El miércoles 26 de octubre el cabildo de Saltillo aprobó la construcción de Ciudad Derramadero, un proyecto para construir una colonia laboral, gobernada por las empresas del sureste de Coahuila con todos sus servicios públicos privatizados en perjuicio de la población de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. 

Escrito por Freddy Fernández, Alternativa Socialista (ASI en México).

Desde hace mucho tiempo, el proyecto de Ciudad Derramadero ha sido concebido por las grandes fortunas industriales, inmobiliarias y prestadoras de servicios públicos. Estas empresas empezaron a marcar el ritmo de la ciudad sin la oposición de una alternativa política con un proyecto real en beneficio de los trabajadores.

Las consecuencias de dejar este tipo de proyectos en manos del empresariado ha sido la extensión de una mancha urbana de viviendas seriadas, de baja calidad y con escaso acceso a servicios públicos esenciales: espacios de recreación, transporte público, escuelas y hospitales. Prisiones, construidas de a miles, que apenas albergan al ejército de trabajadores que día a día salen a las grandes maquiladoras transnacionales como Chrysler Motors, Mabe, Freightliner, Daimler Truck, por salarios precarios y que nos alcanza cada vez para menos.

Una estafa ponzi

Este proyecto busca ante todo las exorbitantes ganancias que representará para sus constructores, sin un beneficio real para miles de trabajadores, disfrazado como la creación de viviendas y empleos para los trabajadores, y una fuente de recursos para la administración actual con la atracción de más maquiladoras transnacionales al estado.

Pero este supuesto beneficio es falso, en principio porque la mayoría de estas transnacionales solo se quedan en la región por los estímulos fiscales que les ofrece el estado. Es decir, porque no pagan impuestos; y por tanto al final todos los servicios e infraestructura de la ciudad no se financian de las aportaciones que hacen las grandes fortunas ni las grandes maquiladoras, si no que se extraen directamente de los impuestos que pagamos los mismos trabajadores. 

El mejor ejemplo de esto es el proceso de privatización del agua en la ciudad. Desde que se vendió CIMAS de Saltillo a Aguas de Barcelona; a cambio del 51% de las acciones de la filial mexicana; la multinacional privatizadora apenas ha extendido la red de abasto en un 11%. La gran mayoría de la infraestructura que actualmente opera la empresa se construyó y operó como un servicio público financiado por los mismos usuarios del servicio durante siglos.

Ciudad Derramadero es en realidad una manera de obligar a los trabajadores a pagar la casi totalidad del costo de los servicios públicos que deberían pagar las grandes fortunas. Una residencia de baja densidad, de 5 ocupantes y con un gran terreno de 1,000 m2 podrá aportar 2 veces más que un multifamiliar de clase trabajadora con 10 habitantes, pero cuando recordamos que esta vivienda multifamiliar aporta esto por los 10 metros de asfalto que la conecta a la ciudad, tanto como tuberías, electrificación, y su aporte proporcional a las escuelas, parques y hospitales a las que tiene acceso en contraste con los 40 metros de asfalto y demás servicios que proporcionalmente usan las residencias de ricos, terminamos de encontrar lo que Charles L. Marohn Jr. llama en su libro Strong Towns “la estafa ponzi del crecimiento urbano”. 

Este mapa, creado por Urban3 ilustra el valor de impuestos para cada propiedad en Lafayette. Las áreas verdes crean una ganancia neta y las en rojo son una pérdida neta. Cuanto más alta sea el bloque, más grande será la cantidad de ganancia/pérdida.

Ciudad Derramadero es una estafa, una estafa del crecimiento económico, es cargar a los trabajadores con el peso de los impuestos que deberían pagar los capitalistas enriquecidos por el robo del valor real de los productos de los trabajadores; engañarlos con empleos inciertos, con pocas o ninguna prestación social en aras del crecimiento económico, para enriquecer a los ricos; y timar a los trabajadores con viviendas hacinadas, inseguras y con pésimo acceso a servicios públicos. Ya que la clase capitalista a diferencia de los trabajadores, optan por conseguir los servicios de salud, educación, transporte o suplir sus deficiencias en el sector privado para el bien de sí mismos en lugar de contribuir a las arcas públicas a beneficio de todos, algo inadmisible y que desmiente la igualdad frente al estado.

¿Quiénes construyen ciudades? 

En el primer capítulo de La Economía de las Ciudades, Jane Jacobs desmiente el mito de que existe un progreso lineal entre pequeños asentamientos, pueblos y ciudades. Las ciudades siempre han existido como albergues del ejército industrial de reserva que requiere el sistema de producción capitalista. Pero si bien las ciudades crecen según la demanda de producción capitalista, dentro de las ciudades podemos encontrar espacios de dimensiones humanas que rompen la lógica capitalista entre barrios, colonias, sectores, etc. Es precisamente la ruptura de estos lo que conocemos como gentrificación. Estos espacios son las pruebas mismas de que si bien las ciudades sirven al capitalismo, difícilmente ese es el fin de la historia.

