Luchar contra este gobierno asesino es parte de la lucha por la supervivencia de la mayoría del pueblo boliviano.

Escrito por André Ferrari, Liberdade Socialismo e Revolucao (ASI Brasil)

Durante casi dos semanas, el movimiento obrero, campesino e indígena boliviano se movilizó a través de marchas, manifestaciones y más de 100 puntos de bloqueo de carreteras en todo el país contra el proyecto ilegítimo, antidemocrático, antipopular y proimperialista de Jeanine Áñez.

La COB (Central Obrera Boliviana) y el Pacto de Unidad, que aglutina a varios movimientos indígenas y campesinos, convocaron a la jornada de lucha a partir del 3 de agosto. También participó en el movimiento una amplia gama de manifestantes autoconvocados. El detonante que desató la pelea fue el tercer aplazamiento consecutivo de las elecciones presidenciales originalmente convocadas para mayo de ese año. 

La decisión del Tribunal Supremo Electoral de cancelar la última fecha fijada para las elecciones (6 de septiembre) y de nombrar una nueva para el 18 de octubre reforzó las expectativas de que el gobierno resultante del golpe de Estado de noviembre de 2019 pretendiera mantenerse en el poder indefinidamente y no estaba dispuesto a garantizar elecciones libres en el país.

En el transcurso de las movilizaciones, además de la exigencia de mantener la fecha fijada previamente para las elecciones, cobró fuerza la defensa de la caída inmediata del gobierno de Áñez. 

Además de la represión estatal y la sórdida campaña racista promovida contra los movimientos obreros y campesinos indígenas, también hubo una acción de huelga de grupos fascistas que atacaron los cortes de ruta y amenazaron a activistas y líderes del movimiento. La propia sede de la COB y la Federación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ en La Paz sufrió un atentado con bomba en la madrugada del 14 de agosto. 

Muchos de estos grupos de tendencias fascistas, como la ‘Unión Juvenil Cruceñista’ (de Santa Cruz) o la ‘Resistencia Juvenil Cochala’ (de Cochabamba), son los mismos que jugaron un papel relevante, con la connivencia de la policía y el ejército, en el clima. de terror que marcó el golpe de 2019.

Tras más de diez días de barricadas, movilizaciones y enfrentamientos, un acuerdo en el que participaron los parlamentarios del MAS (‘Movimento al Socialismo’, partido del expresidente Evo Morales) y las fuerzas de derecha llevó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar , el 13 de agosto, una ley que garantiza la fecha del 18 de octubre como definitiva, y ya no puede ser modificada por ninguna otra autoridad.

Ante este escenario, en un primer momento la dirección de la COB y el Pacto de Unidad dudaron en aceptar el acuerdo. Pero, al final, terminaron decidiendo suspender las movilizaciones y permanecer alerta hasta la fecha fijada para las elecciones. 

Sectores del movimiento en algunas regiones no coincidieron con esta postura conciliadora de las direcciones más vinculadas al MAS y Evo Morales e intentaron mantener la movilización unos días más. Pero, en general, el movimiento acabó reflejándose.

La posición conciliadora de aceptar la fecha propuesta por el TSE fue defendida desde el principio por Evo Morales, quien también rechazó enfáticamente la demanda por la caída inmediata de Jeanine Áñez. 

Racismo, represión y pandemia

A pesar de esta postura de Evo Morales, el gobierno y las fuerzas de derecha, buscando erosionar al MAS, acusaron al expresidente de estar detrás de las protestas y de ser responsable del “caos social” en el contexto de la pandemia Covid-19. Lo hicieron para demonizar al MAS con fines electorales y tratar de recuperar parte del apoyo perdido por Áñez entre los sectores burgueses.

Se llevó a cabo una cínica campaña denunciando los cortes de carreteras y al MAS como responsables de la falta de oxígeno hospitalario y otros insumos médicos en varias regiones del país y de la muerte de al menos 30 personas con Covid-19. En muchas ocasiones, sin embargo, el gobierno optó por utilizar exactamente las carreteras bloqueadas para transportar oxígeno hospitalario desde Santa Cruz al resto del país cuando tenía otras opciones. 

La campaña racista, que caracterizó a los pueblos indígenas en lucha como “bestias inhumanas” que libraban una “guerra biológica” al propagar el virus por todo el país, sirvió de base para una feroz ola represiva. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, incluso dijo en una entrevista con CNN que “sería políticamente correcto meter una bala” a los manifestantes. 

Murillo tiene una historia de represión cobarde y asesina. Tiene las manos manchadas de sangre obrera, indígena y popular en la represión a la resistencia al golpe de 2019, particularmente en las masacres de Sacaba, en la región de Cochabamba, y Senkata, en El Alto. En ambas regiones, al menos 33 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas estatales. 

