Escrito por Christian Tello, Alternativa Socialista México.

Se cumplen dos meses del paro administrativo y académico que tuvo lugar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tras la muerte de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber. La comunidad universitaria, la mañana del 26 de febrero, se movilizo en todas las facultades del estado de Puebla y en cada una de sus instalaciones para la toma indefinida y la protesta contra la violencia. Los carteles, las velas y las pintas cubrían las entradas de salones.

¿Quién era capaz de imaginar un movimiento de esa magnitud? 

En muchos años de historia de la Benemérita no vislumbraba tal proeza. Existía incertidumbre y miedo. En la primera asamblea de la facultad la preguntas estaban en el aire: ¿Qué hacemos en un paro? ¿necesitábamos un manual? ¿activo, no activo, indefinido? Éramos en cierta manera novatos, inexperiencia en acción y esperanza en dirección. El movimiento ya estaba echado a andar, no existía retorno y la meta era frenar la gran maquina burocrática e injustificable del estado, romper la idea de militarizar las calles, aumentar el número de cámaras y recostear el gasto policial. Una especie de distopía al estilo Orwell que puede intercambiar la libertad por la seguridad, pero ese no era el caso.

En esos primeros días la Facultad de Medicina lideró el movimiento y conformo una asamblea con 52 representantes de las distintas unidades académicas para la redacción de un pliego petitorio que hiciera justicia a los compañeros asesinados y diera integridad física al movimiento. Las primeras semanas no solo logramos afianzar una asamblea general de estudiantes, creamos comitivas de relación para la comunicación Inter facultades, organizamos comedores, almacenes y cocinas comunitarias, hicimos programas culturales, murales y talleres académicos, recibimos el apoyo de trabajadores y amas de casa con víveres y cobijas. Por las noches las melodías de revolución se entonaban una tras otra bajo el cobijo de las estrellas y en las mañanas las asambleas enérgicas levantaban el verdadero orgullo de ser universitario. 

A finales de febrero la asamblea de representantes denominada “Asamblea 25-02” entabló dialogo con el gobierno del estado y rectoría para cumplir las exigencias del pliego donde se agruparon cuatro ejes principales: educación, programas y servicios, género e infraestructura y movilidad. Con las condiciones ya expuestas, el 5 de marzo, se concretó la marcha más grande en la historia reciente de Puebla. La protesta se entono en una movilización inter universitaria que dirigió sus consignas a la Casa de gobernación, los medios oficiales. La institución y el gobierno dieron por finalizado el movimiento en su supuesto resolutivo. Sin embargo, al movimiento no se le dicta su fin, el eco de sus portadores va más allá de la acción directa y reclama el cambio que no solo toca en lo superficial de botones de pánico y alarmas de contingencia.

¿Acaso fue lo único?

Esa es la historia oficial pero el paro no solo significó atacar el problema de inseguridad. Ya cumplidas las demandas de la Asamblea 25-02 con el gobierno del estado, la dirección del movimiento no podía terminar en acuerdos vagos e inconclusos. Así la comunidad estudiantil no solo define el problema de inseguridad como el deterioro de la acción publica del estado. La rectoría de la BUAP por su parte es déspota al silenciar que la violencia se vive dentro de sus instalaciones, para no manchar su imagen institucional se encubren las acusaciones hacia administrativos y profesores por demandas de acoso sexual y violencia de género. Las propias direcciones de cada facultad esconden la corrupción del gasto anual, las consejerías son impuestas y no delegadas, los alumnos son golpeados afuera del aula por porros mejor pagados que los propios académicos, las denuncias simplemente son desechadas por la burocracia e inconsistencia de la abogada general. ¿Cómo conseguir el triunfo del paro sin demandar lo propio? Eso abrió dos frentes de combate: por una parte el estatal y otro el institucional. Estábamos ahora sin el apoyo de rectoría para enfrentar las demandas internas.

Analizando la inconsistencia de los acuerdos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales fue el epicentro de la crítica y aplicación de estos. Entendiendo que la solución no se daría con el aumento del gasto de seguridad estatal, sino en la instrucción en temas de género, derechos humanos, rehabilitación de zonas marginales, concientización de la desigualdad, hacer efectivos los castigos a los denunciados y entablar la verdadera justicia del sistema judicial.

La lucha por temas de género se cristalizo en un movimiento propio de compañeras en defensa de sus derechos “Minervas en resistencia”. Los acuerdos para expulsar a los porros serán llevado a todas las instancias, a fin de responder contra la impunidad de la violencia y discriminación. Será la voz de la comunidad la que mantenga las consignas en alto, el derecho a vivir en paz.