El mercado inmobiliario en México ha desplazado a los jóvenes trabajadores del país, quienes sin acceso a una inversión inmobiliaria para construir su patrimonio, se ven atrapados en ciclos viciosos de bajos salarios con poco crecimiento laboral y costosas rentas. Mientras los esfuerzos gubernamentales de apoyo a la adquisición de créditos de vivienda son aun muy tímidos y limitados.

Escrito por Freddy Fernández, Alternativa Socialista (ASI en México).

La edad promedio de emancipación voluntaria en México ha estado en una tendencia a la alza alcanzando los 30 años, como lo señalan encuestas de la plataforma para compartir renta Dada Room (ahora Roomi app). Los datos muestran que se ha experimentado un rápido aumento de usuarios buscando compartir renta en el 2do país más caro para rentar en Latinoamérica, ya que los sueldos no alcanzan para costearla. El periodo actual luce complicado ya que el 49% de los trabajadores mexicanos de entre 18 y 30 años tuvieron que regresar a vivir con sus padres debido a la inseguridad laboral provocada por la crisis sanitaria. Esto claramente apunta a un periodo de retroceso de la participación de los jóvenes en el sector inmobiliario. 

Aunque se debe hacer la aclaración de que este fenómeno no es exclusivo de la población joven, ya que según datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, sólo el 57% de todos los hogares en México son propiedad de sus ocupantes. La remuneración salarial estancada, un sector de desarrollo de vivienda pública estancado y la casi inexistente movilidad social en México ha dejado a los jóvenes que ven cada vez más y más lejana la oportunidad de hacerse con un patrimonio inmobiliario haciéndose la misma pregunta. Sin mencionar la creciente especulación inmobiliaria que eleva los costos de la vivienda en las distintas ciudades del país al mismo tiempo que crecen los inmuebles sin ocupar producto de esta tendencia.

¿A dónde se fueron las casas?

Miles de artículos por todo el internet hacen alusión a la misma “frívola moralidad” de los jóvenes, en un intento de promover una lucha generacional entre personas que experimentan las mismas condiciones económicas. Al señalar los “gastos excesivos en tostadas de aguacate, lattes, viajes banales y boletos para festivales”, hechos por los jóvenes se pretende hacer entender que la crisis de acceso inmobiliario se debe a que ellos gastan su dinero en cosas que no son necesarias para vivir. Esta actitud confrontativa es explicada por el propio Karl Marx en los Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844. En dicha obra, Marx menciona que “El capitalista prueba cómo la multiplicación de las necesidades y de los medios engendra la carencia de necesidades y de medios: Al reducir la necesidad del obrero al más miserable e imprescindible mantenimiento de la vida física y su actividad al más abstracto movimiento mecánico, el capitalista afirma que el hombre no tiene ninguna otra necesidad, ni respecto a la actividad, ni respecto al placer, pues también proclama esta vida: Al emplear la más mezquina existencia como medida hace del obrero un ser sin sentidos y sin necesidades, del mismo modo que hace de su actividad una pura abstracción de toda actividad”.

La idea de que el problema en la raíz del problema de acceso a viviendas dignas es la pérdida de una cultura de ahorro se desmorona cuando se examina el simple hecho de que el trabajador joven promedio destina el 50% de un salario de $7,000 mensual al pago de rentas. La situación se hace más grave en casos como los del mercado de arrendamiento de Ciudad de México, Querétaro o Nuevo León, en donde ese porcentaje se incrementa hasta el 70%. Esto pone en contexto el inmenso reto que es para los trabajadores ahorrar un enganche de $100,000 para acceder a un crédito hipotecario. 

Pero el estancamiento de salarios no explica por completo la falta de viviendas accesibles. El deterioro de los programas sociales para el desarrollo y financiamiento de este sector han permitido que la industria inmobiliaria se aleje de la vivienda popular. Al mismo tiempo, la falta de voluntad y claudicación del gobierno ante el sector privado, ha alejado el desarrollo inmobiliario de ser accesible para las y los trabajadores de México. 

