Tal como está, el gobierno actual tiene poco apoyo fuera de una porción muy pequeña de la población compuesta en su mayoría por la pequeña burguesía ultra reaccionaria y los capitalistas más ricos. Pero estos están dispuestos a hacer cualquier cosa para aferrarse al poder, sea cual sea el costo humano.

Escrito por David S., Sozialistiche Aletrnative (ASI en Alemania)

El 28 de abril las masas colombianas salieron a las calles. Cientos de miles de personas respondieron a la convocatoria de una huelga nacional a pesar de la amenaza de la pandemia y las restrictivas medidas de bloqueo actualmente en vigor. Es muy probable que, sin temor a la pandemia, ese número hubiera llegado a millones.

Este es el regreso a la movilización social que se había detenido después de finales de 2019 debido al inicio de la pandemia de COVID. Sin embargo, la desaceleración económica sólo ha hecho que la situación de la clase trabajadora sea más desesperada de lo que estaba en el período previo a las huelgas de noviembre de 2019. Convocados por las organizaciones obreras y los líderes sociales, éstos paralizaron el país durante días y se ha desatado represión por parte de las fuerzas estatales.

Tal como está, el gobierno actual tiene poco apoyo fuera de una porción muy pequeña de la población compuesta en su mayoría por la pequeña burguesía ultra-reaccionaria y los capitalistas más ricos. Pero estos están dispuestos a hacer cualquier cosa para aferrarse al poder, sea cual sea el costo humano.

La reforma fiscal de 2021: ¿contra la “clase media”?

El detonante de las protestas actuales es la propuesta de una reforma fiscal por parte del actual gobierno del presidente Iván Duque, miembro del partido de extrema derecha Centro Democrático (CD). Esto viene en la parte posterior de una serie de paquetes neoliberales en 2018 y 2019, el último de los cuales desencadenó una revuelta masiva que sacudió al país.

La nueva reforma fue cínicamente llamada la “Ley de Solidaridad Sostenible” introducida para combatir un déficit fiscal que se disparó durante la pandemia. El gobierno intentó desvergonzadamente ocultar su carácter anti-obrero introduciendo algunos artículos que garantizarían retornos en forma de subsidios a los más pobres de la población

En Colombia, una persona se considera pobre cuando gana menos de 168 dólares al mes. Según esas métricas, eso representa el 67% de la población. Esta reforma fiscal busca financiar un apoyo monetario adicional para los 18,8 millones más pobres, extraídos de la llamada “clase media”, la mayoría de los cuales son trabajadores que ellos mismos están luchando por sobrevivir.

De este sector de la sociedad, se esperaba extraer 7,200 millones de dólares adicionales. Los métodos para lograr esta suma son dobles. En primer lugar, habrá un rango menor para el impuesto sobre la renta: cualquier persona que gane por encima de 690 USD al mes tendrá que empezar a pagar el impuesto sobre la renta, en lugar de aproximadamente 940 USD como lo era antes. Pero la segunda y más preocupante es la introducción de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) para muchos productos de consumo básico, entre ellos pollo y huevos, dos alimentos básicos de la nutrición de la clase obrera colombiana.

¿Qué puede permitirse Colombia?

A pesar del tono y el clamor por la falta de financiación para el Estado, el gobierno de CD no tuvo reparos en aumentar los fondos para la represión estatal. En medio de la pandemia, la presidencia decidió comprar aviones de combate a Lockheed Martin por un monto de 4.500 millones de dólares, y glifosato de Bayer por 2.200 millones de dólares, tras el llamado del presidente estadounidense Biden a reiniciar los esfuerzos de erradicación de la planta de coca. Puede que no haya suficiente dinero para evitar que las masas pasen hambre o sin hogar, pero hay suficiente para envenenarlos o financiar el belicismo contra el vecino país de Venezuela.

