Después de siete días de manifestarse en la caseta que sirve de peaje entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, un grupo de 95 normalistas- 74 mujeres y 21 hombres- fueron detenidas y detenidos por policías antimotines la mañana del martes 18 de mayo de 2021.

Escrito por Sebastián Lorea Flores, Alternativa Socialista

Los normalistas se han manifestado principalmente contra el examen de admisión para la Normal Rural de Mactumactzá en línea, una medida evidentemente insultante para el estado que según las propias cifras del INEGI es el último a nivel nacional en acceso a internet. Por otro lado, el hecho de que solamente el 20% de quienes pretenden ingresar a esta escuela lo logran, dejando fuera a la mayoría de poder acceder a un lugar donde se les proporciona no solamente educación, sino también techo y alimento, para después ingresar a uno de los pocos trabajos estables que existen en las regiones rurales del país.

La tradición de resistencia que existe en las normales rurales se vuelve tangible desde la década de 1970, con las luchas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, ambos pertenecientes a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. El desprecio oficial a las mismas no es nuevo, se ha gestado desde hace décadas y se consumó con la –mal llamada- Reforma Educativa que se aprobó en diciembre de 2012, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Causa asombro y desaliento que actualmente, de la mano de la Cuarta Transformación, misma que pretende dar por cerrado el episodio neoliberal, catalogándolo desde el nivel federal como un Antiguo Régimen, reproduzca las estrategias propias del totalitarismo que aplicó el modelo priista ante las prácticas de resistencia y los desafíos que establecían los oprimidos al statu quo, siendo un estado que es gobernado por Rutilio Escandón de Morena.

En el sexenio anterior, desde los medios de comunicación tradicionales, aquellos que llegan a los lugares más recónditos de la república, se libró una guerra sucia en contra del magisterio democrático, recitando como letanía a las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las prácticas de resistencia desde las y los estudiantes de las normales rurales y de las y los docentes adscritos a esta asociación gremial, han sido tachadas por esos medios de vandalismo, de destrozo y de rebeldía sin causa. Se omite mencionar la pobreza a la que están sujetos, los crímenes de Estado de los que han sido objeto desde hace décadas, las telarañas de corrupción que viven día con día desde sus autoridades locales y la falta de atención de demandas básicas, lo que provoca que su hartazgo se vea reflejado a través de esas medidas.

Los operativos de desalojo siguen la misma tendencia autoritaria y sin apego a los derechos humanos elementales, independientemente del partido que gobierne y del estado en que se apliquen. Sus demandas necesitan ser atendidas y difundidas, no solo poner fin al examen en línea que por la vía de los hechos excluirá a la mayoría de estudiantes provenientes de las zonas rurales del estado sino la liberación inmediata de las y los normalistas detenidos y el deslinde de responsabilidades de quienes ordenaron su desalojo y detención.

Otro de los orígenes de este acontecimiento, se define a partir del incumplimiento por parte de las autoridades estatales del acuerdo en el que se instaba a aplicar el examen de admisión de forma presencial. Las condiciones lo permiten, el estado se encuentra en semáforo verde, el activismo partidista se realiza con normalidad, pero se han puesto trabas a que las y los aspirantes a ingresar a la normal realicen el examen en persona. Evidenciando además la burbuja en la que viven los gobernantes, el desapego que tienen por la tierra que administran y dirigen, en la que no es sencillo para la alarmante mayoría de la población el poder comprar un celular o una computadora para acceder a la red y que no pueden pagar el acceso a internet. Para el ciclo anterior, la admisión se tramitó a través de los medios electrónicos, develando precisamente esto que ahora se quiere evitar, ya que el proceso dejó fuera a los grupos vulnerables del estado.

Los hechos acontecidos en Chiapas son una evidencia más de lo absurdo que resulta pretender cambiar la realidad por decreto, más cuando esa realidad no es atendida y comprendida. No se puede catalogar a Mactumactzá como el Ayotzinapa de la 4T, aunque sí muestra que en realidad no se ha cortado de tajo con la Reforma Educativa peñista, ni su tendencia a ignorar las demandas de las normales rurales. Pero también que los modos de resolver y atender las problemáticas de las mismas, que se expresan con estas prácticas, siguen siendo los mismos. De la mano de la arbitrariedad con que se pretende desaparecer el problema –porque no se soluciona, solamente se esfuma con el uso de la fuerza y de la violencia gubernamental-, están también las acusaciones de violación sexual a mujeres que fueron aprehendidas.