Las medidas políticas populares keynesianas de bienestar social que, a pesar de sus limitaciones, en algún momento propiciaron el desarrollo capital del país al moderar la tensión entre la oferta de vivienda en México y la demanda de los trabajadores jóvenes de vivienda social. Sin embargo, al no solo demandar grandes sumas de dinero para su operación, sino también al regular el mercado inmobiliario desde la construcción hasta el financiamiento fueron desechados por los gobiernos neoliberales. A medida que México giró a un modelo neoliberal, fueron las mismas fuerzas de desarrollo inmobiliario las que encontraron mayores ganancias en el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios de baja densidad, dejando a un lado cualquier semblanza del carácter popular que alguna vez se pudo haber dicho que tenían. No mejor ejemplificado que en el caso de la bancarrota de Casas Geo.

Municipalismo neoliberal

Si bien en algún tiempo esta empresa encabezó los planes de desarrollo inmobiliario social junto a empresas como Homex y Urbi, ahora figura junto a ellas entre la larga lista de constructoras enredadas en escándalos de corrupción. Un análisis infantil de las condiciones que rodean la industria del desarrollo de viviendas populares podría llevar a la errada conclusión de que lo que se necesita son hombres nobles, temerosos de Dios y con la suficiente fibra moral para rechazar los frutos prohibidos de la corrupción. Debemos señalar el hecho de que toda participación entre el sector público y privado obedece la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, leyes de contratación pública particulares de cada estado, así como planes directores de desarrollo urbano locales. Esto es, que las pésimas condiciones de las viviendas públicas, el tráfico de influencias y los enormes desvíos del erario público giran alrededor un marco legal que se ha visto reformado y obedece los intereses de políticas públicas propuestas a través de los años. Si fuéramos a pensar que existe una cantidad de corrupción, un volumen de escándalos en la participación pública-privada capaz de quebrar los fondos financieros de las constructoras más grandes del país, tendríamos que explicar el continuo éxito de constructoras tan infames como Grupo Carso e ICA-Fluor. Esta ultima también a punto de la quiebra a finales del 2015 y principios del 2016.

La quiebra de empresas del sector de vivienda pública sigue a tendencias macroeconómicas manifestadas en políticas públicas. En el caso específico de Casas Geo, desarrolladora que se beneficio de un fuerte proyecto del gobierno federal de Enrique Peña Nieto de la mano del Infonavit, que planteaba un refuerzo a la autoconstrucción, el golpe que arrojó a la constructora a una espiral de insolubilidad. Esta situación eventualmente detuvo sus acciones en la Bolsa de Valores Mexicana, presagio de su inevitable quiebra. La propuesta abrió las puertas de par en par para que grandes desarrolladoras hicieran pleno uso de recursos del Infonavit y federales para construir viviendas de baja calidad. Relegando el papel del gobierno de uno director a uno meramente regulatorio.

Es necesario aclarar que las políticas públicas locales, desarrolladas por los ejecutores de programas políticos que ocupan los escritorios grandes de las oficinas locales de desarrollo urbano, planificación, finanzas, etc., forzosamente obedecen a corrientes económicas. No existe una administración pública, un urbanismo, ingeniería ni arquitectura objetiva, sino que son productos sociales de las condiciones materiales que los rodean. Se pueden citar cientos de ejemplos, en cada ciudad mexicana, de inversiones públicas para áreas ocupadas principalmente por los sectores mejor acomodados económicamente. Siguiendo la idea de administración pública en la que se piensa que las residencias de baja densidad, las grandes McMansiones en colonias privadas, son las que aportan más impuestos por residencia, ya sea directamente mediante el predial o indirectamente por su “derrame económico”, se piensa que una inversión pública daría mayores rendimientos en aportaciones tributarias de esta manera, haciendo a un lado el hecho de que la mayor incidencia fiscal proviene de los sectores populares al pertenecer a este la gran mayoría de la población. 

