La lucha por la reforma judicial impulsada por AMLO ha marcado un nuevo punto de inflexión en la confrontación entre la 4T y la derecha. Se trata de una confrontación histórica de la lucha moderna de nuestro país, mismo en el cual las masas oprimidas le dieron un apabullante apoyo a Morena por medio de las urnas. Los más de 36 millones de votos alcanzados por Claudia Sheinbaum, además de ser una cifra y porcentaje de votos jamás alcanzado por candidato alguno, son, sobre todo, un contundente mensaje de parte del proletariado y del campesinado pobre de ir más lejos en la lucha por la justicia social. En el marco de esa aspiración, las masas oprimidas no sólo ratificaron a Morena en la presidencia de la república, sino que además le otorgaron a dicho partido y a sus aliados, el PT y el PV, una favorable posición en el poder legislativo jamás lograda por la izquierda mexicana, ubicando a esta, en lo que se refiere al frente parlamentario, en condiciones extraordinariamente adecuadas para aprobar reformas constitucionales especialmente profundas.

Escrito por Alternativa Socialista, ASI en México. 

Es en esta nueva correlación de fuerzas, es en la que AMLO impulsa la reforma al putrefacto y decadente poder judicial.

Cárcel para pobres, indolencia para ricos…

No es un secreto para nadie, mucho menos por la forma extraordinariamente cínica con que actúan jueces, ministros y magistrados, que el sistema judicial mexicano está plagado de corrupción. Misma que exacerba el hecho de que la justicia se imparta de forma parcial, poniendo en una condición muy frágil a todo aquel que no tiene para pagar los favores de los tribunales.

Esa lógica es la que explica que, por ejemplo, de acuerdo a un informe publicado por Sin Embargo en 2015, se registraron 7 mil personas entre la población carcelaria del país, la mayoría mujeres, cubriendo penas de hasta 10 años por robo de hambre o “hurto famélico”. Es decir, por robo de comida. Eso sucede en un sistema judicial que a la vez que castiga severamente el robo de pan, es indolente con los delincuentes de cuello blanco, siendo este el caso, por ejemplo, de Rosario Robles por la “Estafa Maestra” o el de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX. Ambos parte de la admiración de Peña Nieto participaron respectivamente en primera fila saqueando las arcas del Estado y de la paraestatal, que tras un breve periodo de reclusión ahora gozan en libertad las comodidades y privilegios que les dan sus millonarias cuentas bancarias producto de la corrupción.

Otro ejemplo es el caso de Ricardo Salinas Pliego, empresario que, gracias a la complicidad de jueces y magistrados, ha podido evitar cumplir sus obligaciones fiscales, las cuales ya suman un adeudo con el SAT que supera los 63 mil millones de pesos. Sin el sistema judicial y los amparos que le otorgaron no podría ser explicada la sistemática evasión del pago del ISR de parte de los grandes empresarios, traduciéndose ello en un descalabro de más de 700 mil millones de pesos para los ingresos de las arcas públicas.

Intereses de clase

Lo anterior ilustra cómo las cortes y tribunales son en excelencia un instrumento al servicio de la burguesía, sin embargo el interés de dicha clase social del control sobre el sistema judicial, no se limita al papel de este como palanca para hacer grandes negocios. Esto también se extiende al frente político. Bajo el capitalismo, y en toda sociedad dividida en clases sociales, eternamente se ha empleado a la ley para perseguir, encarcelar e incluso ejecutar a todo aquel que atente contra los intereses de la clase dominante.

La historia de México y de todo el mundo está plagada de sindicalistas, estudiantes, campesinos, indígenas, mujeres trabajadoras, encarcelados con cargos falsos por luchar a favor de las demandas de los oprimidos y explotados. Pero la ecuación va más lejos que ello: de ser necesario incluso los tribunales son empleados para cercar, desestabilizar o de plano destituir gobiernos inclinados a impulsar políticas que atenten contra los intereses de los capitalistas.

