El desabasto de medicamentos e insumos médicos, resultado de políticas fallidas en el sector salud, afecta directamente la calidad de vida a quien vive con enfermedades crónicas, enfermedades de baja prevalencia y a cualquier persona con cualquier enfermedad. Una mala política de salud pública es una condena de muerte para miles de personas.

Escrito por Fernando Villarreal, Alternativa Socialista (ASÍ en México)

Pero este desabasto no es nuevo. Desde 2013 hasta 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coordinó la compra de medicamentos mediante un proceso conocido como “Compras Consolidadas”. A la entrada de AMLO y el actual gobierno federal se implementaron una serie de decisiones mal planeadas en un intento por eliminar la corrupción en la cadena de compra y distribución de medicamentos e insumos médicos.

Una estrategia fallida

En el intento por combatir los sobreprecios de los medicamentos, en mayo del 2019 el Gobierno de México emitió un veto a las principales distribuidoras de medicamentos prohibiendole a las instituciones comprarles y acusandoles de construir un oligopolio (10 empresas acaparaban la distribución, 3 de estas concentraban el 40% de venta a precios elevados). Sin embargo esto no  tomó en cuenta ninguna alternativa real que pudiera reemplazar la amplia red de distribución, almacenaje y personal que estas empresas habían acaparado a lo largo de años, y esto dio como resultado retrasos en las compras y desabasto en distintas áreas.

En un intento por transparentar la compra de medicamentos, el Gobierno de México llegó a un acuerdo en 2020 con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la cual se encargaría de las compras consolidadas de medicamentos desde el 2021 al 2024. Esto tampoco ha logrado resolver el problema, ni siquiera la ha amortiguado, pues se volvió a realizar con retrasos la compra de insumos médicos. Compras que antes realizaban de manera gratuita y cómo parte de las funciones regulares del IMSS,ahora costarían alrededor de 85 millones de dólares por la comisión que se le paga al organismo (al menos 1.25% del monto total invertido).

Tampoco se contempló una solución al problema de distribución de medicamentos e insumos médicos, pues se intentó cambiar de modelo de la noche a la mañana sin considerar planes de implementación graduales que sustituyeran a las distribuidoras, ni que tomen en cuenta posibles soluciones en caso de fallas.

La terapia agravó los síntomas

La empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) fue presentada como la solución a los problemas de distribución de medicamentos e insumos médicos. No obstante, esta empresa no sólo no contaba ni cuenta con la infraestructura  (camiones, almacenes, cadena fría, plataforma logística, etc.) ni el personal requerido para poder proporcionar el servicio de distribución de insumos tan delicados, ni los recursos para construirlo. El organismo está prácticamente en la quiebra, lleva arrastrando varias pérdidas millonarias, y para el 2023 se le redujo su presupuesto. Además de tener un pasado corrupto, en la investigación “Facturas Falsas” se reveló que Birmex pagó recursos públicos por $213 millones de pesos a cinco empresas fantasma en sólo 17 meses, entre 2014 y 2016.

Su posición le hace recibir una comisión millonaria; Birmex se ha convertido en el gran intermediario de la distribución, justo lo que se pretendía eliminar, ya que contrata a operadores logísticos y a distribuidoras privadas para suplir su nula capacidad de actuar como distribuidora. Para las compras de Isabi/UNOPS se le asignó el reparto de medicamentos y material de curación en el Valle de México, incluyendo la ciudad de México y la zona metropolitana, tarea que sobrepasaba sus capacidades por lo que se vio obligada a subcontratar a varios operadores logísticos. 

Que una empresa como esta sea considerada para coordinar una labor tan importante para la seguridad social no es coincidencia, sigue la misma tendencia de empoderamiento de los aparatos estatales alrededor del mundo, resultado de la actual crisis del modo de producción capitalista.

Eso se puede rastrear desde la asignación del actual director de Birmex en diciembre de 2021, Jens Pedro Lohmann, General de División retirado del ejército mexicano. El nombramiento de un perfil con formación militar como responsable de Birmex es problemático por diversas cuestiones.  Es difícil pensar que una persona con su perfil – orientado al estudio de materias militares relacionados con la artillería y estudios históricos – tenga conocimientos sobre el campo o sobre dirigir equipos científicos. Así mismo, su desempeño ha dejado claro que no le presta la atención suficiente a la infraestructura en deterioro de Birmex. Al mismo tiempo, su nombramiento responde a la intención de crear un mecanismo de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas para la distribución de medicamentos e insumos médicos, a la par que se buscaba combatir la corrupción y la escasez. 

