El caso de Esmeralda: un ejemplo del machismo institucional 

Esmeralda, una adolescente de 14 años que fue violada y sufrió un aborto espontáneo. Pese a ello la Fiscalía General de Querétaro la acusa de homicidio, lo que causó indignación en las redes sociales. Por lo cuál la presidenta Claudia Sheinmbaum, en octubre pasado,  intervino en el proceso por medio de la recién creada Secretaría de Mujeres, a cargo de Citlalli Hernandez, logrando que la Fiscalía del estado desistiera de presentar cargos contra Esmeralda.  

Escrito por Rosa, Alternativa Socialista México.

El caso Esmeralda es, lamentablemente, uno de los tantos que se suman a la larga lista de atropellos que el sistema de justicia en México comete diariamente contra las mujeres y personas en situación vulnerable. Basta señalar que en 2021, según el INEGI, el 70.1% de mujeres mayores de 15 años dijo haber sufrido algún tipo de violencia. Proveniente de Huimilpan, la joven indígena fue abusada sexualmente por un familiar de 17 años. Producto de ello Esmeralda quedó embarazada, situación que desconocía hasta que el producto fue expulsado por causa de un aborto espontáneo. Posterior a ello, personal del hospital donde fue atendida denunció el hecho a las autoridades locales, puesto que en Querétaro aún persiste la penalización del aborto.

La anterior es la versión que tanto Esmeralda como la ONG Adax Digitales, quienes hicieron eco del caso, sostienen y que dista de la argumentada por las autoridades queretanas. La Fiscalia de Queretaro le acusaban de haber asfixiado y, por ende, provocado la muerte de un neonato bajo el cargo de homicidio calificado, evitando mencionar el caso de violación y la situación de vulnerabilidad bajo la cual vive la adolescente.

Si bien, la presidenta de México se pronunció al respecto e intervino de mano de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, en la resolución del caso y el señalamiento de las irregularidades, las feministas socialistas tenemos presente que fue gracias a la denuncia pública que el caso se difundió y llegará a Presidencia. De lo contrario, el sistema de “justicia” mexicano, al servicio del capital y la burguesía lo hubiera pasado por alto como tantos miles.

¿Cuál es la raíz de fondo en este caso? ¿Por qué el empeño de la fiscalía estatal en revictimizar y sentenciar a Esmeralda? No es una pregunta sencilla de responder, no obstante, una serie de factores como el racismo, el clasismo y el machismo ayudan a comprenderlo. Se trata nuevamente del resultado de lo que las feministas socialistas llamamos interseccionalidad, es decir la combinación de factores como raza, género y clase a las que nos enfrentamos las mujeres trabajadoras como parte de nuestra vivencia cotidiana bajo el capitalismo.

Es el sistema capitalista el que facilita los mecanismos del sistema patriarcal para ejercer control sobre los cuerpos, decisiones y vidas de las personas. A través de la reproducción de la desigualdad social y las limitaciones que implica vivir dentro de un Estado burgués, cuestiones tales como la falta de educación, acceso a la salud pública y las oportunidades para la toma de decisiones se ven coartadas para una numerosa mayoría en el país. Así mismo, el capitalismo y los intereses de una minoría se ven beneficiados por el sistema de dominación patriarcal dado que permite un control de la vida pública y privada, que da pie a fenómenos tales como, por ejemplo, la reproducción social del trabajo, la sexualidad y una fuerza laboral precarizada.

La mancuerna capitalismo-patriarcado ha construido un sistema de precariedad que solo ha sido posible mediante la explotación de las masas, pero también gracias al encubrimiento de la violencia sexista, a la discriminación racial y a la exclusión de los cuerpos no normativos. Sentenciando así al silencio todo aquello que amenace o visibilice las contradicciones entre el discurso profundamente conservador que le caracteriza y las realidades que atraviesan las mujeres de clase trabajadora. Es así que no resulta extraño el hostigamiento del que Adax Digitales ha hecho denuncia a lo largo del caso de la menor.

El feminismo socialista parte del planteamiento de que son, justamente, las diferentes realidades materiales de las mujeres que habitamos en el país las que determinan nuestro acceso a la salud, la educación, los servicios básicos, por supuesto a la justicia, y a una vida libre de violencia sexista. En todo ello se manifiestan los privilegios de clase, propios del sistema capitalista en el que vivimos, o mejor dicho, sobrevivimos. 

En México, según datos del CONEVAL, en el 2020 al menos 29.1 millones de mujeres vivían en la pobreza, un 44.4% de la población femenina, lo que según esta misma comisión significó un 2.5 millones de personas más, en comparación con la población masculina en estas condiciones (INMUJERES, 2021). Para 2024, la cifra pareció disminuir, pues según el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), en abril de este año al menos un 37% de las mexicanas continúan en la pobreza, un porcentaje que no deja de ser alarmante, pues esto representa que el 33% de ellas tiene rezago educativo, que un 91% no tiene seguridad social, el 88% no cuenta con una vivienda propia y, por último, el 36% vive con inseguridad alimentaria (IMCO, 2024).

Por otra parte, el acceso a la justicia y la resolución de casos de violación en el país tampoco brinda un panorama favorable. Menos del 2% de las denuncias por violencia sexual obtienen una sentencia (Animal Político, 2024). Ante esto, si bien hay que reconocer el aumento de las políticas públicas contra la violencia sexista que a impulsado la presidenta Sheinbaum con un conjunto de leyes para defender los derechos de las mujeres, esto sólo ha sido posible gracias a la movilización y sensibilización que miles de mujeres hemos llevado a cabo en la última década. La marea feminista, en ese sentido aún no ha terminado y por el contrario va dando resultados poco a poco. 

Si bien el gobierno de Sheinbaum es, en ese sentido, de un enorme apoyo para mejorar y defender los derechos de las mujeres. Lo cierto es que aún falta mucho por hacer, como ha mostrado precisamente la denuncia de la Fiscalía contra Esmeralda. Por no mencionar el papel jugado por los médicos que denunciaron el caso y la falta de legislación sobre el derecho al aborto en Queretaro. Parecería inconcebible que la Fiscalía del estado use el aparato jurídico públicamente para revictimizar y señalar a una menor, haciendo caso omiso a su contexto, a su corta edad, a la violencia que rodea la concepción del supuesto neonato, y de que además la joven tiene las pruebas del peritaje a su favor que señalan que el producto había perecido antes de ser abortado involuntariamente. Sino fuera porque Querétaro es un estado gobernado por el PAN, que anclados en el siglo XIX se niegan a otorgar derechos a las mujeres como el derecho al aborto. 

Como feministas socialistas es nuestro deber seguir luchando porque el sistema de justicia sea transparente y que vea por el bienestar de los sectores más vulnerados de la sociedad, que la impunidad no sea una cuestión de la cotidianidad, que la justicia llegue a todos, todas y todes, que no existan más casos de violencia encubiertos por los mecanismos gubernamentales. Y en ese sentido, es importante recordar que los derechos y conquistas de los que hoy gozamos son el resultado de la lucha de nuestra clase.