Aunque hubo una medida de apoyo monetario para los más pobres durante la pandemia, se retrasó y sólo se produjo a raíz de las protestas públicas con informes de familias padeciendo hambre durante el encierro. Ni siquiera esto fue suficiente. Además, se entregó de tal manera que los bancos pudieron beneficiarse de ella a través de transacciones de terceros con el sector privado.

Y ahora la mayor parte de los pobres colombianos pagan el precio de las migajas que el gobierno concedió amablemente a las masas. Este proyecto de ley plantea que será la clase obrera disminuida, en un país donde aproximadamente la mitad de la población con cuerpos capaces está desempleada, la que llene las arcas agotadas del Estado, en lugar de los ricos que poseen la mayor parte de la riqueza y la tierra en su férreo control.

La huelga nacional y la represión del Estado

A pesar de la baja afiliación sindical en Colombia, fueron los sindicatos los que tomaron la iniciativa y pidieron que el 28 de abril fuera la jornada de huelga nacional. En última instancia, esto se produjo como resultado de la presión de la bases, lo que refleja un descontento generalizado por la situación intolerable que enfrentan la clase trabajadora y los pobres. Iván Duque ya estaba experimentando mínimos históricos en términos de popularidad.

Los ataques fueron masivos, y hubo manifestaciones incluso en las zonas más conservadoras del país. Esto fue más allá de las expectativas de todos, incluida la dirección del sindicato, que habían pronosticado una escasa presencia de personas ese día. Pero contra todos los pronósticos, cada ciudad vio a miles o decenas de miles de personas salirse a la calle para protestar pacíficamente. 

Sin embargo, ninguna protesta pacífica es lo suficientemente pacifica para la brutal política represiva de la “democracia más estable de Sudamérica”. En la mañana del día 28 un hombre fue asesinado por un policía y al menos 4 más siguieron solo ese día.

Las movilizaciones han continuado desde entonces. El número oficial de muertes de civiles asciende ahora a 26, aunque la cifra real es probablemente mucho mayor.

Hay informes de decenas de desaparecidos y muchos más heridos. Aunque las cifras no están claras, una cosa es cierta: el epicentro de la violencia está en Cali, la capital de la provincia del Valle del Cauca. Allí, muchos han resultado heridos por la policía, que ha estado disparando no sólo balas de goma, sino también munición real, así como disparando gases lacrimógenos contra zonas residenciales. A pesar de la aparente preocupación del gobierno por las personas que sacando a las calles durante una pandemia, la policía no ha tenido ningún problema en llevar a nadie , independientemente de su edad, a centros deportivos y estaciones hacinadas donde los han detenido ilegalmente.

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido CD y posiblemente el político más poderoso de Colombia, pidió que la policía y el ejército usen sus armas para “defender a la gente y a la propiedad del vandalismo terrorista” por lo que su cuenta de twitter fue suspendida. Pero el estado de ánimo ya se había establecido. El 1 de mayo, el presidente Iván Duque compareció ante las cámaras con el comandante de las fuerzas armadas colombianas para declarar que el ejército se uniría a la policía para “restablecer el orden” y “proteger la integridad del pueblo”.

Esa amenaza finamente velada no fue suficiente para disuadir a las masas colombianas, y en todo caso motivó manifestaciones más persistentes de sectores más amplios de la sociedad. El apoyo a las protestas seguía siendo alto y la gente trataba de evitar confrontaciones innecesarias, expulsando y rechazando a los provocadores.

Incluso aquellos que no se atreven a salir han estado de pie en los balcones y las ventanas y golpeando sus ollas y sartenes como señal de apoyo. Como Colombia está soportando una de las peores situaciones de Covid del mundo, muchos se han quedado en el interior. Ahora, con las víctimas de la brutalidad policial llegando a los hospitales, se puede esperar que la ya sobrecargada atención médica de emergencia alcance sus límites.

