podrá ser resuelto mediante un esfuerzo decidido de los movimientos y organizaciones que defendemos una transformación radical de la sociedad.