Se ha hecho noticia, y ha resonado a lo largo de América Latina un llamado alarmante de Gustavo Petro, quien ya entró en su tercer año de gobierno: golpe de Estado. En el pasado, sin embargo, y ante amenazas similares, Petro no dudó en usar un término bastante más ambigüo: golpe blando. Con cierta razón, pues el caso más famoso de lawfare en las últimas décadas en Colombia sucedió mientras él gobernaba como alcalde de Bogotá en 2014. En ese momento, el procurador en jefe—un ultraconservador asociado a círculos católicos tradicionalistas—consiguió destituir a Petro de su cargo por su supuesta responsabilidad en una crisis en el sistema de recolección de basura. Con el tiempo, no solo se supo que, muy posiblemente, dicha crisis tuvo responsabilidad directa de empresas privadas, sino que la decisión misma de destitución estaba viciada según la CIDH, al violar los derechos políticos de Petro como alcalde electo de Bogotá.

Escrito por Celeste, Alternativa Socialista en Colombia.

No se trata de un caso excepcional en latinoamérica. En Argentina, y en Brasil particularmente, se ha visto cómo la maquinaria judicial estuvo dispuesta a encarcelar a Lula Da Silva, a destituir a Dilma Rousseff y a sentenciar a prisión a Cristina Fernández, todos presidentes y expresidentes de la ‘ola rosa’ progresista. Tales hechos, sin embargo, no nos sorprenden realmente: ha sido evidente, desde el principio de cada uno de esos gobiernos, que existe, y existió una guerra declarada en contra de cualquier búsqueda de cambio institucional.  Los objetivos son claros, pero los perseguidores normalmente se cubren con un velo vago e indefinido. ‘La derecha’, ‘el aparato judicial’, ‘los conspiradores’. Más allá del nombre más inmediato—normalmente del juez detrás de la sentencia, o del procurador detrás de la destitución—poco se sabe del conjunto particular realmente interesado en tales movimientos de poder estatal e institucional. Al momento de buscar ‘responsables’, sin embargo, hemos de notar—como socialistas—cómo en realidad no hay unos responsables directos. El paso esencial que hay que dar pasa por reconocer que lo que impulsa tales decisiones no pasa exclusivamente por la volición interna de un conjunto de conspiradores, sino de las condiciones institucionales del Estado y la sociedad burguesa para reproducirse, incluso al verse enfrentada a movimientos que busquen ‘reformarla’.

Petro y el Consejo Nacional Electoral

La situación de Petro, aunque más o menos preocupante, dista de ser crítica. El consenso entre analistas, por el momento, está inclinado a pensar que el proceso difícilmente afectará su gobernabilidad como presidente. En primer lugar, porque dicho órgano electoral—encargado de verificar el correcto financiamiento y legalidad de las campañas electorales—no tiene fuero jurídico para destituir o enjuiciar al presidente. La investigación que llevan a cabo por presunta violación de los topes de financiación electoral, así, apenas podría imponerle multas a Petro, entre otras sanciones menores. En ese sentido, los llamados de Petro podrían parecer injustificados, y hasta cierto punto, lo son: ya es, al menos, la octava vez que Petro hace un llamado a defender su gobierno bajo amenaza de golpe, sin que nada grave hubiera ocurrido nunca. A este punto, sin embargo, el propósito discursivo de un llamado a responder con la ‘revolución’ ante el golpe, parece cobrar más sentido si observamos cómo Petro ha estado impulsando en los últimos días una iniciativa de ‘Acuerdo Nacional’—un proyecto político que busca pactar con la oposición una serie de ‘mínimos’ para hacer factible una negociación parlamentaria que apruebe sus reformas. De hecho, Petro y el reformismo, en el último año, se han visto mucho más bloqueados, obstaculizados y aislados respecto a su—ya difícil—primer año de gobierno: están, hasta cierto punto, acorralados políticamente en las altas cortes constitucionales  y el congreso. Y solo este bloqueo parlamentario-constitucional ha sido suficiente para detener el proyecto del Pacto Histórico. Visto de otro modo, la investigación disciplinaria del CNE es una de las armas menos filosas que la—violenta—institucionalidad burguesa colombiana ha empuñado en contra del programa del ‘cambio’ reformista. Es importante observar, bajo esta lente, cómo el célebre caso de la ‘ñeñepolítica’, o de cómo dinero del narcotraficante y pujante empresario ganadero José ‘ñeñe’ Hernández terminó financiando la campaña del expresidente uribista Iván Duque para comprar votos, nunca fue investigado con el cuidado, atención y celeridad que el caso de Petro. 

Es evidente que existe una guerra declarada contra Petro y su programa. Sin embargo, es fundamental entender cómo ocurre dicha confrontación, y en qué medida no es una instancia más de una confrontación mucho más profunda y global: la del reformismo a secas frente a los aparatos del capital a secas. 

Crónica de una muerte anunciada

La presenta ola rosa progresista, como se ha venido advirtiendo, carece de la base material de la que gozó el anterior. Ya no nos encontramos en una época favorable para las economías exportadoras de materias primas, que permitió un rango de maniobra mucho más amplio para medidas ‘arriesgadas’ a ojos de la conciencia de clase burguesa imperante, como lo fueron el primer gobierno de Lula en Brasil o Evo Morales en Bolivia. Por el contrario, tanto Latinoamérica como el resto del mundo se halla en un período de crisis económica que se retroalimenta con la crisis climática, el reordenamiento geopolítico y el desarrollo de la nueva Guerra Fría. Aunque sea una época de cambios, el viento voraz de una nueva época arranca primero las raíces más superficiales. Los debilitados proyectos progresistas, ya no solo latinoamericanos, sino a nivel global, parecen ir colapsando uno a uno bajo el peso de una realidad que no pueden cambiar, y que parece, en su lugar, fortalecer a la extrema derecha. 

