El pasado 25 de julio se presentó el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, en el que se analizan los avances y los obstáculos en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. El informe, titulado “La verdad histórica se acabó”, cuestiona la versión oficial que sostiene que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, y propone nuevas líneas de indagación basadas en evidencias científicas, testimonios y documentos.

Escrito por Christian García, Alternativa Socialista (ASI en México)

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es uno de los episodios más emblemáticos y dolorosos de la violación sistemática de los derechos humanos en México, que evidencia la profunda crisis social y de violencia que vive el país desde hace décadas. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se inscribe en un contexto nacional marcado por la violencia estructural que ha dejado más de 300 mil muertos y más de 80 mil desaparecidos desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” en 2006. Situación que pese a los cambios en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Obrador, aún no ha sido superada. 

El informe del GIEI tiene como objetivo principal contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, así como a la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales. Para ello, el informe presenta un análisis exhaustivo y riguroso de las evidencias disponibles, tanto las recabadas por las autoridades mexicanas como las obtenidas por el propio GIEI mediante entrevistas, peritajes y solicitudes de información. También hace una evaluación crítica de la actuación de las instituciones encargadas de la investigación, así como de los obstáculos y las deficiencias que han impedido el avance del caso.

La investigación del GIEI desmonta la versión oficial conocida como “verdad histórica”, que sostiene que los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan. La investigación demuestra que esta versión se basa en pruebas ilícitas, como: la tortura de los detenidos, la manipulación de las evidencias, la omisión de testimonios y la falta de rigor científico. Además, señala que esta versión tiene como objetivo encubrir la participación de otros actores e instituciones, así como desviar la atención de otras hipótesis más plausibles.

Así, el GIEI ha propuesto una nueva narrativa de los hechos, basada en una cronología detallada y una georreferenciación precisa de los lugares donde ocurrieron los ataques contra los normalistas. Identifica seis escenas del crimen: el Palacio de Justicia, el Periférico Norte, el Puente del Chipote, el cruce hacia Huitzuco, el basurero de Cocula y el río San Juan. Y establece cuatro líneas de investigación prioritarias: la participación de agentes estatales y federales en los hechos; la posible confusión de los normalistas con un grupo rival por el traslado de un cargamento de heroína; la posible vinculación de los hechos con el trasfondo político-electoral en Iguala; y la posible relación de los hechos con la actividad minera en la zona.

El último informe del GIEI reconoce el papel central de las víctimas y sus familiares en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como su derecho a ser escuchados, informados, protegidos y reparados integralmente. Destaca la dignidad, la fortaleza y la organización de los padres y madres de los 43 normalistas, que han mantenido una movilización permanente y pacífica para exigir la presentación con vida de sus hijos. El informe también denuncia las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las víctimas, como la estigmatización, la criminalización, la revictimización y la falta de atención adecuada.

El caso Ayotzinapa no es un hecho aislado ni fortuito, sino que es parte de una lógica estructural de violencia que responde a los intereses del capitalismo y a las formas de dominación política que lo sostienen. Genera una situación permanente de guerra contra los pueblos. Los informes del GIEI y en especial el último, son documentos valiosos que aportan elementos para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, así como para la exigencia de verdad y justicia para las víctimas y sus familiares. 

La salida de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa es un hecho lamentable que evidencia los límites de la política del gobierno de López Obrador para esclarecer la verdad y castigar a los responsables, incluido a miembros del ejército señalados en la desaparición de los normalistas. El GIEI, que fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del estado mexicano, realizó una labor profesional, rigurosa e independiente durante los casi nueve años que estuvo en el país, presentando seis informes que cuestionaron la versión oficial y propusieron nuevas líneas de investigación basadas en evidencias científicas, testimonios y documentos. 

Sin embargo, el GIEI se ha enfrentado a diversos obstáculos y resistencias por parte de las autoridades mexicanas, especialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que se negaron a entregar información clave sobre la participación de agentes estatales y federales en los hechos, así como sobre el posible trasfondo político, económico y criminal del caso. El Grupo de Expertos denunció que hubo manipulación y ocultamiento de evidencias, tortura de detenidos, estigmatización y revictimización de las víctimas, y falta de atención y reparación integral.

El presidente de la república mostró una actitud ambigua y contradictoria con el caso Ayotzinapa. Por un lado, prometió crear una Comisión de la Verdad y permitir que organizaciones internacionales colaborarán en las investigaciones. Por otro lado, acusó al GIEI de realizar una campaña en contra del Ejército por el caso Ayotzinapa, respaldó al aparato policíaco y militar e impidió que los titulares de SEDENA y Marina fueran interrogados sobre el tema. Y negó que hubieran bloqueado la información oficial sobre el caso y minimizó los avances del GIEI.

Estas actitudes muestran el poco compromiso de Obrador con la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa, evidenciando que ante todo busca proteger a las instituciones militares y políticas que están implicadas en el crimen. La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado que evidencia al sistema en su conjunto pero también es un símbolo de la resistencia y la dignidad de los sectores populares que luchan por sus derechos y por una transformación social. Por ello, desde Alternativa Socialista proponemos que la búsqueda de la verdad y la justicia para los 43 normalistas desaparecidos y sus familias no se limite a la vía judicial, sino que se articule con las luchas sociales, obreras, campesinas, feministas e indígenas que buscan construir una nueva sociedad distinta.