El Lawfare o la guerra jurídica, como se le conoce a esa forma de actuar de las cortes y tribunales de justicia, ya ha significado golpes de Estado técnicos en Bolivia y Perú contra los respectivos gobiernos izquierdistas de Evo Morales y Pedro Castillo. Ello además de la persecución e incluso encarcelamiento de dirigentes de izquierda como Lula da Silva de Brasil y Rafael Correa de Ecuador. Por su parte, en Colombia ya se encuentra en marcha el intento de un golpe técnico por la vía legal para derrocar a Gustavo Petro. Todos estos ejemplos de golpes de Estado técnicos contra gobiernos progresistas erosionados por sus contradicciones, contrastan al mismo tiempo con la inexistencia de situaciones similares contra gobiernos de derecha como el de Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador o Dilma Baluarte en Perú. Dejando claro los intereses de clase detrás de los intentos de frenar o descarrilar proyectos de transformación por muy limitados que estos sean, evidenciando los intereses de clase que defiende la justicia capitalista.

Esos son solo algunos ejemplos de los tantos que existen en América Latina, pero sobre los cuales también se puede hablar en África y Asía, cuando menos.

Lucha de clases

Dado que se trata de una poderosa herramienta al servicio de los capitalistas, estos toman toda clase de medidas para asegurar que el sistema judicial funcione en su beneficio como una maquinaria bien aceitada. Brotando de ello toda una serie de excesos, sobre sueldos, pensiones millonarias y demás privilegios, para mantener felices a los impartidores de justicia, creando así para estos un estado de cosas al cual jamás renunciaran voluntariamente. Así se crea un perverso círculo vicioso de complicidades entre empresarios y jueces, al cual se aferran con uñas y dientes en su defensa.

Pero para el caso de México existen más razones para que la burguesía se aferre a mantener las cosas como están en el poder judicial: el impulso de la clase trabajadora y demás oprimidos de la sociedad ha arrojado, entre otros saldos, que en los últimos seis años la derecha haya perdido importantes posiciones políticas mantenidas por décadas, tanto en el poder ejecutivo y, más recientemente, en el legislativo. Mientras que ahora al frente de la presidencia de la república está AMLO, y en pocos días lo estará Claudia Sheinbaum, por otro lado los partidos de la derecha han sido transformados en una debilitada minoría en las cámaras legislativas.

Es decir, en apenas pocos años, debido al enorme impulso de la clase trabajadora, la burguesía ha tenido que enfrentar un cambio de escenario que, al menos hasta el momento, la obliga a enfrentar algunas políticas contrarias a sus intereses impulsadas desde el poder ejecutivo. Además, a diferencia del pasado en el que la patronal contó por décadas con el voto seguro del legislativo para sus intereses, ahora tiene que lidiar con un marco en el que sus partidos tradicionales, el PAN y el PRI, son minoría e incapaces de imponer por sí mismos reformas contra la clase trabajadora.

Es por ello que la burguesía se ha atrincherado a piedra y lodo tratando de que la reforma judicial de AMLO no triunfe, sabe que el poder judicial es su último reducto en el aparato del Estado sobre el cual mantiene un control absoluto y es consciente de los peligros que encierra para sus intereses el que dicha realidad se altere al menos parcialmente. Incluso el miedo a que el monopolio de la burguesía sobre el poder judicial sea golpeado por la reforma de AMLO ha impulsado al propio imperialismo yankee a intervenir denostando la iniciativa de la 4T a través de diferentes declaraciones de su embajador, Ken Salazar y de diferentes think tanks en EEUU.

¿Lucha parlamentaria o movilización en las calles?

Los marxistas pensamos que si la clase trabajadora encuentra un punto de apoyo para impulsar sus demandas en el marco de la democracia burguesa, en este caso en la presidencia de la República de la mano de Morena junto el poder legislativo en el que dicho partido es mayoría, este debe ser empleado sin duda como un arma. Sin embargo, a la vez señalamos que esos cauces por sí solos son insuficientes, que si no son apoyados por una enorme presión en las calles se corre un serio peligro de que las exigencias del proletariado sean derrotadas y diluidas en el parlamentarismo.

