En medio de una serie de manifestaciones de la ultraderecha mexicana, enemiga frontal de los derechos de las mujeres, el martes 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso histórico con la sentencia que declara inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal del estado de Coahuila. ¿Qué significado adquieren la discusión, sus términos y consecuencias en el contexto de la lucha por el respeto de la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos?

Escrito por Rosa, Feminismo Socialista en México

Como consecuencia directa de las movilizaciones feministas en los últimos años, la despenalización del aborto se ha posicionado en la agenda como un tema de primera línea. La presión y la organización de las mujeres han logrado que, desde 2019, las legislaturas de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo; con ello se sumaron a la Ciudad de México, donde se despenalizó desde 2007. Ante las severas restricciones impuestas por los códigos penales del resto de entidades federativas, las legislaturas impulsaron cambios que garantizaran este derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El pleno de la Suprema Corte, presidida por el ministro Arturo Zaldívar, discutió por dos días diversos recursos de inconstitucionalidad, específicamente sobre los artículos 196, 198 y 199 del Código Penal de Coahuila. En ellos se establece la penalización de las personas que se practican voluntariamente un aborto, además de aquellas que les ayuden, sean o no parte del personal sanitario. Como muestra del los avances del movimiento feminista, por unanimidad las y los ministros declararon inconstitucional la criminalización del aborto de forma absoluta, como ocurre en los códigos penales de la mayoría del país.

El comportamiento, los argumentos y la decisión tomada por las y los ministros son el reflejo de la lucha de las mujeres por la conquista de derechos, entre ellos los reproductivos. Sin la presión que ha ejercido el movimiento feminista en las calles, no puede entenderse el giro en los criterios, en la sensibilidad y en la responsabilidad asumidas por la Corte en esta discusión. La sentencia del 7 de septiembre es una muestra clara de lo justo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en este país. También es una decisión que históricamente hace frente a la derecha mostrando el poder de la organización y la movilización, en especial de la clase trabajadora, como medios para conquistar y ampliar nuevos derechos.

Pese a lo trascendente de este paso y su importancia para la lucha feminista, se hace evidente que aún queda un largo camino por recorrer. La sentencia no obliga a las legislaturas de los restantes estados a despenalizar el aborto; mucho menos se trata de una despenalización a nivel nacional. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, se sienta un precedente que deberán observar las y los jueces de todo el país al momento de realizar su labor: ahora queda asentada la violación a los derechos humanos que conlleva la penalización del aborto. Lo anterior significa un recurso útil para las mujeres y personas con capacidad de gestar, pero sigue sin facilitar el acceso a este derecho, en especial para aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, social y jurídica.

Como parte de nuestra lucha por la liberación de la clase trabajadora, es evidente que solo el socialismo asegura la conquista plena de derechos reproductivos como el aborto. Reivindicamos la despenalización total e inmediata de la interrupción voluntaria del embarazo en todo México, pues constituye una deuda histórica con las mujeres de ayer, de hoy y de mañana. Ante los avances que han tomado bastante tiempo, sin tomar en cuenta la urgencia de la situación de las mujeres, necesitamos redoblar esfuerzos para la construcción de una plataforma de mujeres y personas con capacidad de gestar que orienten su lucha por la autonomía individual dentro de la lucha por la emancipación colectiva. Desde el feminismo socialista saludamos e impulsamos los avances en la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, al ser una demanda que beneficia a la realización de una sociedad de libertades y derechos para todas y todos.