El 8M es una fecha que surgió del cansancio y dolor de miles de mujeres obreras que se enfrentaban a la explotación, la doble jornada, la falta de derechos políticos y la violencia sistemática. Hoy, algunas de las condiciones que dieron origen a este día no solo persisten, sino que son más crueles que nunca.

Escrito por Rosa Feminismo Socialista en México

México es un país donde ser mujer significa vivir bajo una amenaza de violencia constante. Diariamente, miles de mujeres son agredidas, asesinadas y amenazadas en el país. Y aun bajo estas condiciones, la represión y criminalización de la protesta no es excepción cuando salimos a exigir el respeto a nuestros derechos y a nuestros cuerpos. El 8M de este año volvió a demostrar la gran fuerza del movimiento feminista, pero también expuso la violencia sistemática del Estado a nuestra lucha.

Las movilizaciones durante el 8M fueron nuevamente reprimidas con gases lacrimógenos, golpes, detenciones injustificadas y hostigamiento en varias ciudades del país. En lugar de escuchar nuestras demandas, el Estado respondió con violencia y oídos sordos. En Chihuahua, las compañeras fueron arrastradas por la policía; en Oaxaca fueron gaseadas; en CDMX no solo gasearon a las manifestantes, sino que también apagaron el alumbrado público para forzarlas a dispersarse. En San Luis Potosí no hubo enfrentamientos físicos, pero sí una presencia militar amedrentadora. Las compañeras fueron acosadas mientras los edificios gubernamentales estaban custodiados por soldados. En Saltillo, la policía roció polvo de extintores frente al Palacio del Congreso, lanzaron gases lacrimógenos en un área lúdica donde se encontraban infancias, y  una compañera trans fue agredida por las autoridades, que también se sirvieron de un discurso abiertamente transfóbico.

El caso de la compañera Nicola, agredida en Saltillo, pone sobre la mesa la realidad que muchas enfrentan. Ser una mujer trans en México es vivir expuesta a los crímenes de odio, a la impunidad y a la precariedad laboral, violencias que se replican desde el Estado y por nuestras autoridades. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+, en los últimos tres años más de 200 personas trans han sido asesinadas. Además, la mayoría de los casos quedan impunes y las autoridades ni siquiera intentan investigar desde una perspectiva de género.

Impunidad ante violencia sexual

Mientras se reprime al movimiento, el Estado sigue protegiendo a abusadores sexuales. El caso más reciente es el de Cuauhtémoc Blanco quien, a pesar de ser acusado de violación, fue protegido en la Cámara de Diputados, donde se votó en contra de retirarle el fuero para evitar que responda por sus acusaciones ante la ley y su victima. Desafortunadamente, no es la primera vez que sucede: lo vimos también con Félix Salgado Macedonio, que, a pesar de los señalamientos públicos y la acusación de violación, ha podido vivir tranquilamente, protegido por sus influencias políticas. Estos casos no solo representan la manera en la que las estructuras políticas protegen a los agresores, sino también la hipocresía del Estado al condenar a mujeres por protestar o defenderse, mientras que a políticos violadores se les arropa a toda costa. ¿Cómo vamos a confiar en un Estado que se niega a castigar a los agresores en sus filas?

Tampoco podemos ignorar el papel de las diputadas que apoyaron abiertamente a Cuauhtémoc, aquellas que se autodenominan feministas, pero eligieron proteger a un agresor sexual antes que creerle a la víctima. Está claro que el hecho de que una mujer ocupe un cargo político no garantiza un compromiso real con el movimiento feminista; se necesita una perspectiva que nazca de las luchas de las mujeres oprimidas para lograr un cambio verdadero. Ante esta realidad, es necesario que cuestionemos el sistema que nos explota y violenta. El machismo es una herramienta más del capitalismo para controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas, por eso necesitamos más que reformas, necesitamos transformar el sistema desde sus raíces más profundas.

Aunado a esta situación, las recientes disputas arancelarias y los señalamientos por el tráfico de drogas por parte de Donald Trump, han llevado a que el gobierno de Claudia Sheinbaum a ceder en cuestiones migratorias, por ejemplo, con el establecimiento de más elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur o la detención masiva en las estaciones migratorias. En esta situación, no podemos olvidar a nuestras compañeras migrantes: ellas son quienes más sufren el recrudecimiento de la violencia en las fronteras y la militarización. Muchas son detenidas en estaciones migratorias, algunas incluso con sus hijos o hijas (lo cual es ilegal), y en estos espacios la violencia que ya enfrentan las mujeres migrantes se intensifica, al ser expuestas a abusos sexuales, violencia física y emocional, y condiciones de precariedad extrema.

Cartilla de Derechos de las Mujeres y doble pensión

El pasado marzo, la presidenta y la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentaron la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una iniciativa para informar a las mujeres sobre sus derechos, incluyendo cuestiones como la salud, la participación política y otros temas fundamentales. Por otra parte, durante ese mismo mes comenzó el programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Este programa tiene como objetivo apoyar a un sector históricamente azotado por la desigualdad y la precarización. Si bien estas iniciativas representan un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la difusión de esta información no garantiza los cambios estructurales necesarios para erradicar las desigualdades de género profundamente arraigadas (lo pudimos ver días después con el rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco).

En cuanto a la pensión para mujeres, si bien es un apoyo que puede aliviar temporalmente la situación de muchas mujeres, es necesario preguntarnos si este tipo de programas transforman las estructuras que perpetúan la desigualdad económica y laboral de las mujeres. Si bien es un avance significativo, sólo representan curitas temporales sobre un sistema capitalista que perpetúan la violencia machista. Por ello, además de estas medidas tienen que impulsarse cambios de fondo que garanticen trabajos dignos, salarios equitativos y pensiones justas para todas. Así como licencias de maternidad y lactancia, guarderías para los hijos e hijas de las trabajadoras. Pero también licencias de paternidad amplias, para que los cuidados de los hijos no recaigan sólo sobre las mujeres. Entre otras medidas. 

Además, es indispensable que estas políticas lleguen a todas, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, pues en muchos casos no son tomadas en cuenta las mujeres trabajadoras, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas o  la comunidad LGBTIQ+. La situación actual en el país refleja una profunda contradicción: mientras el discurso oficial se orienta hacia las mujeres y la igualdad de género, en la práctica se siguen reproduciendo las condiciones que sostienen la opresión, la violencia y la explotación.

Si bien hay avances relevantes, la violencia estructural, la represión estatal y el pacto patriarcal —incluso en las esferas políticas— siguen presentes. El Estado mexicano aun está en deuda con las mujeres trabajadoras, con las mujeres migrantes violentadas en la frontera, con las madres buscadoras señaladas por exigir justicia, con las mujeres desaparecidas y con las personas de la comunidad LGBTIQ+. Luchemos, resistamos y organicémonos para superar el sistema capitalista y patriarcal que sostiene la violencia, la desigualdad y la austeridad.