En lo concerniente a la reforma judicial, la derecha ha presentado una importante resistencia empleando toda clase de argucias legaloides y fraseología democrática sin contenido como la supuesta división de poderes y la supuesta concentración de poder para obstaculizar su tránsito por el legislativo. Además de paralizar al Poder Judicial Federal y movilizar en las calles a sectores de la pequeña burguesía así como abiertos lúmpenes, golpeadores y provocadores. La escaldada de la derecha provocó el traslado de la sesión de la plenaria de la Cámara de Diputados a una sede alterna para la aprobación de la reforma en esta primera instancia, pero también forzó esa misma medida en el caso del Senado, tras ser tomada su sede por asalto con el objetivo de reventar la sesión en el que se ratificaría el dictamen sobre la iniciativa presentada por AMLO desde febrero pasado.

Una variable más que mantuvo hasta el último minuto en vilo a la reforma judicial fue el que Morena y sus aliados, para el caso del senado, no contaban con los curules necesarios para reunir la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los votos. Desde nuestro punto de vista, ante la importante resistencia ofrecida por la derecha, la cual ya había dado muestras de que estaba dispuesta a usar la violencia de ser necesario, la opción era la de hacer uso de los 36 millones de votos alcanzado por Claudia Sheinbaum el pasado 2 de julio, llamando a la acción para dar muestras serias de quién verdaderamente tiene la fuerza en las calles. Morena debió llamar a la movilización y la creación de comités en defensa de la reforma judicial en cada barrio, colonia, poblado, escuela.

De lo que se trataba era no de convencer a un enemigo inconvencible porque tiene muy claro sus intereses, ni mucho menos de negociar con algunos de sus elementos dispuestos a cambiarse de bando con el objetivo de preservar sus privilegios y de cierta protección como claramente ha sido el caso de Miguel Ángel Yunes, sino de obligarlos a retroceder. En este y en cualquier otro caso, la resistencia de la burguesía, sus partidos y sus esbirros, sólo puede ser doblegada a condición de que sientan que el suelo se mueve debajo de los pies y que pueden perder todo o al menos más de lo que el proletariado exigía originalmente. Y eso sólo se puede lograr movilizando masivamente a las calles a la clase trabajadora en todas las principales ciudades del país. ¿Qué sí Morena estaba en condiciones para ello? ¡Desde luego que sí! ¡Y lo sigue estando! Pero en lugar de optar por la lucha legislativa con el accionar de las masas, Morena optó por una ruta que sólo se basó, y se sigue basando, en el cretinismo parlamentario sustituyendo la fuerza de los millones de votantes por la negociación con los oportunistas de derecha que saltan del barco de la oposición.

Frente a la falta de votos suficientes, la fracción parlamentaria de Morena optó por reclutar a dos senadores perredistas para su bancada, además de negociar el voto del impresentable Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, así como acordar la oportuna ausencia de Daniel Barreda, senador por MC. La experiencia demuestra que esa clase de resultados por medio de negociaciones carentes del más mínimo principio, no se obtiene a cambio de nada, sino por el contrario se pueden convertir en grandes concesiones que sacrifiquen a los intereses de la clase trabajadora más adelante. Por ello no es del nada descartable que el intercambio con Yunes haya sido el compromiso de no desaforarlo, además de no ejercer ninguna acción legal contra él ni su corrupta familia, mientras que para los otros senadores el acuerdo muy pobremente habrá sido la promesa de algún cargo de elección popular en sus respectivos estado. Gente de esa clase jamás da “paso sin huarache”.

Desafortunadamente la historia demuestra que sin excepción, cada concesión a elementos de derecha, siempre termina teniendo un costo negativo para la clase trabajadora. Desde Alternativa Socialista siempre hemos insistido en ello, razón por la cual llamamos nuevamente a los militantes y simpatizantes de base de Morena a luchar para purgar al partido y a la 4T de toda clase de elementos de derecha. Y luchar también contra la política inmovilista que sustituye la movilización y acción de los militantes y simpatizantes, por la negociación parlamentaria. El cretinismo parlamentario, ha significado retrocesos importantes como en el caso de la Reforma Eléctrica y el descalabro de la elección del 2021. 