Lo veníamos advirtiendo: sin importar la actitud que tomara Petro, por más amenazas que hubiera de revuelta o revolución desde su partido y figura, por más ‘Acuerdos Nacionales’ que formulara, por más negociaciones y puestos que cediera a la oposición, nada iba a cambiar a su manera. Todo proyecto político de izquierdas puede fracasar—es cierto—, y sin embargo, parecía que el de Petro contenía, dentro de su discurso y aspiraciones, la semilla del fracaso. 

Pero no nos confundamos, si bien es cierto que los proyectos de la segunda marea rosa se enfrentan a obstáculos casi infranqueables—como mencionamos, minorías parlamentarias, intentos de lawfare, una pobre situación geopolítica, el avance de la extrema derecha a nivel electoral, etc—existe una decisión política que, de raíz, crea esos problemas. Dichas problemáticas, además de afectar a toda la izquierda en su conjunto, constituyen amenazas existenciales para aquellas izquierdas interesadas en, únicamente, enfrentarse al capital reformando tímidamente el Estado burgués. Y son existenciales no porque sean especialmente ‘opresivas’, sino porque hacer del Estado y su reforma el único objetivo de un proyecto político, encierra al movimiento dentro de un paradigma en el que la institucionalidad burguesa lleva la ventaja: la compleja superestructura burguesa no tiene al Estado como su única arma, y existen numerosas instituciones paraestatales o ‘privadas’ que juegan un papel fundamental a la hora de reproducir el orden establecido. El exterminio del partido de la Unión Patriótica hace 25 años, el asesinato sistemático de líderes sociales, la emergencia de docenas de sanginarias agrupaciones paramilitares, y el ‘gamonalismo’ clientelar de las regiones periféricas de Colombia no son ‘fallos’ del Estado: son elementos fundamentalmente entrelazados con los intereses de la burguesía nacional. Sin ellos, muy probablemente, viviríamos en el país al que aspiran los reformistas desde hace años:

Eso no impidió la consolidación de un régimen oligárquico que, aún con elecciones periódicas de por medio, libró una verdadera guerra contra el pueblo, signada por masacres, fusilamientos masivos y desapariciones (…) Sin embargo, aquel Estado moldeado por el pacto bipartidista de las clases dominantes, que tan estable resultó, continúa en pie y no permite que se cambie el rumbo ni se alteren los intereses que representa.’ 

Pablo Solana, en El (golpe de) Estado y la Revolución, expone la génesis del estado más actual de cosas: el Frente Nacional de los años setenta. La historia es larga—amerita, ella sola, toda una serie de artículos—pero hemos de resaltar lo fundamental: que no nos enfrentamos a la oligarquía burguesa sólo por reformar el Estado, sino por el conjunto de la sociedad y las instituciones que ella moldea—ésta, a su vez, atravesada irremediablemente por la más básicas de las divisiones: la de clase. 

Sin embargo, con tal de avanzar hacia discursos generalistas—discursos que ganen elecciones—Petro y su círculo llegó, incluso, a asegurar que su objetivo principal pasaba por ‘desarrollar el capitalismo en Colombia’.  Se olvida que el capitalismo ya está muy bien desarrollado en nuestro país. La dirección del Pacto Histórico no ve la semilla del cambio en el poder revolucionario de las masas trabajadoras, ve el potencial electoral que puede alcanzar, y los cálculos políticos que ésta está dispuesta a impulsar bajo la batuta oportunista. 

Los movimientos reformistas contemporáneos existen, hasta cierto punto, aparte, o por encima de los movimientos de masas que los llevaron al poder—y, en consecuencia, pueden ser derrotados con mayor facilidad. Petro actúa desde una posición contradictoria: ganó gracias a las masas agitadas del Paro Nacional, pero no puede llevar a cabo los cambios que la movilización obrera demandaba, ¡porque nunca le interesó hacerlos efectivos en ningún momento! Petro apenas buscaba mínimos qué negociar pacíficamente, en el ‘mercado’ de las ideas que es el espacio público del Estado liberal. Pero tal cosa no existe; y ahora Petro y su círculo se dan cuenta de que enfrentar al capital con reformas es como llevar un palo a una batalla con fusiles. 

Como socialistas debemos dar la lucha en todos los frentes. Los palos, aunque humildes, puede que sean nuestra única arma en algunos instantes de oscuridad y pobreza. Pero no hemos de conformarnos con luchar con palos para siempre. Las reformas, y los enfrentamientos parlamentarios pueden llegar a ser fructíferos, y a tener impactos considerables en la calidad de vida y en los intereses de la clase obrera; pero estas formas de lucha apenas han de ser uno de los tantos recursos de los que podríamos disponer si es que tenemos un mundo por ganar. La lucha socialista es revolucionaria porque busca poner de cabeza toda la institucionalidad burguesa, porque busca demolerla en su inherente violencia y opresión. No hay otra alternativa que una lucha combativa con perspectivas revolucionarias.