Lo que Áñez y sus cómplices no reconocen es que la precariedad del sistema de salud boliviano es consecuencia de la absoluta incapacidad del gobierno para enfrentar la pandemia. Es un gobierno que compra respiradores hospitalarios que no funcionan a precios cuatro veces superiores a los del mercado, mientras gasta aún más comprando de forma irregular cartuchos de gas lacrimógeno y otros equipos militares para ser usados ​​contra su propia gente.

La gran mayoría de los 36 pueblos indígenas bolivianos están completamente abandonados por el gobierno y completamente vulnerables a la pandemia y la crisis social y económica.

Jeanine Áñez se niega a promulgar un conjunto de leyes ya aprobadas por la Asamblea Legislativa para enfrentar la emergencia sanitaria y social. Entre ellos se encuentra una ley que garantiza la atención obligatoria y gratuita a los pacientes con Invid-19 en hospitales privados. El objetivo del gobierno es garantizar enormes ganancias de la salud privada de la pandemia. 

A la espera de promulgación, también hay una ley que permite reducir los alquileres en medio de la cuarentena y otra que impide la cancelación de contratos por impago de deudas a fin de año. La negativa del gobierno a promulgar incluso estas tímidas leyes muestra a quién sirve Jeanine Áñez.

Los trabajadores, campesinos e indígenas bolivianos sufren en carne propia los efectos de la pandemia y la crisis económica y social. Son ellos los que mueren por falta de condiciones y medidas preventivas y asistencia médica. El número de casos de Covid-19 ya superó la marca de los 100.000, con más de 4.300 muertos oficialmente en un país de 11,6 millones de habitantes. 

Pero sabemos que estos números están completamente subestimados. El número de cadáveres hallados en las calles y en los hogares superó la marca de 400 en unos días de julio. Según las propias autoridades, más del 85% de estos casos están relacionados con Covid-19.

Al mismo tiempo, el hambre y el fuerte empeoramiento de las condiciones de vida en medio de la crisis sanitaria y económica están obligando a millones de personas a buscar una salida para sobrevivir. Nueve de cada diez bolivianos vieron reducidas sus entradas durante la pandemia, y cuatro de cada diez simplemente no tuvieron ninguna entrada. 

Pese a la gravedad de la situación, Jeanine Áñez llegó al poder mediante un golpe de Estado exclusivamente para garantizar los intereses de los grandes capitalistas en Bolivia, allanar el camino para la explotación de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales y asegurar el mantenimiento del poder en manos de oligarquías reaccionarias. . 

Por eso luchar contra este gobierno asesino es parte de la lucha por la supervivencia de la mayoría del pueblo boliviano.

Golpe de Estado y escalada autoritaria

El golpe de noviembre de 2019 fue promovido por las élites reaccionarias bolivianas y el imperialismo estadounidense. Puso en el poder a Jeanine Áñez junto a un séquito de representantes de la sociedad boliviana más podrida, racista, autoritaria y antipopular.

El significado más profundo de lo ocurrido en Bolivia en 2019 se puede captar en la manifestación explícita de Elon Musk, magnate dueño de la empresa Tesla, cuando se le preguntó en Twitter si el interés por el litio boliviano no estaba detrás del golpe. Simplemente respondió: “¡Golpearemos a quien queramos! Tratar con él”.

El golpe fue planeado desde la embajada de Estados Unidos en La Paz, con la colaboración del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro en Brasil y la OEA (Organización de Estados Americanos) y se llevó a cabo en base a acciones callejeras y ataques violentos promovidos. por grupos paramilitares de extrema derecha en medio del motín policial y la colaboración del ejército.

Los golpistas exigieron la renuncia de Evo Morales y la falta de reconocimiento del resultado electoral del 20 de octubre de 2019 que le daría al presidente boliviano una victoria más en la primera vuelta de la votación por un pequeño margen de votos. 

La alegación de fraude electoral, utilizada por el golpe de Estado, contó con el apoyo de la OEA, que declaró que identificaba irregularidades en el conteo de votos. Poco después, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció al gobierno de Evo Morales y dio carta blanca al golpe. 

En junio de ese año, el New York Times informó que una investigación independiente basada en datos obtenidos por el propio diario descartó los argumentos del informe de la OEA que sirvieron de justificación política para el golpe.

La acción golpista tuvo alguna base social entre los sectores descontentos, principalmente de las clases medias bolivianas, pero también algunos sectores populares, que, como en otros países latinoamericanos, se tensaron por la propaganda de la derecha explorando los límites, las contradicciones, los errores e incluso las traiciones. los llamados gobiernos “progresistas” de la región.

