¡Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética!

Escrito por Mauro Espínola, Alternativa Socialista (ASI México).

El viernes 31 de Julio pasado junto con el Grupo De Acción Revolucionaria, la Coordinadora Socialista Revolucionaria, Feministas con voz de Maíz y la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia  convocamos a un mitin para manifestar nuestro rechazo a las medidas propatronales y reaccionarias del sistema de justicia, frente de la Suprema Corte de la Justicia y la Nación. Al acto se sumaron compañeras y compañeros de la Coordinadora de Trabajadores En Defensa del Carácter Público del Agua, de la Coordinación Nacional Agua Para Todos Agua para la Vida, la compañera Silvia Ramos Secretaria General de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP). Todos ellos compañeros de tradución en la lucha contra la privatización de los recursos naturales nacionales. También participaron los compañeros de La Otra Rima, quienes cerraron el acto con una intervención cultural de rap revolucionario. 

Aunque se trato de un acto modesto, realizado en condiciones de cuarentena, fue una demostración para denunciar el papel propatronal de la SCJN que mientras resuelve en 30 minutos los amparos presentados por las empresas energéticas contra las medidas por el gobierno de Obrador, que limitan la participación de las compañías privadas en el suministro eléctrico, no atraen el caso de Susana Prieto Terrazas acusada con delitos creados por el gobierno de Tamaulipas con el objetivo de golpear al movimiento obrero de Matamoros y al SNITIS. Es decir para evidenciar el papel de la justicia al servicio de la clase capitalista por parte de la Suprema Corte de Justicia.

La importancia del acto, además de la denuncia del papel patronal de la SCJN, es en nuestra opinión la demostración de la acción de frente único de las organizaciones revolucionarias. Reconociendo y respetando nuestras diferencias, y sobretodo anteponiendo nuestras coincidencias, realizamos este acto reconociendo que existe una situación favorable para impulsar el avance de las luchas y lograr conquistas para el pueblo trabajador.

En este mitin ha surgido la propuesta de un Frente que impulse la lucha por la renacionalización de la industria energética, eléctrica y petrolera, con mira en la transición energética y la soberanía energética nacional. Idea que compartimos y asumimos como propia en la lucha propia, al tiempo que señalamos la importancia de impulsar un frente amplio, no solo sectorial, que sobrepase el tema energético aunque este sea una de sus banderas centrales.

En el contexto actual, en nuestra opinión existen muchas oportunidades de avanzar para la conquista de mejoras materiales para el pueblo trabajador por lo que nos parece un error estratégico reducir esta iniciativa solo al sector energético. Por el contrario, la ampliación de las demandas y sectores movilizados puede precisamente contribuir a construir una correlación de fuerzas favorable para conquistar y consolidar demandas como la renacionalización de la industria eléctrica y petrolera en el país con miras a la transición energética. Lo que pasa, entre otras cosas, por la derogación de los contratos leoninos de las empresas generadoras de energía eólica establecieron con los campesinos indígenas del Istmo de Tehuantepec. Es decir, pasa por ampliar las demandas precisamente para conquistar nuevas posiciones y sectores movilizados para avanzar.

En el acto, se leyó el pronunciamiento elaborado de manera conjunta por Alternativa Socialista, el Grupo de Acción Revolucionaria y la Coordinadora Socialista Revolucionaria, que compartimos a continuación.

¡Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética!

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saca a relucir las contradicciones inherentes del capitalismo y del Estado, debido a que cuando se afectan intereses de ciertas fracciones del capital y de sus representantes políticos, inmediatamente salen defenderlos otras instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del resto del poder judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital trasnacional-políticos de derecha y el gobierno de AMLO. 

La SCJN y el poder judicial son ejemplos vivos de privilegios a altos funcionarios de la burocracia, ya que el inicio de los pleitos entre gobierno federal y estos se dio con el tema de su negación a reducir sus altos salarios y prestaciones. La vinculación entre estos intereses con los del capital transnacional han encontrado una estrecha relación. 

Hacemos énfasis en la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del poder judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se dan en concordancia con una política nacionalista que recupere el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. 

Esto sucedió a partir de la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional el pasado 15 de mayo, mismo que busca poner orden en la manera como se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles a la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. 

Este acuerdo se da años después de la Reforma energética donde el gobierno proimperialista de Enrique Peña Nieto regaló a los Yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE llegando casi a destruirlas, mediante cambios en su estructura administrativa y dejando de invertir en ellas para subsidiar empresas privadas extranjeras. Fue en este período que las actuales empresas trasnacionales de energía “verde”, entre otras, se vieron altamente beneficiadas en perjuicio de las empresas públicas del país. Son estos buenos tratos a sus ganancias lo que en verdad está en disputa. 

Es necesario hacer del conocimiento público que los argumentos falaces de las empresas trasnacionales, de la derecha y de las supuestas ONG’s ambientalistas que defienden los intereses privados afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de las generación con combustóleo y carbón. Eso es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los servicios que les da dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado; también se busca que la CFE esté en mejores condiciones para invertir en el mantenimiento y modernización del Sistema Eléctrico Nacional y en incorporar más capacidad de generación limpia y confiable, en vez de subsidiar empresas privadas que tienen contratos por 20 o más años y que venden la electricidad de 3 a 5 veces más cara que los costos de generación de la CFE. Esto sin mencionar el daño causado a las comunidades de los lugares donde se han instalado, causando el deterioro del medio ambiente y “pagando” cantidades irrisorias a sus propietarios porque según ellos necesitan que los apoyen. 

Denunciamos que en este país y en este sistema la justicia no es ciega. No se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el poder judicial es autónomo de los otros componentes estatales; es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. 

El claro ejemplo de ello es que cuando las empresas trasnacionales de generación de energía supuestamente “verde” presentan amparos para revertir políticas que afectan sus inversiones, estos son concedidos en brevísimo tiempo; en cambio cuando se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica, y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como las detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto y esta nunca llega. 

Por lo anterior podemos decir con certeza que el poder judicial no es un aparato creado para impartir justicia en abstracto, si no para sustituir la moralidad por la legalidad y la justicia por los intereses de la clase dominante. No es por defender un gobierno bonapartista como el de AMLO que debemos de manifestarnos en contra de estas instituciones, es debido a que el análisis que hacemos nos permite ver más allá de su gobierno y observar la verdadera cara de los organismos “autónomos”. 

Ante este escenario donde la soberanía nacional está en grave riesgo, saludamos el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de la electricidad que estan en resistencia en sus territorios y se mantienen firmes en la defensa del sector energético como bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer sus intereses económicos. 

Hacemos un llamado a las organizaciones del conjunto de las y los explotados y oprimidos a firmar este documento y movilizarse el día 31 de julio de 2020 a las 11:00 am en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

¡Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética! 

¡Abajo la Reforma Energética, por la Renacionalización de la Industria Energética! 

¡Justicia para la clase trabajadora!