Todo espacio humano tiene la capacidad de crecer, pero cuando no se analiza la configuración de fuerzas e intereses económicos y políticos que empujan a este crecimiento volvemos a caer en estas estafas capitalistas que eventualmente llevan a la bancarrota a estos megaproyectos. Como ocurrió con el fracaso de la ciudad modelo Audi en Puebla que actualmente solo está ocupada al 30%.

La situación actual deja claro el pronóstico futuro para la región del sureste coahuilense con Ciudad Derramadero. Nuestra administración actual no ha podido dar abasto en siquiera financiar proyectos como el mantenimiento del Centro Histórico de Saltillo, y terminar los elefantes blancos que el estado colecciona como la Pirámide de Ramos Arizpe se aleja cada vez más. Esto no va a mejorar cuando también se tenga que financiar toda la infraestructura de la nueva Ciudad Derramadero a beneficio del sector privado. El servicio de transporte público se ha visto orillado a lo más mínimo de su operatividad por el transporte privado. Podría ser que por un momento estos presten el servicio de transporte público como lo hicieron cuando se movieron varias facultades de la UAdeC a Arteaga, pero este eventualmente desapareció, y la situación del transporte público empeorará cuando haya aún menos incentivos para financiar un transporte público digno. 

Coahuila es un desierto y nuestros mantos acuíferos ya están sobreexplotados, tener que abastecer a un 20% extra de población y a la industria manufacturera que llegará nos arrojará a una crisis de abasto y vulnerará a los pueblos ejidatarios que ya tienen que luchar por su acceso al vital líquido. Y nuestra crisis de gobernabilidad, de políticas autoritarias y falta de apertura democrática sólo empeorará a medida que los grandes caciques de la región incrementen sus fortunas a medida que la desigualdad económica en la región se profundice. Todas las victorias del bienestar laboral y apertura democrática de los trabajadores de la región se han conquistado mediante las grandes luchas de la región como la huelga del GIS en 1974 y la lucha por la autonomía universitaria de 1984, han sido enterradas por las nuevas administraciones priístas.

Y si bien esto es suficiente para exigir que se replanteen los términos en los que se debe dictar el crecimiento de la ciudad, la amenaza de tener una colonia industrial a manos del poder autoritario del sector privado; el peligro existencial para el sureste de Coahuila de qué se pretenda abastecer de agua a 200’000 personas y a otra nueva serie de grandes maquiladoras en la mitad del desierto a base del despojo de las comunidades ejidales; y el ecocidio de una de las regiones más biodiversas del desierto chihuahuense, hacen que la resistencia contra el proyecto de Ciudad Derramadero sea de la más alta urgencia. No podemos esperar a que la región sureste de Coahuila se encuentre al borde una catástrofe humana para darnos cuenta que cuando se crece desmedidamente sin tomar en cuenta los recursos y las necesidades con los que se cuentan se atenta contra la vida misma de los trabajadores.

La experiencia del Movimiento Estudiantil Coahuilense que montó una aguerrida resistencia contra el cobro de pasaje a estudiantes en el transporte público y el alza del precio de las inscripciones en la UAdeC, así como la derrota temporal de la resistencia contra el megaproyecto de Mitikah en la Ciudad de México, deja claro que las luchas de las comunidades originarias así como del proletariado urbano y el estudiantado pueden y deben enfrentarse a estas embestidas del capitalismo de manera organizada y con un programa amplio y popular. En Alternativa Socialista estamos convencidos de que es necesario vincular las luchas contra el Centro Industrial de Manejo de Residuos Industrial de General Cepeda, la de los ejidatarios de Jalpa contra la explotación de la cuenca hidrológica Saltillo sur y todas las comunidades aledañas se encuentren con la clase trabajadora y los estudiantes saltillenses y mexicanos para montar una resistencia contra la explotación capitalista en el sureste coahuilense. 

Extendemos un saludo a todas las luchas de resistencia de la región y reafirmamos nuestro compromiso de que nos encontraremos en las actividades de este arduo proceso. Antes de pensar en construir nuevas ciudades se tiene que asegurar la dignidad de las personas que ya habitan las ciudades y las comunidades. ¡Porque son los mismos trabajadores los que mejor conocen sus condiciones y necesidades, solo la clase trabajadora debe dictar el desarrollo de las ciudades!

¡No a Ciudad Derramadero!