Tras 13 años en el poder, a pesar de importantes avances sociales y simbólicos en una sociedad históricamente marcada por una profunda desigualdad social y racismo, Evo Morales nunca rompió con la dinámica del capitalismo periférico y dependiente boliviano. 

El modelo agroextractivo exportador, tan dañino para el medio ambiente y los pueblos originarios y que refuerza las relaciones de dependencia, se ha mantenido aunque con una mejor distribución de los ingresos obtenidos.

La línea política de Evo Morales siempre ha sido priorizar la conciliación con las élites dominantes en lugar de buscar imponerles una derrota basada en la organización y lucha de las masas trabajadoras, populares, campesinas e indígenas.

Paulatinamente, este proceso cayó en un conflicto abierto entre el gobierno de Morales y sectores de movimientos sociales, incluidos los movimientos indígenas, cuyas demandas implicaron una postura mucho más fuerte del gobierno frente a terratenientes, multinacionales y grandes empresas en general. 

En este contexto, la propia base social de Evo Morales estaba desorganizada, confusa y sin alternativa en el momento del golpe. Ni Evo Morales ni la dirección del MAS tuvieron una política clara de resistencia y terminaron aceptando la situación y pidiendo negociaciones y un acuerdo con la derecha golpista.

Esto, sin embargo, no impidió que ocurriera la movilización popular generalizada en las semanas posteriores al golpe contra el nuevo gobierno ilegal e ilegítimo de facto de Áñez. 

Luego de una fuerte represión, como en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, y la promesa de celebrar nuevas elecciones en mayo, la dirección de los movimientos sociales terminó por llegar a un acuerdo con el gobierno de Áñez. Posteriormente, la expansión de la pandemia sirvió de pretexto para que el gobierno avanzara en su escalada autoritaria y pospusiera las elecciones.

La estrategia electoral por sí sola no es suficiente

La postura de Evo Morales y la dirección del MAS se limita a apostarlo todo por una victoria electoral para volver al poder, incluso en un contexto de arbitraje, represión y clara manipulación del juego político por parte de la derecha, las oligarquías y el imperialismo.

No se puede imaginar que las oligarquías y el imperialismo dieron un golpe de estado en 2019 y luego simplemente acordaron devolver el poder pacíficamente al mismo partido que derrocaron.

Un error similar lo cometieron Lula y la dirección del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, que históricamente ha sido un país con más estabilidad institucional que Bolivia. Tras el golpe parlamentario de 2016, que anuló el mandato presidencial de la presidenta Dilma Rousseff del PT, la estrategia central del partido fue apostar todas las fichas por la victoria de Lula en las elecciones de 2018.

A pesar de toda esta confianza en la solidez de las “instituciones democráticas” brasileñas, Lula fue perseguido políticamente, se le impidió postularse y terminó en un proceso judicial lleno de irregularidades encabezado por el juez Sérgio Moro. Esto allanó el camino para el ascenso a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro quien, a su vez, nombró a Moro como su ministro de Justicia, cumpliendo con un acuerdo previo.

La principal preocupación del MAS es no dar excusas por una reacción de la derecha, creyendo que así serán aceptados de nuevo a la presidencia. Quieren evitar que la lucha directa de los trabajadores, campesinos e indígenas sea utilizada por la derecha como propaganda contra el candidato del MAS o como justificación de un golpe dentro del golpe.

A pesar de la poca confiabilidad de las encuestas, hay indicios de que el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, está por delante de sus opositores de derecha y tendría grandes posibilidades en un proceso electoral limpio. Luis Arce es un exministro de Economía en el gobierno de Evo Morales y ha adoptado un discurso moderado basado en los avances y la estabilidad logrados por el gobierno anterior.

Contra él, la derecha está dividida. Hasta el momento, su principal oponente es el expresidente Carlos Mesa, el mismo candidato que compitió con Evo Morales en las elecciones de octubre de 2019. 

Mesa, como vicepresidente del infame neoliberal Gonzalo Sánches de Lozada, asumió la presidencia tan pronto como el presidente fue derrocado por un poderoso movimiento de masas en medio de una situación semiinsurreccional en la llamada “guerra del gas” en octubre de 2003. El propio Mesa fue derrocado en 2005 por movilizaciones populares, que finalmente llevaron a la victoria electoral de Evo Morales en 2006.

La presidenta ilegítima Jeanine Áñez también se presenta como candidata presidencial e intenta a toda costa utilizar su puesto al frente del aparato estatal como una forma de impulsar su candidatura. El líder ultraderechista y protofascista del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también es candidato que representa a las fuerzas más ultraderechistas de Santa Cruz y el Oriente boliviano. 