Un revés para el gobierno

El 2 de mayo el presidente Duque declaró que no impulsarían el proyecto de reforma tributaria, y el 3 de mayo el infame ministro Carrasquilla renunció a su cargo.

Había la expectativa por parte de los representantes del Estado y sus medios de comunicación de que esto conduciría a un retorno a la normalidad, pero la movilización ha continuado. Los trabajadores, pobres y oprimidos de Colombia saben que no quieren las políticas neoliberales ya existentes, como las dos reformas fiscales anteriores, y van a salir a las calles para exigir un cambio.

Por supuesto, el movimiento no se trata sólo de este proyecto de ley específico, sino de los continuos ataques a los trabajadores y a los pobres durante todo un período. Quienes protestan contra el proyecto de ley de reforma también son conscientes del próximo intento de aprobar una reforma sanitaria que complete la privatización del sistema y dará a los proveedores de atención médica más poder para rechazar los servicios o cobrar más: todo ello con una compensación más pobre para los trabajadores sanitarios. Del mismo modo, después de los escándalos del sistema de pensiones, el gobierno también tiene la intención de impulsar otra ola de privatización de las pensiones de las personas. 

Todo esto está en la mente de la gente cuando permanecen en la calle, y además, una declaración que promete la eliminación del proyecto de ley no es igual al acto en sí. Dado que el gobierno está decidido a aprobar una legislación fiscal, esto sólo significa que elaborarán un proyecto aún más opaco que tomará semanas para desenredar, como en ocasiones anteriores.

Una crisis persistente: no hay salida capitalista al fracaso económico de Colombia

La economía colombiana es una basada en la deuda. Se sostiene a través de préstamos del FMI que contienen demandas neoliberales para que el país siga, y a su vez hacen que sea cada vez más difícil para la economía recuperarse adecuadamente a largo plazo. Incluso si antes de la pandemia el país veía un repunte del PIB, eso era poco más que la mayor depredadora financiarización de la vida de las personas. Esto se reflejó en el aumento de las ganancias para las grandes empresas, sin un crecimiento equivalente considerable en el ámbito de la producción. 

El país está dirigido a instancias de los grandes terratenientes, los banqueros y los grandes industriales -estos últimos beneficiados de numerosas Zonas Económicas Libres bajo la dudosa suposición de que volverán a invertir en la comunidad- y, por último, pero no menos importante, los cárteles de la droga, que están estrechamente vinculados con esos tres sectores de una manera u otra. Estos se ayudan a sí mismos con el reparto leonino de las arcas estatales a través de la contratación del Estado con muy poca supervisión.

La principal exportación de Colombia son las materias primas. Hay poco espacio para que el país sea competitivo con otras naciones que están mejor situadas para proporcionar las condiciones para la producción industrial a gran escala. Esto se acentúa por la adhesión fiel a la doctrina neoliberal desde que se convirtió en la corriente principal dentro de la esfera de la influencia estadounidense. 

No hay esperanza de una recuperación económica en las condiciones actuales, y ninguna cantidad de represión de la clase trabajadora para incentivar el capital extranjero cambiará eso.

El capitalismo no proporciona ningún camino para de avanzar en Colombia, ni en su forma actual ni a través del reformismo socialdemócrata. Las masas colombianas entienden a los primeros, pero también tienen grandes esperanzas para el segundo en la figura de Gustavo Petro. El ex miembro del M-19 (una organización de guerrilla urbana de izquierda) parece ahora ser la persona más probable para ganar las próximas elecciones presidenciales con su movimiento “Colombia Humana”. Podría convertirse en el primer presidente de izquierda en toda la historia de Colombia. Pero la clase obrera colombiana no puede tener ilusiones en las reformas gubernamentales que no solucionan los problemas intrínsecos del capitalismo global. Sólo un movimiento organizado de la clase obrera, armado con un programa socialista, puede romper con el imperialismo y el capitalismo, la verdadera fuente de la pobreza, explotación y opresión que aqueja a las masas colombianas.