El negocio de las farmacéuticas

No son extrañas las mezquinas prácticas que buscan aumentar los beneficios a costa de la salud y la vida de las personas. Las farmacéuticas privadas no son la excepción, y son estas quienes comparten culpa en el desabasto y sobreprecio de medicamentos. 

Según informa la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se comprobó que entre los años 2003 y 2006 cuatro empresas privadas, entre ellas Laboratorios Pisa, conspiraron para eliminar la competencia en las licitaciones e inflar desproporcionadamente los costos de insulina, generando ganancias por más de 182 millones de pesos y afectando a millones de personas. 

Una vez que se comprobó este delito, la resolución determinó una multa de poco más de 21.5 millones de pesos. Sólo una fracción de los beneficios que habían conseguido a costa de la calidad de vida de millones. Resulta que la mayoría de las veces a las grandes farmacéuticas les es más rentable asumir una multa por violar una regulación, en cuestión logistica, o en los procesos de gestión de calidad de la creación de un medicamento, que corregir estas fallas, lo que requiere una mayor inversión.

Cuando se descubren esas fallas en los procesos de gestión de calidad, se procede al cierre de plantas o suspensión de actividades-Esta es una de las razones principales de la generación del desabasto. Ya que el mercado de farmacéuticas no tiene intenciones reales de regular la producción y corregir fallas sistémicas, así también, una distribución monopolizada o la distribuidora propuesta por el gobierno, una ineficiente, genera un gasto enorme e ineficiencias logísticas, como consecuencia el déficit no se puede satisfacer rápidamente, quien termina sufriendo son los pacientes que necesitan de ese tratamiento.

El 22 de febrero de este año, la COFEPRIS publicó un comunicado en donde se menciona que identificaron una serie de deficiencias críticas en la trazabilidad de psicotrópicos y estupefacientes en dos plantas de producción de Psicofarma. Se resolvió en una suspensión parcial de sus actividades hasta que la empresa solvente las observaciones señaladas, por lo que no parecería extraño que en los siguientes meses haya un desabasto de este tipo de medicamentos.

Consecuencias actuales

El desabasto de medicamentos e insumos médicos es un problema complejo y multivariable. Se vio agravado fuertemente por la pandemia del COVID-19 y, según declaraciones del presidente de la Federación de Propietarios de Pequeñas Farmacias en el Estado de México, Alfredo Urbano Flores, la guerra de Ucrania-Rusia ha presentado problemas para la adquisición de algunos componentes.

Las cifras son preocupantes y es que en el 2019 el IMSS no surtió completamente alrededor de 5 millones de recetas, en 2020 fueron 15 millones, en 2021 fueron 22 millones. Los fármacos que reportaron mayor escasez en 2022 fueron los recetados para problemas de salud mental, cáncer, diabetes, enfermedades neurológicas y VIH.

Hay mecanismos alternos como los programas de vales de medicamentos en los que el IMSS reporta un porcentaje de cajeo regular bajo, evidenciando una falla rotunda en los mecanismos de emergencia. Y en un reciente informe del Insabi, se habla de una compra fallida de alrededor de 27.9 millones de fármacos y materiales de curación el pasado 2 de febrero, entre ellos el sulfato de morfina, de los más importantes para combatir los dolores que trae consigo el cáncer.

Necesitamos alternativas

El problema, lejos de reconocerse como urgente, sigue siendo objeto de pronunciamientos políticos vacíos y estrategias que han demostrado empeorar la situación. El desabasto de medicamentos es un fracaso que ocurre cuando las estrategias políticas son deficientes frente a los retos que presentan la monopolización del sector de salud. Esto nos vulnera principalmente a las y los trabajadores y atenta contra nuestras vidas. 

Basta de especulación y soluciones a medias, necesitamos un sistema en el que los trabajadores controlen democráticamente los medios de producción de insumos de salud, y estos puedan ser dirigidos puntualmente a donde más se necesiten. Donde sobrevivir a una mala enfermedad no sea una cuestión de clase. Solo lo podemos resolver bajo un sistema nuevo, uno que construyamos las y los trabajadores con nuestra propia voluntad, descentralizando la distribución de medicamentos e insumos médicos, cambiando los sistemas de trazabilidad, de logística y producción a uno que satisfaga las necesidades reales del que la clase trabajadora y del que seamos dueños, castigar fuertemente a quien especule con los medicamentos y que sea la clase capitalista quien pague por las crisis que genera para que eventualmente se vea desposeída de los medios de producción y estos pasen a manos de las y los trabajadores, para que el último fin no sea la ganancia y esta se no consiga a costa de la salud de millones.