La división de derecha favorece los planes electorales del MAS. Al mismo tiempo, dada la polarización social y política existente, la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones es lo más probable y esto puede llevar a algún tipo de acuerdo entre estas fuerzas reaccionarias contra el MAS. 

Bolivia se encuentra en estado de excepción tras el golpe de 2019. Todos los recursos disponibles se destinarán a beneficiar a la derecha en el proceso electoral, además de las enormes posibilidades de fraude y manipulación de resultados.

En ese momento, además de que se impidió que Evo Morales regresara al país y se postulara para el Senado, se lanzó una nueva campaña en su contra con todo tipo de denuncias, incluidas las de violación y trata de personas.

El propio candidato presidencial del MAS, Luis Arce, está respondiendo a varias demandas que, en algún momento, podrían ser utilizadas como una forma de impedirle postularse, ganar o incluso asumir la presidencia si gana las elecciones. 

Incluso después del acuerdo sobre la nueva ley electoral aprobada por la Asamblea Legislativa y la suspensión de movilizaciones y bloqueos por parte de la COB y el Pacto de Unidad, se está llevando a cabo una persecución a líderes y activistas sindicales, campesinos e indígenas. Ya existen 33 denuncias legales contra líderes del movimiento que está siendo remitidas por el Ministerio Público de Bolivia.

La única posibilidad de enfrentar las manipulaciones y arbitrajes promovidos por el gobierno y las oligarquías es con la movilización popular, es con la fuerza de las calles. Siempre ha sido así en la historia de Bolivia y ahora no será diferente. Cualquier ilusión de que el proceso electoral será limpio y justo y que las élites aceptarán cualquier resultado conducirá a más derrotas y retrocesos.

Crisis de dirección del movimiento de masas

Las movilizaciones de agosto dejaron en claro que no faltan energías y voluntad para combatir al pueblo boliviano contra el gobierno ilegítimo. La lucha de las últimas semanas es una continuación de la resistencia de masas que tuvo lugar contra el golpe de Estado antes de la pandemia y muestra que los trabajadores aún no están definitivamente derrotados.

Lo que faltaba en ambas situaciones era una estrategia y un rumbo capaz de llevar esta fuerza y ​​esta lucha a sus últimas consecuencias.

Incluso después de la decisión de la dirección de la COB y el Pacto de Unidad de suspender la lucha y aceptar el acuerdo sobre la nueva ley electoral, varios sectores del movimiento rechazaron la posición de la dirección. 

Un ‘Cabildo abierto’ (Asamblea Popular que involucra a todos los sectores del movimiento) en la ciudad de El Alto, celebrada poco después de la aprobación de la nueva ley, decidió continuar la lucha y aprobó una plataforma que incluía el derrocamiento inmediato de Áñez y la defensa de los recursos. Nativos bolivianos ante los planes de privatización del gobierno. También exigieron garantías frente a la persecución de dirigentes sindicales y populares al tiempo que denunciaron la postura de las direcciones nacionales.  

En algunas regiones, los bloqueos y las movilizaciones continuaron durante algún tiempo. Pero, terminaron no durando. Muchos trabajadores, campesinos e indígenas deben sacar conclusiones sobre el papel de su liderazgo en la lucha y esto debe alimentar un proceso de reorganización sindical y popular y de izquierda boliviana. 

La lucha por la inmediata celebración de elecciones libres y democráticas no puede separarse de la lucha por el derrocamiento inmediato de Jeanine Áñez y su gobierno de asesinos y lacayos del imperialismo y las oligarquías locales. 

La lucha por “Fora Áñez y elecciones libres y democráticas ahora” también debe estar vinculada a las demandas más urgentes de los trabajadores, campesinos, indígenas y pobres de la ciudad y el campo en un contexto de pandemia y profunda crisis económica y social. 

Esto significa luchar por la garantía de puestos de trabajo, salarios y condiciones de vida y trabajo seguras, inversiones masivas en servicios públicos, especialmente en salud pública y nacionalización de la salud privada. 

Además, las banderas históricas izadas en el gran alzamiento de octubre de 2003, la guerra del gas, no llevada a cabo por los gobiernos del MAS, siguen vigentes. Es necesario defender la nacionalización de los hidrocarburos, de toda la riqueza natural boliviana y de todos los sectores clave de la economía con control democrático de los trabajadores.

No hay posibilidad de una estabilización de la situación boliviana ante tal crisis y polarización. Las luchas resurgirán, esta vez impulsadas por la experiencia y las lecciones de las últimas semanas.