El camino del cretinismo parlamentario, es decir, aquella política de los partidos reformistas que opta por tener como principal vía de lucha a través de las reglas definidas por la democracia burguesa, en particular las elecciones y el parlamento, al desdeñar la acción de las masas en las calles y en sus centros de trabajo y estudio, no permite que el enemigo de clase sienta sobre sus hombres el verdadero peso y fuerza de la clase trabajadora y el movimiento social de los oprimidos en general. Al ser así, dado que el cretinismo parlamentario inhibe el que el movimiento de masas se manifieste con toda su fortaleza, la derecha se envalentona provocando que grupos minúsculos (incluyendo jueces, magistrados y ministros) se transforme en un desafío para cualquier gobierno de izquierda.

Sólo así se puede explicar cómo una derecha extremadamente disminuida y debilitada como saldo de las pasadas elecciones, que además defiende una bandera sumamente desacreditada socialmente, es decir la defensa del poder judicial, es capaz de poner contra las cuerdas a una fracción parlamentaria, la de Morena y sus aliados, marcadamente mayoritaria en ambas cámaras.

Por fortuna, el movimiento estudiantil que no sabe de dioses ni de amos, mucho menos de maniobras burocráticas, reaccionó oportunamente movilizando a miles en la mayor parte de universidades públicas bajo la consigna de “¡Reforma Judicial, ya!”. Gracias a ello se modificó la relación de fuerzas en las calles (mismas por las cuales Morena ya había renunciado para dar la batalla) generando un ambiente que apoyó el tránsito hacia la aprobación. De no haber sido por la acción callejera de miles de estudiantes, es muy probable que, en el mejor de los casos, en estos momentos la reforma judicial se encontraría estancada.

La lucha aún no termina

Un hecho del todo positivo es que la derrota sufrida hasta el momento por la derecha y su escudera Norma Piña, alimenta la confianza de la clase trabajadora en sus propias fuerzas. Ya antes, en las elecciones de 2018 y en las pasadas del 2 de junio, la clase trabajadora había demostrado que la derecha puede ser derrotada, incluso en aspectos tan relevantes como la presidencia de la República. Ahora, con el avance logrado hasta el momento en este que es el último reducto sobre el cual la burguesía y sus esbirros tienen control absoluto, nuevamente la clase trabajadora enfrenta una experiencia que alimenta sus deseos de seguir adelante.

La burguesía y el imperialismo están nerviosos pues temen que la reforma, especialmente la elección en voto popular de jueces, ministros y magistrados, implica la irrupción de las masas explotadas y oprimidas en una actividad que ha sido su monopolio por muchas décadas y que les ha arrojado dividendos muy jugoso. Legitimando sin excepción todos los ataques lanzados por los gobiernos del PRI y del PAN contra la clase trabajadora. Ahora, al triunfar la reforma, el voto popular de jueces, ministros y magistrados, pone seriamente en riesgo ese escenario que le ha permitido a la burguesía sistemáticamente tener en esos cargos a sus agentes.

Consciente de lo anterior, la burguesía no desistirá tan fácilmente. Es cierto que al día de hoy son más que fuertes las posibilidades de que AMLO publiqué en días en el diario oficial el decreto que transforme a la reforma judicial en reforma constitucional. Sin embargo, no puede ser descartado de antemano el que la reforma sea impugnada por la derecha ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no por su contenido porque las reformas constitucionales son impugnables, sino por el procedimiento que condujo a su aprobación.

Norma Piña y el Cartel de la Toga, de presentarse la impugnación, ya se encargarán de encontrar algún resquicio legal, existente o inventado por ellos, para intentar de nuevo descarrilar a la reforma judicial impugnando el proceso de su aprobación, tal como ya lo han hecho en el pasado con otras reformas de AMLO aprobadas en el congreso. Por ello, y para cerrarle el paso a la derecha, Morena tiene que pasar ya al terreno de la agitación pidiendo la destitución de Norma Piña junto al Cartel de la Toga. Y la convocatoria a una gran movilización exigiendo a la SCJN la aprobación de la reforma.

