El 8 de diciembre de 2023, los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales han solicitado la anulación de las elecciones celebradas en agosto pasado de las que ha resultado ganador Bernardo Arévalo, avalado por el Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía ha pedido también se le retire la inmunidad a Arévalo, para poderlo investigar por supuestos actos de corrupción. La maniobra judicial ha sido tal, que incluso la Organización de Estados Americanos ha tenido que condenar lo que ha caracterizado como un golpe de Estado por parte del Ministerio Público guatemalteco. 

Escrito por Alternativa Socialista, ASI en México.

Bernardo Arévalo, quién es hijo del expresidente Juan José Arévalo, logró el 58% de los votos en la segunda vuelta el 20 de agosto pasado. Presentado como un candidato anticorrupción que prometía enfrentarse a la clase dirigente, su campaña se convirtió en una expresión política de la enorme ira de los trabajadores, los pobres y los oprimidos. Además de soportar el peso de décadas de políticas neoliberales, la pandemia y los desastres climáticos han agravado la miseria de las masas guatemaltecas. El 60% de la población vive en la pobreza, cifra que se eleva al 80% entre la población indígena.

Tras la sorprendente victoria de Arévalo en la primera vuelta del pasado mes de junio y temiendo un desafío a su poder, beneficios y prestigio, sectores de la derecha interpusieron una demanda contra los resultados de la primera vuelta, dando como resultado una orden de la Corte de Constitucionalidad al Tribunal Electoral para suspender la calificación y oficialización de los resultados. Semilla, el partido de Arévalo, también fue suspendido.

Pero las maniobras antidemocráticas de la oligarquía guatemalteca provocaron que las masas salieran a protestar a principios de octubre y durante semanas paralizaran el país con movilizaciones y bloqueos para exigir la destitución de la fiscal general golpista Consuelo Porra.

Este nuevo intento se desarrolla después de que el Ministerio Público haya allanado las oficinas del Movimiento Semilla y del Tribunal Superior Electoral para supuestamente investigar los comicios. Del mismo modo no solo ha solicitado el fin de la inmunidad de Arévalo, sino incluso de diputados cercanos al presidente electo, en un claro intento por amedrentar tanto a Arévalo y sus simpatizantes como al propio Tribunal Electoral

Aún no resulta claro el desenlace del intento de golpe judicial de la Fiscalía de Guatemala. El propio Tribunal Supremo Electoral ha declarado que las elecciones no se repetirán y que los resultados de la elección de agosto pasado son inalterables, válidos y oficiales.

Esto ha sido respaldado por el gobierno estadounidense, que ha aumentado la presión para una transición pacífica del poder retirando los visados a 100 miembros del congreso guatemalteco. Pero esto no es por motivos altruistas. Todos los discursos sobre la promoción de los derechos humanos encajan bien en la retórica que está adoptando el imperialismo estadounidense en su rivalidad interimperialista con China como una batalla de democracia contra el autoritarismo. 

La historia de intervención política y militar del imperialismo estadounidense en Guatemala es bien conocida, ya que ha apoyado activamente golpes de Estado contra gobiernos elegidos democráticamente que consideraba que ponían en peligro sus intereses. En 1954, Estados Unidos respaldó el golpe militar contra Jacobo Arbenz y, a lo largo de los años 80, la administración Reagan apoyó y financió las campañas genocidas de contrainsurgencia de Ríos Montt, que dejaron 200.000 muertos, la mayoría indígenas mayas.

Pero en la coyuntura actual, el objetivo primordial de la administración Biden es mantener algún tipo de estabilidad en Guatemala, que es una de las principales fuentes de migrantes que llegan a la frontera estadounidense. Recordemos que en una visita en 2021, Kamala Harris dijo cruelmente a los guatemaltecos que no vinieran a EE.UU. Cientos de miles han hecho el viaje en los últimos años huyendo de la miseria social y la violencia, producto a su vez de las acciones y políticas del imperialismo estadounidense y sus lacayos locales en la clase dominante guatemalteca.

El diplomático estadounidense Brian Nichols visitó el país en octubre para reunirse con Arévalo, líderes empresariales y otros grupos de la oposición en un intento de apuntalar al nuevo gobierno como un aliado fiable. Sin embargo, ni siquiera una transición pacífica del poder puede proporcionar una estabilidad significativa frente a las crisis superpuestas a las que se enfrenta el capitalismo guatemalteco. Desgraciadamente, las suaves políticas socialdemócratas y la estrategia conciliadora de Arévalo y el Partido Semilla no están a la altura del tipo de cambio revolucionario necesario para señalar el camino a seguir. 

Los trabajadores y los oprimidos no deben confiar en las instituciones capitalistas, ni en la retórica hueca y cínica del gobierno de EE.UU. que está dando luz verde a la masacre del Estado israelí en Gaza. Las masas deben confiar en su propia fuerza y métodos de lucha para garantizar la defensa de los derechos democráticos.  E incluso bajo una presidencia de Arévalo, la clase obrera debe permanecer movilizada y preparada para hacer frente a nuevos ataques de la clase dominante en el próximo período, que esto debe estar conectado a un programa para la transformación socialista en Guatemala y la región.

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