El pasado 31 de mayo se dio a conocer que las tarifas de las rutas intermunicipales del área metropolitana de Saltillo aumentarían tres pesos para llegar a los dieciocho peos. Ahora que el pasado 4 de agosto entró en vigor el aumento de pasaje a todas las rutas de la ciudad, tenemos que volver a preguntarnos, ¿a quienes beneficia realmente el aumento del transporte público? 

Escrito por Freddy Fernández, Alternativa Socialista (ASI en México)

Ya sea por negligencia y una pobre concepción del rol de la administración de recursos públicos, o para abrir de par en par las puertas a concesionarios y privatizar el servicio. El objetivo de los concesionarios de extraer cuánto dinero les sea posible de este servicio está en conflicto directo con el interés de los usuarios del transporte: que este sea digno y asequible. 

Este proceso surge de una situación que tiene tiempo desarrollándose. A medida que el transporte privado monopoliza el transporte de personal, el transporte público pierde pasaje. Con un menor pasaje no se puede abastecer de camiones las rutas que actualmente operan en el municipio de Saltillo y mueven al millón de habitantes del area metropolitana. Es un círculo vicioso en el cual el transporte privado asfixia al público, mientras los pasajeros salen perdiendo. Antes de la pandemia existían 606 concesiones para prestar el servicio de transporte público que abastecían 46 rutas en la ciudad. Después de la pandemia este número que de por sí resultaba escaso se ha visto reducido a entre 300 y 380. Sin embargo para prestar el servicio de transporte privado a la zona industrial de la ciudad actualmente circulan 2,374 unidades, 1,771 de las cuales se han registrado desde el 2017 y durante la crisis sanitaria que empezó en 2020. Esto refleja hacia dónde está encaminado el futuro del transporte público en la ciudad, hacia la operación privada del servicio.

La deficiente calidad del transporte público es un reflejo de los fracasos de la administración pública.

El transporte público no solo se convierte en un problema al momento de tener que esperarlo a veces horas enteras, sino que está ligado a la desigualdad misma. La razón es simple, una persona que no tiene el medio para trasladarse a un punto de la ciudad, no va a tener acceso a los empleos, los espacios lúdicos y la educación disponibles en esa área. Las personas a quienes la calidad y el tipo de educación, actividades recreativas y trabajo al que tienen acceso afecta desmedidamente es a los sectores populares y más precarios de la ciudad. Esto crea básicamente “islas” donde las personas están condenadas a un cierto labor o sector productivo por las condiciones del entorno en las que se desarrolla. Lo que a su vez es un reflejo de la calidad del transporte público que una persona puede esperar, paradójicamente en los lugares en los que más se necesitan estos servicios públicos -en los que tendrían el mayor impacto en la calidad de vida de las personas y su oportunidades- es en donde menos se utilizan los recursos públicos. Mientras la lógica de la administración neoliberal habla de los recursos públicos en términos de “inversiones”, la realidad es que la necesidad primordial de un transporte público es mover gente, no como negocio si no como un derecho. Así es como administración tras administración ha conseguido acumular fracaso tras fracaso, hasta llevar al servicio al límite.

En la situación actual una cadena de administraciones aferradas a solo ceder más y más espacio a concesionarios, a la par que estos se ven cada vez más presionados por el sector del transporte privado y los grandes concesionarios, ha dejado que la calidad del servicio caiga hasta el más mínimo de su operatividad. Sin una preparación de choferes que pueda evitar efectivamente los percances, las fallas mecánicas y un sin fin de siniestros. Las condiciones precarias en las que trabajan los choferes, sin los recursos suficientes para abastecer las rutas, para mantener las unidades funcionales o reconocer y atender situaciones de abusos en el transporte, las largas jornadas laborales sin descansos ni horarios de comida, etc., han dado pie a una larga lista de accidentes y percances. Debemos entender que el aumento en la tarifa de los pasajes en la ciudad no va a reflejarse en un aumento en la calidad de vida de los choferes, al contrario, solo alimenta el proceso que los precariza y violenta sus derechos laborales. 

El neoliberalismo sigue a la vuelta de la esquina

Mientras tanto la movilidad de la ciudad sigue empeorando la lógica de este proceso se repite por todo el país. El ataque sistemático a los servicios públicos que atienden las necesidades de los trabajadores se llevan de encuentro las oportunidades de sectores vulnerables de la sociedad. Tan solo hay que recordar las irregularidades que plagaron la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, en la que el rol de ceder ante los intereses capitalistas que se apropiaron del proyecto que desempeñó el gobierno, así como la falta de mantenimiento y las terribles condiciones en las que el personal del metro desarrollaban su labor sentaron las bases para uno de los peores accidentes de transporte público en la historia reciente. Pero no solo es en los grandes percances, si no en la periferia de todas las ciudades del país, inclusive las que tienen sistemas de transporte modelo. Cuando ponemos en contexto que ahora en el país tenemos 17 zonas metropolitanas y conurbadas con más de un millón de habitantes no es difícil encontrar la situación de la zona metropolitana de Saltillo replicada por el resto del país.

El proceso de la privatización y desmantelamiento del sector público para dejar todo a manos de privados, y que las administraciones públicas se desentiendan de las necesidades del servicio, sigue vivo aunque a veces suene como una historia de antaño de los tiempos de Salinas de Gortari y el saqueo de México. Este proceso de saqueo sigue vulnerando a las y los trabajadores que enfrentan acoso en su traslados diarios, que no pueden visitar áreas o atender eventos fuera de la cobertura del servicio, adultos mayores y tutores solteros que ven reducida su autonomía y movilidad, y las constantes embestidas que resisten los estudiantes por el acceso a una educación de calidad. Estos retos no se disminuirían ni desaparecerán, y si bien la calidad del transporte no es la causa raíz de muchos fenómenos sociales, un transporte público moribundo no ayudará a ningún sector de la sociedad.

Así las tareas que surgen de la situación son claras: ¡Tenemos que luchar por nuestro transporte público de calidad! Un transporte público integrado, que trascienda el carrocentrismo, el individualismo capitalista y las políticas paternalistas y autoritarias del sector privado, para dignificar todos los medios de transporte y las oportunidades de movilidad. Esa es la única forma de enfrentar efectivamente el aumento de la desigualdad en cada ciudad de México. Que se democratice el servicio para que los usuarios puedan participar en la construcción de un servicio que es vital para ellos. Con esto la integración de un sindicato nacional de choferes que luche por dignificar las condiciones laborales y de vida de los choferes y que los institutos municipales de transporte hagan efectivas las inspecciones de calidad de las unidades y su funcionamiento bajo una normativa que vele por los intereses de los usuarios.

No solo podemos detener el deterioro del servicio, si no ganar un mejor transporte público. Se puede combatir la congestión vehicular sin perder la dignidad, conveniencia y la seguridad de los pasajeros, y de paso combatir al cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero y la desigualdad en la movilidad. Pero solo lo lograremos si luchamos de manera organizada, en las calles, en favor de nuestros intereses colectivos. Aún podemos rescatar nuestro transporte público, ¡pero solo si luchamos ahora! 

¡Únete a la lucha por una tarifa justa!. 

¡El transporte público accesible para todos!