Además, dado que la impugnación es la última carta que le queda a Norma Piña, el llamando a la destitución de Piña tiene que ser acompañada de una decidida convocatoria de Morena a salir a las calles en apoyo del llamado a la destitución del cartel de la toga, pero sobre todo para demostrarle rotundamente a la burguesía y al imperialismo que de no desistir en su apoyo al decadente actual sistema de impartición de justicia, las cosas podría ir más lejos.

Las masas en las calles paralizarán a Norma Piña y ataran de pies y manos a la burguesía junto a sus partidos tradicionales. Por el contrario, si todo se deja en manos del frente parlamentario y del legal, entonces sí existe una fuerte la posibilidad de que el Cartel de la Toga encuentre alguna oportunidad, incluso apoyada en los tribunales internacionales, para lanzar una nueva ofensiva contra la reforma judicial. Sin lucha en las calles este último escenario es del todo posible.

Nuestra alternativa

Si bien es cierto que el voto popular, junto a otros elementos que contiene la reforma, sólo significa una victoria parcial para la clase trabajadora dado el grado de decadencia de que padece el sistema judicial, por otro lado es importante señalar que la derrota sobre Norma Piña y sus esbirros significará un importante paso al frente para la causa de la clase trabajadora en la lucha por obtener acceso a la una justicia social y popular.

Los marxistas consideramos esa clase de resultados con mucho entusiasmo, no tanto por lo que significan en términos del sistema mismo sino por lo que significan en términos de la conciencia y organización de nuestra clase. Un pequeño avance del movimiento de masas, es mucho más importante que la fraseología pseudo radical de tres o cuatro grupitos sin ningún impacto real en los procesos ni en la organización de los oprimidos. Sin embargo al mismo tiempo insistimos en que es necesario ir más lejos, pues el problema de la justicia no se limita a la impartición de la misma, sino que está hunde sus raíces en la problemática social que vive la clase trabajadora y demás sectores oprimidos de la ciudad. Los jueces podrán ser electos por voto popular, hecho del todo positivo en caso de que esa medida cristalice, pero mientras la pobreza, el desempleo, la explotación laboral persistan, habrá madres en la cárcel por hurto famélico. También habrá mujeres y hombre a los cuales la desesperación y falta de alternativas los empujará a las garras del narcotráfico, etcétera, manteniendo con ello un contexto que abarrota las cárceles de pobres. Según la Encuesta Nacional Penitenciaria 2023 (Enpol), más del 60% de los internos provenían de hogares con ingresos inferiores al salario mínimo. O dicho en otras palabras, en México tenemos cárceles llenas de pobres y una justicia al servicio de los ricos. 

La pobreza es inherente al capitalismo. No pueden existir multimillonarios como Carlos Slim o Salinas Pliego, por solo nombrar dos casos, a condición de lanzar a la miseria y al desempleo a millones de seres humanos. Revertir esa realidad es imposible en una sociedad capitalista, que se reproduce bajo la condición de que una clase, la burguesía, viva del trabajo ajeno, es decir del trabajo del proletariado.

Además, otra razón para no conformarnos con lo logrado en caso de que la reforma judicial finalmente triunfe, es la de que la corrupción también es intrínseca al capitalismo. Es por ello que, el interés por el dinero sea el valor más apreciado en la sociedad (no puede ser de otra manera bajo el capitalismo) el germen de la corrupción estará ahí latente a pesar de la reforma judicial, tarde o temprano termina por corroer a jueces, ministros y magistrados, a pesar de ser producto de una elección popular, condenando así al poder judicial a una nueva era de decadencia al menos igual de aguda a la que se padece actualmente.

La justicia plena sólo puede ser obra de una sociedad en la que la producción sea para el bienestar de todas las familias trabajadoras y no un botín para unos cuantos, la burguesía parasitaria. Y en lo concerniente a la procuración de justicia, esta solo puede venir de la constricción por parte de la clase trabajadora de sus propios mecanismos de impartición de justicia. Por consecuencia, la expropiación del gran capital bajo el control democrático de la clase trabajadora, es condición sin la cual no se puede hablar nunca de verdadera justicia.

¡Únete a nuestra Alternativa y lucha por un programa socialista para el movimiento obrero!