Y aunque se puede discutir la legitimidad de las inversiones públicas dirigidas a los sectores más adinerados de la sociedad como una muestra de democracia pura. Es imposible señalar a estos como un intento de atender las necesidades de las comunidades más rezagadas de la sociedad. Un ejemplo que demuestra esto es el caso de la construcción de la Avenida Vasconcelos en Nuevo León, donde el gobierno local del municipio de San Pedro Garza García expropió y desalojó 34 viviendas para construir una avenida que facilita el acceso del municipio con mayor IDH de América Latina al resto del área metropolitana de Monterrey. Poniendo la movilidad de millonarios sobre la dignidad de los vecinos de una colonia popular. Un ejemplo del modelo de administración pública que nos trajo a un siglo XXI con pésima infraestructura, transporte público paupérrimo y una decadente participación de los jóvenes trabajadores en el sector inmobiliario. 

¿Entonces que hay que hacer?

No podemos entonces esperar a que una política de vivienda digna y de bajos costos sea impulsada por quienes ni siquiera están dispuestos a impulsar una reforma fiscal progresiva, por más limitada que esta sea. Como tampoco es factible caer en la desesperada conclusión de que no hay manera de salvar nuestras ciudades y la única opción viable es crear comunas y municipios socialistas, reivindicando la hegemonía capitalista en la más obvia muestra de realismo capitalista. La reciente lucha en Berlín por expropiar las viviendas a grandes arrendadores que cuentan con más de 300 viviendas, así como las propias experiencias de Alternativa Socialista Internacional en las campañas de control de rentas en Minneapolis y Seattle, muestran una vía clara: las ciudades se vuelven habitables en la medida que se lucha contra el poder del capital mediante movimientos de masas exigiendo control de rentas e impuestos a las grandes fortunas capitalistas para la construcción de vivienda digna y accesible.

Una de las críticas más comunes ante el control de rentas es como esta destruye el balance entre la oferta de viviendas y la demanda por ellas. Crítica que puede ser sencillamente desmentida señalando al simple hecho de que la infraestructura existente no se evapora a falta de interés capital, la oferta de la vivienda no desaparece y es siempre creciente. Aunque no hay que confiar en los capitalistas, ni asumir que estarían dispuestos a ceder el terreno que ocupan, hay que hacer que sientan el poder de la gente organizada y tiemblen ante la presión popular. Entendiendo la dimensión de la lucha se pueden vislumbrar los frentes en los que hay que librar las batallas: Por el control de rentas, la densificación de sectores de baja densidad de la mano de inversiones públicas que mejoren el acceso a servicios públicos como transporte, programas de vivienda que garanticen el acceso a la vivienda para los trabajadores, con un rol activo por un desarrollo verdaderamente popular por parte del gobierno y el fin de la industria de la especulación inmobiliaria. 

Necesitamos dejar en claro que si bien se hace necesario medidas en favor de la clase trabajadora, como las enlistadas previamente, estas no van a caer del cielo. Hay que luchar por construir organización vecinal y levantar la consigna de construir un sindicato que tenga un carácter combativo y pueda organizar a aquellas personas que rentan o carecen de acceso a vivienda propia, para llevar una lucha contra los cárteles inmobiliarios y en defensa de la clase trabajadora. La idea de un control de rentas, programas de vivienda pública adecuada o conquistas similares a las logradas en Berlín y Seattle sólo puede darse como una conquista de esa lucha.

Desde Alternativa Socialista lanzamos un llamado a organizarse en todos los niveles, construir comunidades fuertes y cohesionadas, y  así defender sus intereses de clase como trabajadores para ganar las batallas clave en la lucha en contra del capitalismo. La lucha es en contra de políticas públicas antisociales, mecanismos de participación pública-privada que entregan nuestro futuro a los grandes capitalistas, y soluciones diseñadas para simular mejoras sistemáticas a la manera en que habitamos nuestras ciudades. Porque las ciudades las construyen los obreros y le pertenecen a los trabajadores. Es hora de recuperarlas y así avanzar en la conquista de nuestra dignidad que se puso en venta.